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La coca legal movilizó $us 1.630 millones entre 2015 y 2019, de acuerdo con informes anuales publicados por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudc), la entidad que presentará en junio el reporte correspondiente a 2020.

Entre 2015, cuando el valor de producción de la coca generó $us 273 millones, hasta 2019, con un registro que trepó a los $us 432 millones. El incremento se tradujo en un 63% en favor de este negocio debido, especialmente, al incremento del precio del producto.

Para medir este valor, la ONU, además del precio, contempla los costos en la cadena que se inicia en la cosecha para pasar por el secado de las hojas antes de que éstas lleguen a los mercados legales.

A esto se suma el dato de las 114.175 toneladas de la hoja, tanto en Villa Fátima como en Sacaba, los dos mercados habilitados para este fin, según señalan los reportes de la agencia antidrogas de la ONU que fueron revisados por EL DEBER para esta edición.

Además, la cantidad de cultivos de coca alcanzó un promedio anual de 23.280 hectáreas, justamente en el lustro de referencia. Se trata de un indicador que está por encima de las 22.000 hectáreas que permite la Ley General de la Coca, vigente desde 2017.

Impasse

En 2020, Therry Rostan, el representante de la Onudc en Bolivia, cuestionó la cifra de las 22.000 hectáreas de coca que fija la normativa que reemplazó a la Ley 1008, pues la consideró “inflada”. A diez meses de esas declaraciones, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reprochó al diplomático en un acto público.

“Espero que las declaraciones publicadas en la gestión 2020 del señor Rostan, cuando dice que debe revisarse la ley de la hoja de coca porque tiene datos inflados, sea un caso aislado, porque no podemos permitir, como Gobierno democráticamente electo, como un Gobierno soberano que le interesa el bienestar del pueblo boliviano y de la comunidad internacional, que reciba ningún tipo de injerencia y mucho menos de cómo encaramos la lucha contra narcotráfico y con estos resultados tan exitosos”, manifestó el ministro Eduardo del Castillo, en un acto desarrollado el 13 de mayo, cuando la agencia antidroga de la ONU presentó el informe de la destrucción de droga confiscada.

Del Castillo defendió la estrategia boliviana de lucha contra el narcotráfico y dijo que recibió elogios de la propia Unodc cuando fue aplicada con el apoyo de la comunidad internacional.

En los últimos 14 años la Unión Europea, principal financiador de los trabajos de la Unodc, entregó 119 millones de euros en la lucha contra las drogas en Bolivia, 69 de ellos otorgados en los últimos siete años, señala un reporte del organismo multilateral.

El Gobierno boliviano demandó la responsabilidad compartida en la lucha contra este flagelo de toda la comunidad internacional.

En una entrevista que en julio de 2020 concedió a la red Erbol, Rostan señaló que un 40% de la superficie de coca que hay en el país es excedentaria, es decir por encima del límite legal existente.

La Unión Europea (UE) financió en 2013 un estudio para establecer la cantidad de cocales que se requieren para satisfacer la demanda legal interna, sea para uso ritual o medicinal, y estableció un indicador máximo de 14.700 hectáreas para ese mercado. Al final del trámite, el MAS dejó en 22.000 el límite máximo permitido.

“Hay que reactualizar absolutamente este estudio. Estamos conversando justamente con las autoridades, con el Gobierno de Bolivia, con la Unión Europea para reactualizar de forma neutral, imparcial, independiente y con mucho rigor este estudio”, afirmó el representante, pero en tiempos del gobierno de Jeanine Áñez.

Tras el reproche expresado por Del Castillo, Rostan aseguró que la entidad a la que representa respeta el ordenamiento jurídico del país. “Tendremos el mayor cuidado en nuestros comentarios. Nosotros respetamos el gobierno de Bolivia, respetamos sus leyes y estamos acá solamente para apoyar”, sostuvo el representante.

En todo caso, las plantaciones superaron las 32.000 hectáreas en 2020, según anticipó, a inicios de abril, el propio presidente Luis Arce cuando inauguró los trabajos de erradicación de coca excedente. El indicador prevé una expansión del 45% arbusto, respecto a las 22.000 hectáreas que son legales, una cifra cercana al porcentaje que anticipó Rostan en 2020.

Los informes de la ONU se realizan sobre la base de datos proporcionados por el Gobierno y una observación satelital, pero “no pueden ser considerados independientes”, afirmó a EL DEBER Franklin Alcaraz, especialista en asuntos de seguridad y prevención de drogodependencias.

Alcaraz dirigió el Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), una entidad que realizó estudios sobre el impacto del narcotráfico en el país, así como el consumo de estupefacientes. Sobre la base de esas investigación explicó que el primer estudio sobre consumo legal de la coca en Bolivia fue ejecutado en 1949 por la ONU, justo cuando esta entidad comenzaba a dar sus primeros pasos institucionales.

“En ese entonces, encontraron que el 33% de la población boliviana consumía coca; eran tiempos donde no había la ilegalidad del narcotráfico”, remarcó el investigador y apuntó que a lo largo de los años se estableció que en lugar de crecer, la demanda legal interna de la coca fue decayendo.

Posteriormente, a finales de los años 70, los investigadores Mauricio Mamani y William Carter establecieron, tras otra investigación que el 18% de la población consumía las hojas de coca. Fue entonces, señaló Alcaraz, que se calculó en 5.500 la cantidad de hectáreas para el consumo legal.

A inicios del Siglo XXI, el Celin presentó otro estudio que reportó que el 14% de la población consumía habitualmente la coca y “cuando llegó el MAS al poder, en 2006, se requerían 8.000 hectáreas para el consumo. “Después de 2010, estos cálculos tuvieron una subida artificial, porque actualmente estamos en 6.000 hectáreas para cubrir la demanda”, dijo.

Según el experto, el 11,2% de la población declaró ser consumidor habitual de coca en el estudio que hizo el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el apoyo financiero de la Unión Europea. “Las cifras del consumo legal de la coca son artificiales por las motivaciones políticas”, apostilló.

De acuerdo con los informes que procesó la agencia antidroga de la ONU, el movimiento de la coca legal básicamente se centraliza en el mercado de Villa Fátima, en La Paz, que concentra el 92% de las transacciones, quedando el resto para Sacaba, donde se comercializa la coca cultivada en el trópico de Cochabamba, el bastión del MAS.

“Si revisaríamos algunos ingresos sobre nuestra venta de coca en Sacaba, solo hablando de nosotros, pillarían al detalle cuánto y cómo aporta el productor de la hoja de coca, en este caso el productor del trópico de Cochabamba”, afirmó el senador Leonardo Loza (MAS) a los periodistas cuando se le consultó sobre el pago de impuestos que debe hacer su sector.

El presidente del Senado y dirigente cocalro, Andrónico Rodríguez, precisó luego que los aportes se hacen a través de la Dirección General de la Coca, una entidad del Ministerio de Desarrollo Rural que controla la comercialización del producto para que no sea desviado.

Siempre sobre la base del análisis de los informes de la ONU, entre 2015 y 2019, se reportó que 1.740 toneladas de coca fueron confiscadas tras haber sido desviadas para fines ilícitos, pues este vegetal es materia primera para la fabricación de la cocaína.

Durante los conflictos que protagonizaron cocaleros de Yungas en La Paz, en su disputa por el control del mercado de la coca, entre un grupo afín al MAS y otro opositor, Rostan exteriorizó su preocupación por el desarrollo de esas tensiones, pero esa vez optó por ahondar en comentarios.

“El tema de la comercialización es muy importante. Es la hoja de coca y el acceso a los mercados y estamos siguiendo con mucha preocupación estos conflictos”, afirmó Rostan, tras la inauguración de erradicación de cocales y cuando se anunció que el informe de la coca será presentado en junio.

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