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24 de agosto de 2022, 4:00 AM
24 de agosto de 2022, 4:00 AM

Por Ronald Nostas Ardaya, industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Los efectos devastadores de la pandemia de 2020, y la incertidumbre por la guerra, generaron un estado de crisis en varios sectores, algunos de los cuales no han logrado recuperarse y se enfrentan a una situación de alto riesgo que compromete su sostenibilidad. Uno de estos sectores son los medios de comunicación privados, entre los que se encuentran canales de televisión, radioemisoras y periódicos, que, en el caso de Bolivia, ya sufrían una disminución importante de ingresos desde 2015, por la desaceleración del crecimiento.

El menor dinamismo de la economía formal y el temor a un proceso inflacionario como el que castiga a los países vecinos, disminuyeron la demanda de publicidad por parte de los anunciantes y generaron una fuerte crisis de liquidez en los medios, que se sumó a la competencia con las redes sociales que, además de convertirse en espacios de promoción y marketing barato, asumieron el papel de productores y difusores de información, entretenimiento y opinión, funciones que por más de una centuria eran privativos de los medios.

La crisis tuvo un efecto inmediato sobre las fuentes laborales, las inversiones y la modernización tecnológica en las empresas mediáticas, y paralelamente, trajo consigo un problema de graves consecuencias para la sociedad: la afectación directa al periodismo, uno de los pilares más importantes de la democracia.

En efecto, un medio que carece de recursos para sostenerse como empresa, no podrá costear los gastos que demanda contar con una plantilla suficiente de profesionales de prensa dedicados a la investigación, el seguimiento y la cobertura de los hechos noticiosos, pero tampoco podrá invertir en nuevos recursos tecnológicos y logísticos, como los que requiere la dinámica informativa actual.

Frente a esto, las instituciones del Estado -cuyo gasto en publicidad es mayor al del sector privado-, en lugar de aplicar una política de distribución amplia entre los canales, radios y periódicos nacionales y departamentales, optaron por hacer un uso político y discriminatorio de la pauta publicitaria, concentrando la inversión y beneficiando incluso a medios estatales de poco alcance e incidencia, por encima de los privados que logran mayor rating.

No es la primera vez que desde el Gobierno se afecta a las empresas mediáticas. Por muchos años, y de manera arbitraria, se obligó a los medios privados a difundir publicidad gratuita en espacios preferenciales, sobre diversos temas sociales, pese a que las entidades gubernamentales disponían de grandes recursos para realizar campañas de promoción de su gestión, que poco aportaban a la sociedad. Otro mecanismo de presión, es la sobrefiscalización desde el Estado, a través de funcionarios de impuestos, trabajo y de regulación sectorial.

Precisamente, la distribución de los recursos de publicidad estatal y las denuncias de presiones económicas y políticas contra Los Tiempos, uno de los periódicos más importantes del país, han colocado nuevamente en el escenario público la situación de precariedad de los medios privados y su vulnerabilidad frente al acoso gubernamental. Al respecto, la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba alertó que “los hechos denunciados por la Editorial Canelas, se han convertido en una estrategia de asfixia económica, que se evidencia en la desproporcionada fiscalización que reciben solo algunas empresas, y se extiende a diversos sectores productivos que no dan a conocer los atropellos por el temor a represalias”.

Al reclamar contra las imposiciones y desequilibrios, los medios privados no pretenden solidaridad ni favoritismo, sino que demandan seguridad jurídica para sostener sus actividades, y equidad en la inversión publicitaria del Gobierno, sostenido por recursos provenientes del erario público, que debieran ser distribuidos según criterios técnicos y no políticos.

La presión sobre los medios privados afecta a la libertad de prensa, la pluralidad y la independencia, requisitos fundamentales para el ejercicio de un periodismo libre y sin ataduras, y condiciones imprescindibles para garantizar los derechos ciudadanos a la información y la libre expresión, sin las cuales la democracia pierde su cualidad más importante.

La asfixia de los medios privados, además de la pérdida de fuentes de trabajo y el aumento de la informalidad, trae consigo una serie de secuelas más graves, como el debilitamiento del periodismo, el reemplazo de la noticia por las fake news, la manipulación de la verdad, la uniformización ideológica y la construcción de sociedades desinformadas y sin capacidad crítica ni analítica. De esa dimensión es el problema.

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