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Bolivia tiene 22 reservas naturales protegidas por el Estado, pero seis de ellas “fueron afectadas” por cultivos ilegales de coca, según el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) que se presentó esta semana en La Paz.

El reporte, que incluyó un registro histórico de los últimos 10 años, muestra en ese marco la expansión de cocales en el departamento de Santa Cruz, cuyo crecimiento es del 56% entre 2019 y 2020. Esta tendencia, según la agencia antidroga de la ONU, también afecta al parque nacional Amboró, donde está la reserva de Choré, que reportó un crecimiento de 118% en las dos últimas mediciones que hizo la ONU a través de fotografías captadas por satélite y drones que llegaron a zonas casi inaccesibles.

En 2019, se detectó en el Ámboró 40 hectáreas de cocales y esa cifra se disparó a 87 en 2020. Este crecimiento muestra una duplicación del cultivo, así como una tendencia ascendente. El parque está en la provincia Ichilo de Santa Cruz y tiene 636.000 hectáreas.

El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, señaló que se han hecho varios sobrevuelos por esa región para apoyar las tareas de detección de coca ilegal. “Hay un aumento de plantaciones por el sector de Yapacaní y en el reservorio Choré. En los sobrevuelos realizados hemos podido identificar más de 200 hectáreas que están en zonas ilegales”, afirmó Mamani, quien adelantó que ahora se intensificarán las tareas de erradicación, especialmente en parques y reservas naturales.

El biólogo Huáscar Azurduy señaló que cualquier producto que se vaya a sembrar en una reserva natural trae consigo la deforestación. “En el caso concreto del Amboró, en ese parque está el futuro del agua para toda esta región. Su masa boscosa regula la humedad de Santa Cruz de la Sierra y del norte integrado. Si, con el tiempo se hace una afectación severa, estamos poniendo en riesgo el agua, independientemente de la rica flora y fauna icónica como el oso jucumari que allí existe”, afirmó el especialista a EL DEBER.

Explicó que, gracias a la presencia de este parque nacional, en los períodos secos del año se mantiene la humedad con lluvias esporádicas de invierno. “Cualquier factor vinculado con la deforestación progresiva producto de la coca o de otra actividad, afectará el funcionamiento hidrológico de este sistema”, remarcó el científico.

No juguemos con el futuro del agua de la región y eso implica asumir decisiones ahora”, advirtió el especialista sobre esta realidad.

Thierry Rostan, el representante de la oficina antidroga de la ONU, explicó que en las recomendaciones de este año se planteó al Gobierno la aplicación de medidas para “impedir sistemáticamente la proliferación de cultivos de coca en los parques nacionales y áreas protegidas con la erradicación”. Además, el representante resaltó que “es urgente que el Gobierno pueda tomar cartas en el asunto para revertir los daños a través de la reforestación”.

Las otras reservas naturales afectadas por los cultivos de coca están en los departamentos de Cochabamba y La Paz. En el caso de la primera región está el Isiboro Sécure que presenta una leve reducción del -4%, le sigue el parque Carrasco donde existe un incremento del 87% de cocales. En el departamento de La Paz, el parque Madidi registra una reducción del -3%, mientras que el Cotapata se incrementan los plantíos un 17% y en Apolobamba el 3%.

En la parte sur del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el reporte señala que en el Polígono 7 tiene 1.373 hectáreas de coca (26%), mientras que “en el área comprendida entre el límite del Parque Nacional Carrasco hasta la Línea Roja se evidenció 942 hectáreas, un 25% más que el registrado en 2019.

Balances

En general, los cultivos de coca “están en franca expansión”, afirmó Rostan. Señaló que si esta tendencia se mantiene, deberá cambiar la clasificación de las zonas cocaleras para hacer un análisis departamento por departamento, puesto que se “ha llegado a un punto donde no se puede delimitar las regiones de producción”.

De hecho, entre 2019 y 2020, el incremento de plantaciones fue del 15%, pero con las 29.400 hectáreas reportadas oficialmente el martes se supera, una vez más, el límite legal que en 2017 fijó la Ley 906. Este indicador preocupó especialmente a la Unión Europea (UE) que aportó $us 72 millones a la lucha antidroga de Bolivia.

En este escenario, las plantaciones de coca en Santa Cruz llegaron en 2018 a las 101 hectáreas, un año después esos cultivos subieron a 291. En 2020, las plantaciones se dispararon hasta las 455 hectáreas, lo que representa un incremento del 56% en el último tramo medido por la Unodc.

Si bien la densidad de estos cultivos es la menor, comparada con la región del trópico de Cochabamba donde se reportó la existencia de 4.649 hectáreas o Yungas donde existen más de 18.000 hectáreas, el crecimiento de estos cultivos es sostenido, según datos del informe de monitoreo.

“En la provincia de Ichilo del departamento de Santa Cruz, la concentración de los cultivos de coca se distribuye en la parte norte del municipio de Buena Vista, en el sur del municipio San Carlos y en la parte central y sur del municipio de Yapacaní”, señala el informe presentado el martes.

En Yapacaní, los cultivos de coca crecieron el 51%. En 2019 había allí 275 hectáreas y para 2020, la extensión llegó a 414. En Buena Vista, que colinda con el Amboró, la coca estaba sembrada en 19 hectáreas, lo que representa un incremento del 111%. En San Carlos existen 22 hectáreas, lo que representa una expansión del 214%, según el reporte.

La erradicación de estos cultivos sembrados en zonas no autorizadas tropieza con tensiones sociales. A finales de julio, la federación de las Comunidades Interculturales de Yapacaní pidió seguir con la producción de coca mientras los proyectos de desarrollo alternativo surtan efecto.

“No hemos tenido respuesta a los pedidos de las centrales de la zona Amboró; por lo tanto, estamos pidiendo que la fuerza de tarea conjunta se retire inmediatamente mientras se pueda avanzar en los proyectos productivos”, dijo entonces el secretario general de los interculturales, Juan Cáceres.

De acuerdo con Mamani, las tareas de erradicación continúan en esa zona del país sobre la base del diálogo con los sectores y “siguiendo los parámetros de respeto a los derechos humanos” que tiene el modelo boliviano.

El informe de la coca, presentado por la ONU también señala que Santa Cruz “continúa siendo el departamento donde se comercializa la mayor cantidad de hoja de coca con 7.748 toneladas que representa el 40%, siguen Tarija y Cochabamba con el 14% y 12%, respectivamente, Potosí con el 11% y Oruro con el 10% del total nacional comercializado.

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