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La batalla por el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales se traslada a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Movimiento Al Socialismo (MAS) se abre a dialogar con los sectores en apronte contra la iniciativa, pero no hablan de modificaciones. Comunidad Ciudadana (CC) sugirió no tratar la norma en el Senado y trasladarla a un control constitucional. Creemos también la rechaza.

El senador Félix Ajpi, del MAS, afirmó que la norma, que ya fue aprobada en Diputados, está en la comisión de Constitución del Senado y señaló que el oficialismo está abierto para dialogar con los sectores que observan el proyecto. El legislador no mencionó si están abiertos a modificaciones.

“Los hermanos gremiales no tienen por qué asustarse. Aquel que vive honestamente no va a ser afectado. Esa es la esencia de la ley. Los que sí tienen que estar con miedo son las personas que están amasando fortunas producto de negocios ilegales, esos deben asustarse”, afirmó Ajpi.

El senador oficialista adelantó que, de no haber observaciones en la comisión legislativa, la norma podría ser tratada la siguiente semana. Sin embargo, todavía no hay fecha para la discusión de la iniciativa en la Cámara de Senadores.

Pedidos de la oposición

En Comunidad Ciudadana el panorama es diferente. La alianza que lidera Carlos Mesa sugirió que el proyecto de ley vaya a un control al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) antes de que sea abordada en el Senado.

“Este proyecto de ley, es uno más de los tantos que ya fueron presentados y promulgados por el gobierno del MAS que atenta contra los derechos fundamentales de los bolivianos. De acuerdo al artículo 111 del Código Procesal Constitucional, se remita el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para proceder con la correspondiente consulta sobre su constitucionalidad”, detalló la jefa de bancada de CC en el Senado, Corina Ferreira.

El 17 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley y lo remitió al Senado. Los diputados de CC identificaron siete “afecciones graves” a los derechos ciudadanos y constitucionales, entre los que están la subalternización de la Fiscalía General del Estado; atentados contra la libertad de prensa; otorgación de poderes sancionatorios a la UIF y a sujetos privados; politización de las actividades de investigación y juzgamiento; otorgación de supra poderes de investigación a los fiscales, sin intervención judicial oportuna y eficaz, entre otros.

Ayer, Ferreira afirmó que su bancada en el Senado realizó un estudio de la norma y se detectó además que esta norma “vulnera el artículo 25 de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la correspondencia, papeles privados y manifestaciones privadas en cualquier soporte”.

En Creemos el panorama es similar y sus legisladores piden no aprobar la iniciativa. El senador Henry Montero dijo que el 80% de la población boliviana mantiene una actividad económica informal. “Quien tenga actividad informal tendrá que demostrar documentalmente cómo creció su patrimonio porque la UIF tiene toda la potestad sin requerimiento fiscal de poder investigar”, dijo.

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