10 de julio de 2023, 4:00 AM
10 de julio de 2023, 4:00 AM


La semana pasada se presentaron los informes sobre el desempeño económico del país, de parte de la Fundación Milenio, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) y el Reporte de calificación de riesgo crediticio de Moody’s, parecían haberse alineado las voces de los “opinadores” que observan y valoran la situación económica del país de un modo que el administrador del Estado parece no querer verlo, lo que conlleva un riesgo aun mayor, pues no se trata ya de la magnitud de un eventual colapso, sino, de cuán preparados estamos para afrontarlo.

Veamos algunos aspectos puntuales del diagnóstico y las recomendaciones de los tres ilustres opinólogos institucionales mencionados. Desde la institucionalidad cruceña se aprecia una “crisis de balanza de pagos de resultados inciertos” donde la punta del iceberg es la inestabilidad del tipo de cambio y la escasez de divisas, producto de la declinación del sector hidrocarburos, el endeudamiento público interno y externo, el déficit fiscal provocado por el excesivo gasto público, el subsidio a los combustibles y el contrabando de ingreso y salida de mercancías, incluido combustibles y el oro.

La Cainco plantea cinco medidas de cosecha rápida: i) reactivar y ampliar la capacidad productiva y exportadora de los sectores agroindustrial, pecuario y forestal, ii) recuperación plena del turismo receptivo y una estrategia de captación de visitantes, iii) promover y potenciar las exportaciones digitales; iv) combatir de forma efectiva el contrabando; v) reactivación del sector minero e hidrocarburos con políticas claras de atracción de inversiones y cuidado del medioambiente.

En el análisis de la Fundación Milenio, el principal problema está en la “fragilidad de la posición externa”, que se refleja en la escasez de divisas, el financiamiento del déficit con crédito del BCB que agudizó la merma de las reservas internacionales netas, la desconfianza en la conducción de la economía y el aumento de las expectativas negativas de la población sobre el futuro económico; la crisis del sector hidrocarburos como generador de divisas y la incertidumbre sobre los resultados reales de la aplicación de la Ley del Oro.

Según Milenio, la economía boliviana está signada por su debilidad y estancamiento, habiendo crecido el PIB real en 0,2% en los últimos tres años y con una perspectiva de crecimiento del 2% para 2023, hace que seamos el país de menor recuperación de la región.

El golpe fatal sobre el estado de la economía lo dio la calificadora estadounidense Moody’s, que colocó al país en riesgo crediticio alto para la emisión de bonos en moneda nacional y extranjera siendo la nueva calificación “Caa1” con perspectiva negativa. Las variables negativas principalmente observadas por la calificadora son: i) una débil posición de liquidez externa; ii) un deterioro constante de la posición fiscal (déficit) que no tiene visos de reversión; iii) una débil efectividad de la política de gobernanza del país. Esta calificación se sumó a la de Fitch Ratings que había bajado la calificación al país a categoría de riesgo a B- como emisor de deuda de largo plazo.

La reacción de los voceros del Gobierno en materia económica, fue indicar que la situación es coyuntural y está en perspectiva de revertirse, y que las medidas propuestas por la Cainco son solo de corto plazo.

Además, indicaron que las calificaciones de riesgo crediticio del país obedecen a las nuevas inversiones chinas y rusas en Bolivia para la explotación del litio en los salares de Uyuni y Pasto Grande. Esto refleja, sin duda, una escasa visión autocrítica sobre los resultados de la actual política económica y sobre todo denota el menosprecio a la propuesta del sector productivo que aún sustenta gran parte de la producción del país.

Cabe aclarar que por simple lógica no es posible llegar al lugar que se quiere, si no se da el primer paso en la dirección correcta, por tanto, si no resolvemos de forma urgente los problemas del corto plazo, el largo plazo podría no existir, o sería tan calamitoso que es mejor no llegar. En materia de política económica hay instrumentos que persiguen objetivos de corto plazo relacionados con la estabilidad macroeconómica, tales como la política fiscal, comercial, financiera, cambiaria, todas ellas tienen como objetivo equilibrar la balanza comercial, la balanza de pagos y el flujo monetario, así como garantizar el funcionamiento del Estado a través de la recaudación fiscal y gasto público.

Es innegable que la estabilidad económica en el corto plazo se ve amenazada por múltiples factores que no están logrando revertirse con las medidas adoptadas y por tanto debe ser lo primero que debemos atacar de forma consensuada y concertada, como lo plantea el sector privado. 

No es posible salir de la actual crisis sin sincerar la economía, no podemos seguir blanqueando como “exportaciones de oro nacional” lo que ingresa de contrabando de Perú y Brasil, ni seguir subsidiando combustible a vehículos chutos y robados, tampoco podemos seguir manteniendo empresas públicas deficitarias, o fomentando el asalto de los corruptos a empresas y organismos del Estado, o permitiendo la evasión y elusión fiscal de los regímenes tributarios de excepción. Revertir esta situación, es el primer paso.

En el mediano y largo plazo, como dice un viejo slogan del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), todos los bolivianos queremos una “Bolivia digna, productiva, exportadora, soberana y amigable con el medioambiente”.

Tags