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20 de octubre de 2023, 3:00 AM
20 de octubre de 2023, 3:00 AM

Desde inicios de la pasada semana los profesionales Despachantes de Aduana de Bolivia nos hemos vistos obligados a someternos al escrutinio público en reclamo al derecho que nos asiste revalidar nuestras Licencias de Despachantes de Aduana en un proceso transparente y con la debida solvencia técnica que requiere una evaluación compleja de más de ocho áreas jurídicas, comerciales, tributarias, aduanera y merceológicas, mismas que deben ser del dominio de quienes ejercen esta noble función afianzada ante el Estado.

La prueba llevada a cabo el pasado 14 de octubre a la que asistieron 1.301 postulantes, de los cuales el 29% son actuales despachantes de aduana, reprobaron el examen cerca del 90%, en un proceso cuestionado por su falta de transparencia y con serias observaciones sobre la calidad y solvencia técnica de la prueba que ha motivado centenas de impugnaciones. Las observaciones están centradas en la aparición en las redes sociales del examen resuelto, pocas horas después de haberse realizado, cuando el mismo solo debía ser de conocimiento de los miembros del tribunal examinador, la pregunta es cuánto tiempo antes pudo estar disponible el examen y para quiénes, situación que hemos pedido se investigue y sancione en caso de haber alguna situación anómala fuera del Reglamento.

Sin embargo, el aspecto central de las observaciones de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, apoyada por la CAINCO, la FEPLP y el IBCE, no está de ninguna manera en quiénes aprobaron y cómo lo hicieron, sino, en las deficiencias técnicas de la prueba en al menos el 20% del cuestionario de evaluación, lo que supone una distribución errática en los resultados: 60% de los postulantes tienen menos de 50 puntos lo que significa una reprobación académica de casi dos de cada tres personas; el 30% lograron entre 51 y 69 puntos, lo que significa que no están reprobados a efectos académicos, pero no alcanzan al puntaje mínimo de aprobación para optar a la Licencia de Despachante de Aduana.

La primera deficiencia de la prueba que los postulantes observaron es que el cuestionario no respondió a una evaluación integral de los conocimientos de las ocho áreas comprendidas en la convocatoria, sino que se limitó a temas específicos relacionados a plazos de regímenes aduaneros y liquidación de tributos aduaneros de importación de vehículos y motocicletas usadas que no hacen a la generalidad del comercio exterior del país y menos a la habitualidad de las operaciones. La evaluación contempló escasamente aspectos relevantes del comercio exterior como los Acuerdos Internacionales, las reglas de los Incoterms, las Normas de Origen, Valoración Aduanera y otros temas esenciales en la práctica aduanera moderna.

Se pudieron observar muchas preguntas erróneas, mal planteadas y que no contaban con la aclaración de datos necesarios para la respuesta; varias preguntas redundaban en un tema que, lejos de exigir conocimiento, demandaba alta capacidad memorística. En varios casos de liquidación de tributos se debieron suponer alícuotas del GA (que tiene nueve niveles) y de ICE (que tiene cuatro niveles ad valorem básicas y otros variables en función de los años de antigüedad de los vehículos usados), dada la obvia imposibilidad de memorizar estos datos que en la práctica son arrojados por el mismo sistema aduanero SUMA.

El extremo de la deficiente calidad del examen fueron las respuestas de tributos aduaneros en moneda extranjera (Dólares estadounidenses), contrario a la normativa tributaria básica. Ante estas peguntas erradas, no es posible tener respuestas válidas y amparadas en la normativa, sino las que suponen como válidas los mismos autores. Esta situación no deja opción a otra alternativa de solución que no sea la anulación del proceso de evaluación y la convocatoria a un nuevo examen con un nuevo Tribunal Examinador que debe tener como invitados a miembros del sistema universitario nacional, como fuera en la primeras evaluaciones después de la reforma aduanera los años 2001 a 2004, donde los exámenes se daban en cada región y ante el Tribunal de forma oral.

Como lo hemos venido reclamando, el proceso adolece de una serie de falencias y elementos discriminatorios incluido en las reformas a la normativa aduanara, desde la obligación que tienen todos los postulantes del país a acudir a la cuidad de La Paz a realizar la prueba de evaluación para revalidar u obtener la licencia de despachante de aduana, lo que claramente implica una medida centralista y discriminatoria al resto de los bolivianos que no viven en La Paz o El Alto y que deben trasladarse a dicha ciudad para hacer uso de un derecho que el Estado debe garantizar en igualdad de condiciones a todos sus ciudadanos. Cabe preguntarse a cuantas personas o profesionales jóvenes se les coarta el derecho de postular por razones económicas o de salud.

Finalmente, como lo hemos planteado en innumerables ocasiones, las pruebas de revalidación de las licencias deben ser distintas a las pruebas de obtención, siendo necesaria en las primeras implementar mecanismos de evaluación que ponderen, además del examen de suficiencia, aspectos como la capacitación certificada por la Aduana, el comportamiento profesional del despachante, las certificaciones de calidad obtenidas y la solvencia fiscal corroborada por la misma Aduana.

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