La avidez por los empleos públicos
La existencia y aún el éxito de un Estado –cualquiera sea su conformación o tendencia– están condicionados a que se cuente con una administración pública idónea, que se encargue responsablemente de los asuntos que conciernen a la sociedad. En efecto sus integrantes “vienen a ser el medio que enlaza el Gobierno con la ciudadanía”. Este ideal, sin embargo, siempre estuvo lejos de ser una realidad y, ahora, nuevamente aparece la exclusión radical en la Administración.
Las pugnas por cargos en la Administración Pública afloran con mayor fuerza en Bolivia cuando cambia un gobierno y asume una agrupación política que tiene, entre sus objetivos, el propósito de controlar políticamente a funcionarios y reemplazarlos con partidarios políticos. Entonces, aparece el exclusivismo y se desata la llamada “masacre blanca”.
Todo lo anterior ha venido sucediendo recientemente: funcionario que notoriamente no es masista, es despedido. Seguramente, para atender la demanda de “pegas”, se multiplicaron, como ya se dijo, los ministerios, los subsecretarios, los directores generales, etc. Y se logró así la enorme cantidad de empleados del Estado, aumentando la ineficiencia por la duplicación de funciones.
Con estos antecedentes de permisibilidad para destituir y nombrar a funcionarios, la demanda crece y hay hasta manifestaciones y pedidos airados. Quizá esto ha contribuido a una demasía: “El Movimiento Al Socialismo (MAS) revisará los currículums de los funcionarios públicos para evitar la presencia de “infiltrados” en instituciones del Estado. La decisión fue asumida en un último ampliado presidido por Evo Morales. Y una comisión se encargará de “evitar que personas infiltradas de oposición perjudiquen la consolidación del proceso de cambio y se evite generar una imagen negativa del actual Gobierno”.
Y alentada por la decisión adoptada por el “ampliado” presidido por el expresidente Evo Morales, la ejecutiva de las mujeres campesinas del MAS, Secundina Flores, exigió que los funcionarios públicos del anterior gobierno deben ser “barridos” (destituidos) de la administración pública por los colaboradores del presidente Luis Arce.
Todo muestra que estamos nuevamente con la perspectiva de una administración totalmente politizada y, sin duda, ineficiente. Bolivia está soportando una seria crisis por la baja de los precios internacionales de los productos tradicionales que exporta y por la grave pandemia del coronavirus.
El capricho o decisión política de gobernar solo para una parte o sector de la nación, sería lo último que sufriría el país, incluyendo, por supuesto, a las masas oficialistas. En las crisis, se requiere la acción y colaboración general. Al final, los resultados –malos o buenos– los sienten todos los ciudadanos.
