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21 de mayo de 2024, 4:00 AM
21 de mayo de 2024, 4:00 AM


El año 2000, en los albores del siglo XXI, el dirigente campesino Felipe Quispe dirigió uno de los mayores bloqueos de caminos, denominado “Plan pulga”. En ese entonces, el presidente Hugo Banzer Suárez fracasó en su intento de restablecer el orden con la dictación de un Estado de Sitio, y después de tensas semanas de conflicto, el mandatario cedió ante la presión y firmó 22 decretos supremos que respondieron a las demandas campesinas. A estas alturas, ése es un antecedente muy serio sobre la efectividad de los bloqueos. En los años posteriores, el entonces dirigente cocalero Evo Morales ordenó bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, tantas veces como quiso y pudo. En 2003, un contundente bloqueo en El Alto que se saldó con la muerte de 70 personas, provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

En 2016, un bloqueo de cooperativistas mineros derivó en el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, En 2019, el llamado “bloqueo de las pititas” sepultó los afanes reeleccionarios de Evo Morales. En 2020, en plena pandemia, los afines a Evo protagonizaron el llamado “bloqueo del oxígeno” que impidió la pronta atención a enfermos con Covid que clamaron por solidaridad y, por toda respuesta, recibieron piedras en el camino y fallecieron porque el oxígeno que necesitaban se quedó bloqueado en alguna carretera.

Finalmente, en 2022, la ciudadanía cruceña salió a bloquear calles y carreteras por la pronta realización del Censo de Población y Vivienda. El Gobierno de Luis Arce respondió bloqueando las exportaciones y la distribución normal de combustibles.

Hoy, en mayo de 2024, Bolivia sufre nuevamente una ola de bloqueos. Esta vez son los transportistas pesados y comerciantes que protestan contra la escasez de diésel y la falta de dólares. Un par de semanas antes hubo bloqueos contra el decreto de reestructuración de Derechos Reales y mucho más antes, contra la ilegítima prórroga de mandato de las altas autoridades judiciales. 

Y si de recuentos se trata, en Bolivia la palabra “bloqueo” da para escribir una enciclopedia histórica que, con seguridad, retratará de cuerpo entero a un pueblo que no vaciló ni un instante en destrozar sus carreteras, afectar una y mil veces su endeble economía y hasta sacrificar vidas para imponer agendas propias o intereses sectarios. 

Los daños son inconmensurables. A menudo los gobiernos han mostrado estadísticas macroeconómicas sobre las consecuencias de cada medida de presión, pero el daño es superior y por mucho a lo que reflejan los discursos oficiales que, además, siempre muestran una sola cara de la moneda.
A estas alturas, y después de tantos perjuicios, queda claro que no existe medida de presión más antidemocrática y perversa que el bloqueo de caminos, pero, paradójicamente, resulta efectiva porque ante la gravedad de las crisis, presidentes y ministros terminan por someterse a la agenda impuesta por los grupos de presión. 

La pregunta es: ¿por qué surge el diálogo solo después de los bloqueos? ¿Qué tipo de razonamiento tienen las autoridades para asumir medidas de forma inconsulta y después retroceder con todo tipo de concesiones? ¿Hasta qué punto el país puede soportar tanta arbitrariedad? 

Es ilógico vivir en democracia y, a la vez, hacer del bloqueo una práctica rutinaria; como también es inadmisible tener gobernantes nacionales o locales incapaces de escuchar o atender las demandas sectoriales y, en muchos casos, es penoso tener al mando funcionarios sin moral suficiente para enfrentar un conflicto social. 

Tarde o temprano, las toneladas de escombros que se botan en los caminos se remueven con maquinaria pesada, pero ¿Quién puede desbloquear el sentido común, la empatía y la tolerancia? En ese ámbito, la sociedad boliviana está quedando en deuda consigo misma.

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