La estrategia de ocultar la información
Desde el 17 de febrero pasado, el Banco Central de Bolivia dejó de publicar las cifras de las Reservas Internacionales Netas del país, coincidiendo con la agudización de la escasez de dólares en el mercado y aportando a generar más incertidumbre sobre la situación de las finanzas. El BCB tomó esta inédita decisión, sin ningún justificativo e ignorando el DS 28168 de Acceso a la Información Pública, que determina que solo se puede negar información producida por las entidades del Órgano Ejecutivo, en caso de reserva o confidencialidad establecidas en leyes vigentes, inexistencia de la información solicitada o falta de competencia para proporcionar la información.
Algo parecido sucedió en abril de 2022, cuando el Gobierno, a través del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, tomó el control del registro de empresas que hasta entonces estuvo a cargo de Fundempresa. La primera decisión de la nueva entidad fue dejar de publicar la valiosa información que cada mes producía la Fundación, y que generaba, de manera transparente y abierta, datos sobre los registros, cierres, aperturas y actualizaciones del sector privado formal, el más importante de la economía.
Hace más de 30 años que en Bolivia no se realiza un censo económico. En 2017, pese a contar con normativa, financiamiento y planificación, el Gobierno decidió suspender su ejecución, sin dar mayores explicaciones. Curiosamente, el DS 2976 que ordenaba implementar este evento, señala que el no hacerlo “genera un vacío de información estadística, referida a las actividades económicas vinculadas al comercio y a la producción de bienes y servicios”.
Incluso la realización del Censo de Población y Vivienda, la más completa fuente de datos públicos que produce un país, y que nos va a permitir evaluar con precisión los avances en materia social y económica de los últimos 12 años y proyectar el desarrollo con mayor certeza, tendrá un retraso de dos años, y para su realización, tuvo que generarse uno de los conflictos más agresivos de los últimos años.
La postergación de los censos, el ocultamiento de información y la politización de las entidades especializadas en la investigación y generación de estadísticas, nos mantiene bajo un modelo que basa el conocimiento en encuestas, especulaciones y proyecciones poco sostenibles, o peor aún, en la publicación de cifras distintas y opuestas sobre un mismo tema, elaboradas según intereses o estrategias que, en lugar de promover el debate responsable, fortalecen la polarización y la controversia improductiva.
La tendencia del Estado a ocultar información, establecer barreras para su producción o impedir el acceso a la ciudadanía no es episódica ni excepcional, sino que forma parte de una cultura generalizada de gestión pública que tiene larga data, y que hoy se puede observar, por ejemplo, en los sitios web de las entidades gubernamentales que ofrecen información desactualizada, incompleta y parcializada.
En el ámbito económico y empresarial, la disponibilidad de datos actualizados y oportunos es fundamental porque permite realizar análisis precisos sobre recursos, capacidades y potencialidades, identificar falencias y dificultades y planificar ajustes o soluciones que las enmienden. Lo contrario está formando una peligrosa opacidad que viabiliza la superficialidad en el análisis de los procesos económicos y productivos y nos impide contar con cifras consolidadas para enfrentar problemas tan graves como el contrabando, la informalidad y la inseguridad, que hoy se basan en proyecciones dudosas y generalizaciones inadecuadas.
Uno de los principales efectos negativos de esta cultura del secretismo es la pérdida de la legitimidad del Gobierno, porque al aplicarse genera un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y un debilitamiento de los valores democráticos. La falta de transparencia puede conducir a la especulación y la propagación de versiones falsas, tendenciosas o manipuladas que causan un enorme perjuicio a la ciudadanía y solo benefician a la informalidad o al delito.
Sin acceso a información completa y oportuna, es difícil evaluar las acciones y decisiones de políticas, creándose un entorno propicio para la corrupción y el abuso de poder, ya que los ciudadanos no pueden identificar ni denunciar conductas indebidas ni exigir responsabilidades a los gobernantes.
La utilización del secretismo y el ocultamiento de la información pública como estrategia política son tan perniciosos como los resultados de las malas decisiones, y a la larga, generan un efecto contrario al que buscan quienes promueven estas prácticas, además de producir un daño profundo a la democracia y los derechos ciudadanos.
