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La dignidad y los derechos implícitos

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22 de junio de 2020, 3:00 AM
22 de junio de 2020, 3:00 AM

El constitucionalismo moderno ha elevado no sólo la dignidad de la persona a la categoría de núcleo axiológico fundamental y fundamentadora de los derechos y de las garantías básicas sino también ha exteriorizado los derechos implícitos. La dignidad se constituye en el valor supremo de todo el ordenamiento constitucional y fuente de los derechos fundamentales. Esta idea debe irradiar el sistema jurídico, de modo que la dignidad se realice de la mejor forma posible.

La Constitución boliviana (art. 22), proclama que la dignidad y la libertad son inviolables, respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. Se trata de un derecho básico que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, y busca que se la respete y reconozca, como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal.

A tiempo de recordar que la dignidad humana es un derecho que engloba a todos los demás, Pedro Sagüés aclaraba que resultaría un valor absoluto, incluso superior al valor vida, ya que éste puede ceder en aras, por ejemplo, de la defensa de la patria o cuando se hace uso de la legítima defensa, mientras que la dignidad debería actuar siempre —aún el condenado a muerte, tiene el derecho a ser ajusticiado con dignidad de trato—.Y profetizaba la ampliación de los procesos constitucionales —amparo y habeas corpus—, al descubrirse nuevas situaciones de “dignidad humana” que merecen protección constitucional.

El artículo 13.I CPE establece que todos los derechos son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos y que el Estada tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Y en la interpretación de los derechos fundamentales, el tribunal constitucional tiene que alimentarse y retroalimentarse del derecho internacional de los derechos humanos, ya que además está de por medio la fe del Estado boliviano, que debe honrarse ante la comunidad internacional.

El principio de progresividad y de justiciabilidad de los derechos fundamentales, prevista en el art. 109 de la Constitución, significa que todos los derechos constitucionales son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, como otra de las características fundamentales del Estado Constitucional de Derecho. La aplicación directa de los derechos supone asegurar la máxima eficacia de los derechos fundamentales, y exige la superación de una concepción ius-positivista y formalista del sistema jurídico, e implica la adopción de postulados jurídicos enmarcados en cánones constitucionales no solamente destinados a limitar el poder, sino fundamentalmente direccionados a consagrar y consolidar la vigencia material de los derechos fundamentales. 

La dignidad de la persona tiene también el carácter de contenido integrador del vacío que puede llegar a producir la falta de reconocimiento o la omisión de un derecho indispensable o esencial a la preservación de la persona humana. La Constitución boliviana (art 13.II) advierte que “los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados”.

La ley fundamental reconoce así a los derechos implícitos, que pueden deducirse de valores, principios, fines y razones históricas, que alimentan el derecho positivo constitucional e internacional. Así, por ejemplo, el tribunal constitucional boliviano ha reconocido la objeción de conciencia; la corte de constitucionalidad de Guatemala, el derecho a morir con dignidad; el tribunal constitucional del Perú, el derecho a la verdad; la Corte constitucional de Costa Rica, el matrimonio entre personas del mismo sexo o igualitario, entre otros.

El tribunal constitucional boliviano, sin embargo y salvando algunas excepciones, sigue anclado en el derecho del siglo XX y no ha terminado de saltar (en la realidad) del Estado de Derecho (donde reinaba el culto a la ley) al Estado Constitucional de Derecho (donde prevalecerá la Constitución). La Ley fundamental axiológica y el sistema interamericano, constituyen el marco general básico del que deriva y se fundamenta el resto del ordenamiento jurídico.
              

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