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La detención del exministro Arturo Murillo impactó especialmente en el escenario político del país. Desde el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) terminaron por cuestionar los resultados de la gestión del fiscal general, Juan Lanchipa, mientras que opositores se declaran traicionados por la actitud de quien fue el más influyente ministro en el gobierno de Jeanine Áñez. Eso sí, la condena es total.

“Murillo traicionó al pueblo movilizado por la democracia. Traicionó la causa que alentaron millones de bolivianos por un país con libertad y justicia, sin abusos de poder. Debe ser investigado y sancionado de acuerdo con sus responsabilidades en este caso”, declaró a EL DEBER el empresario y líder de Unidad Nacional (UE), Samuel Doria Medina.

Ese mismo sentimiento fue expresado por varios parlamentarios opositores como el caso del diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga. “Este hecho nos ha causado mucha indignación, nosotros creemos que cualquier persona que le haga un daño económico y democrático al país; sin duda debe ser juzgado y en ese sentido exigimos que haya una investigación a todas las personas que fueron parte del sobreprecio en los gases”, manifestó el legislador.

La excanciller Karen Longaric se expresó desde su cuenta en Twitter. Se declaró “indignada y apenada por los hechos de corrupción que se dieron en el gobierno transitorio, que traicionan la gesta heroica de los 21 días”. “Teníamos la obligación de trabajar con transparencia, honestidad y eficiencia en pos de una nueva Bolivia”, escribió la exautoridad.

Longaric fue una de las autoridades de alto rango que permaneció al lado de Áñez los 11 meses y 25 días que duró su gobierno.

Desde todos los frentes cuestionaron a Murillo, pero también al fiscal Lanchipa, quien salió el jueves para recordar que ya existía un pedido de extradición contra la exautoridad, ahora detenida en Estados Unidos, desde enero. Sin embargo, el canciller Rogelio Mayta aseguró que no llegó esa petición que debe tramitarse en los términos de un tratado firmado en 1995 que establece que el canal para la transmisión de un exhorto suplicatorio para fines de extradición debe ser por la vía diplomática, es decir entre la Cancillería boliviana y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Ante este escenario, el diputado Daniel Rojas (MAS) cuestionó la falta de resultados en las investigaciones, siendo que la denuncia contra Murillo fue planteada en 2020. “No hemos visto ningún avance y es triste”, remarcó.

El diputado Rolando Cuellar, también del MAS, anunció la petición de un informe sobre las acciones que desarrolló el Ministerio Público desde que se presentó la demanda. “El fiscal no es nuevo; él ya tiene tres años en el cargo”, reclamó el legislador.

El presidente Luis Arce se reunió entre el viernes y ayer con la bancada del MAS para definir la estrategia política de la actual gestión de gobierno y en ese escenario se trató el caso Murillo.

Murillo es acusado de lavado de dinero en Estados Unidos junto a empresarios y un allegado suyo. Hay evidencias de que recibió $us 600.000 en sobornos.



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