Los exalcaldes enfrentan su segunda imputación. El Ministerio Público pide arresto domiciliario y fianza para el exburgomaestre y detención preventiva para los demás imputados. Se los acusa de daño económico, asociación delictuosa y otros delitos

18 de febrero de 2022, 4:00 AM
18 de febrero de 2022, 4:00 AM


Luego que el alcalde Jhonny Fernández anunciara la anulación del contrato de concesión del sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) en el primer anillo, el Ministerio Público presentó la imputación formal contra los exburgomaestres Percy Fernández y Angélica Sosa, además de otras ocho personas involucradas.

Los fiscales anticorrupción, Rose María Barrientos y Alexander Mendoza, presentaron la imputación ante el Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción.

El proceso se abrió ante la denuncia presentada por el diputado Anyelo Céspedes por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros.

El excalde Fernández es procesado de forma separada porque la Fiscalía considera que firmó todos los contratos mientras estuvo en el cargo.

Percy ya fue convocado por la Fiscalía por este caso, pero se abstuvo a declarar y ahora el Ministerio Público lo imputó por cuerda separada (actuaciones independientes) y pidió detención domiciliaria, fianza de Bs100.000, presentación cada 30 días ante el juez, no acudir a la Alcaldía ni a la cárcel de Palmasola, no comunicarse con personas relacionadas en el caso, prohibición de salir del país y arraigo.

Detención preventiva

Para la excaldesa Angélica Sosa y los otros ocho imputados, la Fiscalía pide la detención preventiva por 180 días. Se los acusa de los delitos de asociación delictuosa, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y uso indebido de información privilegiada.

Los otros imputados son: Lucy Mariel López Quiroga, Rubén Darío Rivero Gallardo, Emilse Sigler Fernández, Jorge Humberto Ortiz Bruno, Rolando Pedro Ribera Correa, Percy Rojas Limón, Nancy Roca Martínez y Jorge Luis Égüez Rivero.

Según la investigación, el costo total de la primera fase del proyecto fue de Bs 156.185.365, de los cuales el presupuesto para obras alcanzó a Bs 151.302.959 y para la supervisión Bs 4.882.406, pero la obra no fue concluida generando perjuicio a la población.

La investigación

La imputación sustenta que la comisión de fiscales considera que “Angélica Sosa, teniendo conocimiento de todas las irregularidades que fueron denunciadas en su oportunidad en su condición de presidenta del Consejo Municipal, no hizo absolutamente nada para investigar, por el contrario, aprobó dicha adjudicación y contratación irregular, además de no realizar el informe claro en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías”.

En los fundamentos, la Fiscalía apunta al representante de las líneas 17 y 18 Chuturubí, Percy Rojas Limón. Puntualiza que “obtiene y utiliza información privilegiada dentro de la concesión del primer anillo, participa de manera irregular durante la concesión y firma un contrato, causando un grave daño al patrimonio de la ciudad por más de 15 millones de bolivianos”.

Con respecto a Ribera, se señala que en su calidad de secretario de Movilidad Urbana hace conocer el informe de evaluación y recomienda a línea concesionaria sin que reúna los requisitos.

Asimismo, de recibir y aprobar el informe de preselección, remitiendo dicho informe para firma del contrato que favoreció de manera directa a la línea 17 y 18.

Las exautoridades

La exalcaldesa guarda detención en la cárcel de Palmasola desde el 24 de diciembre de 2021, en el proceso de supuestos ítems fantasmas. Con este caso, Sosa se enfrenta a su segunda imputación.

Percy Fernández también figura en las investigaciones de los ítems fantasmas. Sin embargo, por orden de la justicia no se puede realizar ningún acto de investigación ni citación en su contra mientras no sea sometido a una valoración siquiátrica por parte de profesionales.

En la nueva imputación por el caso BRT, el juez anticorrupción tendrá que fijar hora y fecha para una audiencia cautelar para los nueve imputados y otra para Percy.

Concesionarios

Los socios de la línea 17 y 18 Chuturubí señalaron este jueves que el contrato de concesión de la ruta del sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) no puede ser anulado de forma unilateral por el municipio, por lo que advierten con recurrir a la justicia.

El presidente de esta línea, Percy Rojas, uno de los imputados, señaló que recién este miércoles recibieron una carta notariada, en la que el alcalde Jhonny Fernández comunica su intención de resolver el contrato y les da un plazo de 72 horas para que tomen una decisión. Esto en referencia al anuncio público de Fernández de hacer la anulación.

El asesor de esta línea, Limberth Ulloa, pidió al burgomaestre no confundir a la población porque legalmente un contrato no se puede disolver de forma unilateral. “Él no es la autoridad competente para disolver el contrato, por lo tanto, no confundamos a la población respecto a situaciones legales que no han sucedido. La empresa Chuturubí tiene 72 horas a partir de hoy para responder si acepta o no la disolución. En caso de que no acepte, pasará a un procedimiento legal, tanto administrativo como en los estrados judiciales”, indicó.

Rojas lamentó los perjuicios que les ha ocasionado el contrato, porque invirtieron $us 5.280.000 en la compra de 30 buses, para lo cual adquirieron créditos. Además, aseguran que los gastos operativos demandaron $us 600.000.

Rechazó la acusación de favorecimiento de la concesión. “Señores no hagan esto, lo único que hemos hecho es apostar por dar un buen servicio (…) Es triste para nosotros escuchar declaraciones que indican que hemos sido beneficiados y que ahora mi persona esté en la Fiscalía. Yo digo por qué, si lo único que hemos hecho es aportar por un mejor transporte”, indicó Rojas.

Postura

El ingeniero vial, Javier Mendívil, calificó como un retroceso la anulación de la concesión y la eliminación del primer anillo como ruta del BRT porque era la oportunidad para comenzar a reordenar el transporte público obsoleto.

Asegura que los estudios indican que la ruta del primer anillo puede funcionar si se mejoran algunos “detalles”, como las intersecciones, y que incluso los cordones no son un problema, considerando la falta de educación vial de los ciudadanos.

Insiste en que el problema del caos es ocasionado por el transporte tradicional, que al parecer ahora encuentra un socio en la municipalidad porque las autoridades han venido trabajando la ley de movilidad urbana de la mano con los transportistas. “No podemos seguir con el transporte tradicional porque, además, es caro para los usuarios porque los pasajeros deben tomar hasta tres micros para llegar a su destino y, por lo tanto, pagar Bs 6 por el pasaje”.

Sobre la ley de movilidad urbana, indica que no debe responder a un sector, sino más bien al ciudadano. “No tiene que responder al gremio, sino garantizar la protección al ciudadano”, reitera el entendido.