La encrucijada de las elecciones
El gobierno tiene razón en intentar posponer lo más posible las elecciones nacionales establecidas originalmente para el 3 de mayo. La pandemia que afecta a Bolivia y que parece que recién estuviera ingresando en su peor etapa, así lo amerita. Forzar a millones de electores a acudir a atestados centros de votación es exactamente lo contrario que se debe hacer para evitar los contagios.
Pero alguna fecha habrá que elegir. Decir simplemente que la “salud está antes que los comicios” no es suficiente, por varias razones, siendo una de ellas que éstos son precisamente un ejercicio fundamental de la democracia. Otra de las razones es que un gobierno de transición, obviamente, no puede ser “indefinido”. Y finalmente porque existen otros actores políticos que desean, con toda legitimidad, pugnar en el terreno electoral para intentar llegar al poder.
El escenario cambió al aprobarse la ley que da 90 días de plazo para esa votación, que termina el 2 de agosto. Uno de los asuntos que provocó esta situación es que el gobierno (excepto Samuel Doria Medina, quien dijo que las elecciones pueden realizarse entre julio y agosto), nunca dio una visión oficial de cuándo debía realizarse el voto. Simplemente hizo abstracción del tema, como si el MAS no existiera y no tuviera dos tercios del Congreso.
Tampoco respaldó ninguna de las dos propuestas de ley del TSE, presentadas por Salvador Romero, y que fijaban fechas posibles para las elecciones entre los meses de junio y septiembre. Nada. Silencio. Pudo haber apoyado activamente la última fecha propuesta por Romero y haber intentado negociar con el MAS, pese a la esmirriada presencia congresal que tiene la coalición, y generar respaldo de otras fuerzas políticas. O proponer que los comicios fueran en octubre o noviembre. Pero no hizo nada. Y eso impacientó a los otros actores. ¿Creía el oficialismo que mostrar desinterés en respaldar una fecha no iba a intranquilizar a sus rivales? ¿Esperaba que sus adversarios estuvieran dichosos de tener un gobierno, que además los maltrata, sin fecha de salida? Se equivocó.
Recién el 30 de abril, al enviar la nota en la que rechaza la norma, la presidenta hizo lo que debió plantear seis semanas antes y por fin mencionó que debería respetarse el proyecto de ley del TSE y aceptarse la fecha de 6 de septiembre para efectuar los comicios (extrañamente no hizo referencia al segundo proyecto del TSE, que extiende el plazo hasta el 27 de septiembre). Como sea, ya era tarde.
Ahora el gobierno debe conducir la dificultosa tarea de intentar que la ley sea declarada inconstitucional, lo que no será fácil, por dos razones: primero, los magistrados del TCP fueron nombrados por el MAS y no sienten ya la debilidad de ese partido, que se percibía tan claramente en noviembre pasado. Segundo, porque existe un precedente difícil de evitar en este análisis: Hormando Vaca Díez, siendo presidente del Senado, promulgó la ley de IDH en 2005, algo que el exmandatario Carlos Mesa no estuvo dispuesto a hacer. Esa ley está vigente hasta hoy. Vaca Díez actuó como presidente nato del Congreso en ausencia de un Vicepresidente en funciones. Eva Copa hizo lo mismo la semana pasada.
Raúl Peñaranda U. es periodista.
