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Por: Juan Carlos Fortún V.

La exalcaldesa interina del municipio cruceño, Angélica Sosa, además de la exsecretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía, Sandra Velarde, y el exdirector de Recursos Humanos, Javier Cedeño, ya cuentan con fecha y hora para su audiencia informativa en el proceso que se les sigue por supuestas irregularidades en la contratación de personal.

Para el lunes 14 de junio, a las 11:00, prestará su declaración Angélica Sosa, mientras que para el mismo día, pero a las 15:00 lo hará Sandra Velarde. Para el martes 15, a las 9:00, será el turno de Javier Cedeño. Los tres exfuncionarios públicos están siendo investigados por uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, falsedad material y falsedad ideológica, informaron desde el Ministerio Público.

“Están notificados formalmente y esperando esa fecha; seguramente otras instituciones, como Transparencia, se apersonarán a efectos de que se pueda continuar con la investigación”, indicó el fiscal de materia y coordinador de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, Javier Cordero.

También aclaró que formalmente solamente se tiene esta denuncia, presentada por el alcalde Johnny Fernández, y que ninguna otra persona o institución se ha plegado a la misma.

Sobre el caso

Con respecto a la investigación, el actual presidente del Concejo Municipal cruceño, Israel Alcocer, dijo que existen más de 2.000 contratos observados.

La autoridad municipal explicó que se tenía trabajando al personal de manera irregular, por ejemplo, los funcionarios que no iban a realizar sus funciones, pero si cobraban un salario, los llamados contratos fantasmas, y también existían personas que no eran profesionales, pero estaban en cargos que si requerían un título universitario.

Alcocer señaló además que, dentro de los contratos observados, está el personal contratado en los últimos meses para las brigadas de salud. Agregó que la exalcaldesa hizo los contratos para más de 500 personas, pero no las subió al sistema. Esta situación impedirá el pago por los meses trabajados en la comuna.

Destacó que, durante la gestión pasada, a muchos de estos funcionarios se les pagó con una boleta, en cambio otros tuvieron que trabajar de forma gratuita. “Les prometían que les iban a cancelar, pero al final no lo hicieron, entonces lamentablemente tuvieron que trabajar ad honorem”.

La suma de todos los contratos, añadió, dejan un aproximado de unos Bs 23 millones, además no descartó una depuración de personal, ya que en la actualidad existen unos 10.000 funcionarios.

EL DEBER intentó conseguir la contraparte con los ex funcionarios que fueron denunciados en este caso, se intentó hablar con la parte legal, representada por el abogado José Negrete, y con la ex secretaria Velarde, pero no atendieron sus teléfonos.

El pasado 31 de mayo, Sosa presentó, a través de su abogado, un memorial indicaba que se someterá a las investigaciones que se consideren necesarias.

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