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“Ya alerté sobre la exploración de madera en el parque, pero no tengo noticias de acciones policiales o fiscales de autoridades bolivianas”, dijo João Paulo Berté, delegado de la Policía de la ciudad de Vila Bela da Santíssima Trindade, en Brasil, que colinda con la provincia Velasco, específicamente con la TCO Bajo Paraguá.


Solo entre los años 2021 y lo que va de 2022, la Policía del lado brasileño ha hecho diez incautaciones de madera proveniente del lado boliviano. Sin embargo, recién en abril, luego de varios avisos y solicitudes de coordinación a los guardaparques del Parque Noel Kempff, llegaron a Vila Bela el ex director interino de esa área protegida (AP), Elmar Peña; el subgobernador de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage; el asambleísta departamental por la provincia, Roni Justiniano; y otras personas.
Según Berté, solo encontraron a los transportadores de la madera ilegal, no a quien hace la extracción, “porque como está en suelo boliviano, es la jurisdicción de ellos. No he recibido información de policías ni de guardaparques bolivianos. Ellos supieron de estos ilícitos luego de que yo les informara, antes de eso no tenían conocimiento del tema”, aseveró.

El delegado de la Policía de Brasil no entiende cómo las autoridades bolivianas no saben de esto, si los camiones pasan por las entradas normales, “(los transportistas) no se esfuerzan por esconder porque la región es muy grande y la fuerza policial no está en todos lados”, indicó.

Sin embargo, Berté no se atrevió asegurar que lo decomisado proviene de la zona de protección del Noel Kempff, aunque algunos comunarios del lado boliviano crean que sí.
El ex director interino del parque nacional dijo que en ningún momento Berté confirmó que la madera hubiera salido del área protegida, pero reconoció que proviene del municipio de San Ignacio de Velasco o de las comunidades.
Peña confesó que entre los 22 guardaparques (él incluido) del Parque, no es posible un control completo, ya que no cuentan con las condiciones para la logística.

“La única zona que se puede sacar del parque es de la frontera y el año pasado, como los guardas estuvieron cuatro meses apagando incendios, no se ve vestigio de que sacaran madera. Lo decomisado es puro cuchi (aroeira). Son de comunidades, o de las mismas estancias a las que autorizó la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT) a hacer su desmonte, y que para no perder su madera, están enviando a Brasil”, afirmó.
El subgobernador de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage, adelantó que el 13 de mayo habrá una reunión del Comité de Gestión del Noel Kempff en Piso Firme, donde se tratarán varios temas, como el de la deforestación, pero además el problema de límites entre Santa Cruz y Beni, y el narcotráfico que tiene azotados a los habitantes que se oponen.
“En cuanto a deforestación, en la parte del río Verde hay una zona que ha sido desmontada. El año pasado hicimos una supervisión por ese lado, hubo un incendio y se vio que había desmonte”, dijo.

Según Vaca El Hage, es muy probable que la madera sea del pre parque o zona de amortiguamiento del Parque, de las comunidades Piso Firme, Cachuela, Picaflor, Florida o Porvenir, o de las propiedades de San Ignacio de Velasco.
“La llevan allá (a Brasil) porque cuesta más, la usan para los alambrados”, dijo y cuestionó la efectividad del control militar en la zona de Marfil, donde “hay gente metida en un cuarto. No hay otro control, y los que custodian ni se mueven, no tienen vehículos”, lamentó.

Sobre el rol de la ABT, el subgobernador dijo que hay casi 700 km de frontera entre Velasco y Mato Grosso, no solo en Vila Bela. “La ABT no sale nunca, a no ser que se haga una denuncia”, criticó.
Consultado Franz Valdez, el encargado de la ABT de San Ignacio sobre esta problemática, dijo que la persona indicada para hablar es el director interino del Parque Noel Kempff Mercado.

Recientes denuncias
Habitantes de la TCO Bajo Paraguá, ubicada a los pies del área protegida nacional, se comunicaron con EL DEBER para denunciar el desmonte de casi 10 hectáreas dentro de la zona de protección, específicamente al lado de la comunidad Bella Vista, en dos propiedades, 3 de julio y La Cumbre, recién adquiridas por ciudadanos brasileños. 

Aseguraron que en el lugar se encuentran orugas, listas para empezar a deforestar en una zona prohibida por ley.
Elmar Peña, dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), dijo estar informado del tema, pero negó que hubiera tales desmontes.
Hablé con el guardaparque responsable de zona para que vaya e investigue eso. Sí hay las máquinas en el lugar, pero ya las hice paralizar. Aclaró que no están haciendo desmontes, sino que están limpiando el área de la casa. Eso es lo que me confirmaron y me mandaron la foto incluso”, dijo.

En cuanto al monitoreo satelital del año pasado, en la zona de Marco Falso, donde se visualizaron 66 hectáreas desmontadas dentro del área de protección, supuestamente porque dos estancias colindantes con autorización de la ABT cruzaron la línea, Peña aseguró que tampoco hubo el desmonte monitoreado.
“Cuando hay denuncias, a veces, las hacen sin ir al lugar, nosotros fuimos y no había nada de desmonte dentro del parque. Cuando fuimos, estaba antes del río Tarbo, en la estancia Rancho Dorado. No llegaron a entrarse al parque. Incluso la ABT me pasó el informe del desmonte autorizado, son brasileños que manejan como tres estancias juntas”, explicó.

Vida silvestre
Elmar Peña aseguró que actualmente en el parque no hay problemas de tráfico de vida silvestre, pero sí mencionó lo que podría convertirse en una seria amenaza para la biodiversidad, las agresiones a los jaguares.
Indicó que se coordinará con la Fundación Jaguar Bolivia para que apoye al cuerpo de protección, ya que hay denuncias de que los ganaderos tienen problemas con el jaguar, que ataca al ganado, y entonces contratan personas para matar a los felinos que se acercan a sus estancias, las mismas que colindan con el parque.
“No hemos pillado jaguares muertos todavía, pero por gente de la zona nos hemos enterado de que hay esta decisión de algunos propietarios de haciendas”, dijo Peña.

Reportes satelitales
Informes históricos de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) sobre los avances de la deforestación muestran un monitoreo desde 1976 hasta 2020. El año de inicio de la pandemia, cuando se declaró la cuarentena rígida, fue el periodo mejor aprovechado por los depredadores ambientales.
Los datos de FAN indican que entre 1976 y 1986 los desmontes eran inexistentes. En el periodo comprendido entre 1986 y 1991, fueron 48 las hectáreas deforestadas, mientras que de 1991 a 2000 el reporte mostró 26 ha afectadas.
De 2000 a 2005, la extracción de madera dañó 29 ha; y de 2005 a 2010 se disparó a 212 ha. De 2010 a 2013 se reportaron 38 ha; de 2013 a 2015, fueron 23 ha; de 2015 a 2018, sumaron 89 ha; en 2019 la casilla de deforestación aparece en blanco; y los depredadores se desquitaron en 2020, con el desmonte de 265 ha.
Históricamente, los registros de FAN indican que en 44 años, la superficie desmontada del PNNKM fue de 730 hectáreas.
Hasta la fecha no se han actualizado los datos de deforestación de 2021 y lo que va de 2022.

Incendios y quemas
Los informes de la Gobernación de Santa Cruz del año pasado informan que uno de los municipios más afectados por las quemas e incendios fue San Ignacio de Velasco, además de Concepción, San Matías, El Puente y Ascensión de Guarayos. La mayoría de la región chiquitana.

Del total de la superficie departamental con quemas, más del 38% fue área boscosa, y el 61% en áreas protegidas. Solo en el Noel Kempff Mercado, la superficie quemada fue de 5.764 ha.
Según el Observatorio de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), debido a las actividades agropecuarias, a pesar de no haber iniciado oficialmente el periodo de quemas, ya en abril se reportaba la intensificación de los focos de quemas en el departamento cruceño, incluso llegando hasta el Parque Kaa Iya.

Quizás el más coyuntural de los problemas del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, además de uno de los más serios, sea el narcotráfico, con factorías descubiertas dentro del monte, incluso con participación de comunarios, como indican las publicaciones y denuncias de legisladores, ex dirigentes y organizaciones indígenas.
En algunos casos, como las fábricas de cocaína descubiertas en 2021 y 2022, estas se instalan junto a corrientes de agua, con daños a la biodiversidad y a las fuentes de alimento y aprovisionamiento de este líquido vital.

Dino Franco, presidente cívico de San Ignacio, dijo que un problema social grave es el que hay en las comunidades colindantes con el río Paraguá, junto al parque, donde supuestamente están las fábricas. Lamentó que sean muy pocas personas las que se atrevan a denunciar públicamente estos ilícitos, y valoró en este sentido a la diputada María René Álvarez. “Me tienen muy amenazada, no les tengo miedo, si quieren hacerme algo no me avisan”, dijo.
Otra persona que repudió el narcotráfico en la zona y que fue amenazada de muerte, es la ex cacique de Porvenir, Maida Peña. Ella lamentó, igual que Adolfo Chávez, en representación de los indígenas, la convivencia de los comunarios con este ‘negocio’.

El delegado de la Policía de Vila Bela, lamentó que todo lo concerniente al narcotráfico está muy “pesado” en Bolivia. Peña dijo que es complicado para los guardaparques por el peligro que corren en esas zonas donde se vuelven más vulnerables que el resto.

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