La crisis institucional toca fondo
Bolivia está sumida en una profunda crisis de institucionalidad que socava los fundamentos de su democracia. Desde hace un par de décadas, las instituciones democráticas, como el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, han experimentado un debilitamiento gradual, marcado por la pérdida de independencia, niveles alarmantes de corrupción, manipulaciones electorales y otros factores desestabilizadores. Ahora, la polarización extrema, la desconfianza ciudadana y los conflictos sociales han agravado esta crisis, hasta alcanzar matices inéditos en la era democrática.
La gota que colmó el vaso parece ser la inconstitucional prórroga de mandato de los magistrados de las altas cortes del sistema judicial y la incapacidad de la Asamblea Legislativa para consensuar la viabilidad de las elecciones judiciales en el momento adecuado. Sin embargo, las causas subyacentes se extienden a todas las instituciones estatales.
En una entrevista, el exministro de Justicia, Carlos Goitia, resaltó que el MAS ha influido en el Poder Judicial desde que contaba con más de dos tercios en la Asamblea. Según él, este antecedente genera dudas sobre la posibilidad de resolver el actual vacío de poder mediante el mismo sistema electoral que considera mal concebido. Propone una reforma constitucional como una vía más eficiente, que tomaría menos tiempo en la búsqueda de consensos políticos y evitaría los costos de unas elecciones desacreditadas.
Dentro de esta crisis institucional, Goitia señala que las principales reparticiones estatales, como YPFB, el Banco Central de Bolivia, la Aduana Nacional, Impuestos Internos y la Contraloría, vienen siendo dirigidas por titulares interinos desde hace años. Esto genera desconfianza en la población respecto a cómo abordan problemas cruciales como la falta de combustible, la escasez de dólares y el contrabando.
La situación de debilidad institucional se agrava en un contexto marcado por intensas tensiones políticas, ideológicas y sociales. Rubén Darío Cuéllar, ex prefecto de Santa Cruz, advierte que los conflictos actuales están erosionando los últimos vestigios del estado de derecho. Para este analista, las últimas actuaciones del Poder Judicial en realidad han sido golpes judiciales, comparables con los golpes militares de los años 70. Percibe una grave vulneración en la independencia de los poderes y acusa a los magistrados de subvertir el orden constitucional al prorrogar sus funciones sin fecha de finalización.
La corrupción también ha contribuido a debilitar las instituciones democráticas. Bolivia ahora se ubica entre los tres países más corruptos de Latinoamérica según el informe de Transparencia Internacional. Los más lamentable es que la tendencia es negativa, o sea, el fenómeno ha ido empeorando en la última década.
Revertir una crisis institucional tan pronunciada no es tarea fácil, especialmente en una coyuntura polarizada. No obstante, como primer paso, es imperativo restituir el orden en el país suspendiendo bloqueos y otras medidas de presión violentas. Aunque la recuperación de la eficiencia institucional llevará tiempo, los poderes del Estado deben sentar las bases para llevar adelante procesos democráticos libres de manipulaciones partidarias.
La población, cansada de líderes políticos y funcionarios que no rinden cuentas ni asumen responsabilidades legales por corrupción y abuso de poder, demanda la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones y la restauración de principios democráticos y derechos fundamentales. Si no se actúa, las bases de la democracia y la gobernabilidad continuarán erosionándose, con graves perjuicios para el pueblo boliviano.
