28 de marzo de 2022, 4:00 AM
28 de marzo de 2022, 4:00 AM

La semana pasada fuimos convocados por la Cámara Nacional de Industrias a la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva, a la que asistieron más de 500 personas que representaron cerca de 100 asociaciones de productores, 20 Cámaras de los sectores industrial, comercio, servicios, agropecuario, minería, energía, etc. Por parte del gobierno asistió el Ministro de Justicia Iván Lima y el Viceministro de Lucha contra el Contrabando, y por parte del Municipio paceño, nos honró la presencia del Alcalde Iván Arias, demostrando la importancia del desarrollo económico en su gestión edil.

Uno de los temas más recurrentes analizados en las mesas de trabajo y la plenaria fue el del contrabando, cuyos efectos nocivos hacen mella en todos los sectores formales de la economía, no solo por el desplazamiento de la oferta nacional que repercute en pérdida de empleos, sino, porque en muchos casos ha provocado el cierre de pequeñas y medianas empresas, como lo expresaba el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype). Otro de los sectores afectados por el ingreso ilegal de mercancías es el agropecuario, debido al contrabando de alimentos básicos y procesados que van desde la papa hasta los alimentos en conservas, muchos de los cuales tienen origen transgénico, como el caso del maíz, trigo y harina que ingresan desde Argentina y Brasil a precios irrisorios producto de las devaluaciones en estos países, pagados con un dólar subvaluado en Bolivia.

Respecto al contrabando, se concluyó que la interdicción por sí sola no resolverá el problema, se requiere de un plan estratégico de varios frentes. El primero de ellos es la facilitación del comercio formal, la eliminación de las restricciones a la importación y los altos aranceles a los bienes no producidos como el caso de los vehículos considerados bienes de capital o los insumos industriales y agropecuarios; implementar acuerdos de cooperación aduana-aduana y aduana-empresa para controlar el ingreso de mercancía desde los puertos y zonas francas extranjeras desde donde se expide el contrabando hacia Bolivia; se debe endurecer la normativa aduanera respecto a la cuantía para la tipificación del contrabando como delito penal, bajando de 200.000 UFV al menos a 50.000 UFV el monto de los tributos omitidos, tomando la previsión de demarcar claramente la línea entre una omisión normativa y la intencionalidad o dolo en la defraudación al fisco.

Otro de los importantes temas abordados que marcó la Cumbre fue el de la política laboral, el empleo y el salario. Claramente todos los sectores productivos marcaron como el talón de Aquiles de la reactivación una política laboral obsoleta con una Ley General del Trabajo de 1942, que lejos de proteger al trabajador promueve la informalidad en su contratación y más bien atenta contra el empleo formal, siendo el resultado que más del 80% del empleo en Bolivia lo absorbe la economía clandestina o el trabajo por cuenta propia, es decir un empleo sin seguridad social y sin ningún tipo de previsión. Respecto al salario mínimo que representa 300 $us por mes aplicable solo al 20% de la población laboral dentro de la economía formal, donde el 70% es absorbida por el sector privado, contrasta con los menos de 1,9 $us diarios con los que vive cerca del 12% de la población en extrema pobreza y los 5 $us diarios con los que vive poco más del 36% de la población en pobreza moderada. El problema que se plantea es como generamos más riqueza y menos pobreza, la respuesta es seguridad para invertir y producir, fomentando formalidad y facilitando comercio.

Para agregar ingredientes a la receta económica analizada y discutida en la Cumbre, si se la podría llamar como tal, las políticas fiscal y tributaria, fueron de las que más ácidas críticas recibieron. En el primer caso, se trata de una política dispendiosa en el gasto público, muy restringida en la inversión y creciente endeudamiento, en algunos casos una cuestionada localización del capital en sectores productivos o empresas que compiten con el sector privado y que a la larga se convierten en bolsones de gastos, perdidas y en muchos casos fuente de enriquecimiento ilícito de los más amigos del poder.

En el caso de la política tributaria, si bien tenemos una presión fiscal moderada, el problema radica en que esta se ejercita sobre aproximadamente el 30% de las unidades productivas que hacen parte del sector formal, lo que origina un hostigamiento y persecución fiscal para encontrar mayor recaudación a través de multas, sanciones e intereses de quienes ya contribuyen al fisco. Se ha planteado promover la formalidad tributaria a través de mecanismos como la lotería de facturas, los descuentos al cumplimiento oportuno o anticipado del pago de tributos y por el otro lado, incrementar la población de contribuyentes con una adecuada fiscalización de los regímenes tributarios de excepción como el simplificado, el régimen unificado y el agropecuario, entre ellos el de la hoja de coca, que en la práctica no tributan absolutamente nada en comparación al valor de su producción y sus ingresos.

* Antonio Rocha es presidente del CNDA/Administrador de empresas

 

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