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Son hechos que suceden cada cierto tiempo y muchas veces se resuelven con la expulsión. La frontera entre Bolivia y Chile es una zona roja por los delitos transnacionales que la flagelan. Contrabando, narcotráfico, trata y tráfico de personas y robos, son los delitos más comunes en esos límites. En La Paz culpan a Chile del crecimiento del contrabando -sobre todo de vehículos- y la oposición envía una petición a los ministerios de Gobierno y Defensa sobre estos hechos irregulares que ocurren en la frontera.

En 2017 se vivió uno de los casos más sonados. Dos militares y siete funcionarios de la Aduana resultaron detenidos en el lado chileno. Fueron denunciados por los delitos de robo con violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando. Estuvieron más de 100 días en el penal de Alto Hospicio, donde compartían la zona con delincuentes acusados de narcotráfico.

Los funcionarios retornaron a Bolivia el 28 de junio de 2017 y fueron recibidos por el entonces presidente Evo Morales, quien los condecoró y anunció un juicio internacional contra Chile por ese caso. Ese momento se vivía el conflicto marítimo, que estaba instalado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Un año después, Chile ganó el proceso legal.

“No se puede entender cómo los que combaten el contrabando sean acusados de contrabandistas”, decía en esa época Morales. Luego se conoció que algunos de los funcionarios fueron denunciados por cooperar a contrabandistas.

Aparato político

En La Paz el aparato político no se pone de acuerdo. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) culpan a Chile y hasta lo llaman “cómplice” del contrabando. El diputado Héctor Arce, muy cercano de Evo Morales, arremetió contra el vecino país y lo culpó de ser parte del contrabando que pasa a Bolivia.

El legislador defendió a los tres militares que fueron detenidos en el lado chileno y dijo que los carabineros de Chile no cooperan en la lucha contra el contrabando. “No existe respuesta para que ellos (Chile) puedan ayudar a combatir este delito”, dijo.

Mientras, el diputado Gustavo Aliaga, de filas de Comunidad Ciudadana (CC), pidió al Gobierno de Luis Arce “estrategias concretas” para frenar los delitos en la frontera con Chile. El legislador recordó que en los puntos limítrofes suceden todo tipo de delitos y que no son combatidos por las autoridades nacionales.

“Estamos realizando una petición de informe a los ministerios del Interior (Gobierno) y de Defensa. Es una simple pregunta: ¿Qué están haciendo en la frontera para evitar los delitos transnacionales?”, cuestionó Aliaga.

En la última gestión de Evo Morales la meta era instalar 19 puestos adelantados en toda la frontera con Chile. Se conoció que solo cinco de estos puestos fueron inaugurados hasta marzo de 2020.

Estos puestos militares fueron instalados en el municipio de Charaña, en la comunidad de Sepulturas; otro detrás del cerro Sajama; otro sobre el río Lauca, en Macaya y el quinto en el hito 23.

Estos puestos sufrían los factores climatológicos de esas zonas y no tenían servicios básicos.

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