La Gobernación contrató 940 funcionarios en enero y casi duplica al registro de 2023

El informe de confiabilidad de los estados financieros de la Gobernación de Santa Cruz observó el número de contrataciones en el área de Recursos Humanos. En enero del 2022, el gobierno departamental contrató 429 trabajadores eventuales; en 2023 el número subió a 600 y para enero de 2024, cuando el timonel aún era Luis Fernando Camacho, esta cifra alcanzó a 940 funcionarios.

El gobernador en suplencia, Mario Aguilera, observó que estas 940 “carpetas” comenzaran a ingresar a partir del 2 de enero. Sucedió “tras las vacaciones de fin de año y (cuando) tuvimos conocimiento de una sentencia”, apuntó la autoridad. Se refirió al fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TCP) que dispuso que asuma el control de la Gobernación; eso sí, mientras Camacho continúe detenido.

La secretaria de Gestión Institucional de la Gobernación cruceña, Patricia Viera, manifestó que la mayoría de estas 940 personas, registradas en la entidad departamental y que marcan biométrico, no contaban con sus procesos de contratación concluidos y tampoco se les había pagado su sueldo de enero.

“Tomo conocimiento de la existencia de carpetas, relacionadas con esos procesos de contratación, que se encontraban pendiente de firmas. Al revisar las carpetas, encontramos que solamente el 10% están concluidas y listas para ser firmadas, en tanto que el 90% tienen observaciones realizadas por el cumplimiento de los requisitos”, explicó Viera y agregó que se están subsanando estos procesos de contratación para proceder con el pago de planillas correspondientes a enero.

También recordó que en la entidad departamental existen dos tipos de trabajadores; los que tienen ítem, cifra que llega a 715 funcionarios; y los eventuales, por contrato o proyecto, cuyo número supera los 900 trabajadores.

Agregó que no se está buscando dejar de pagar los salarios o despedir a estos 940 funcionarios, sino que se evaluará técnicamente, la idoneidad que tienen para estar en los cargos que están desempeñando. Hasta la fecha, de las 940 carpetas, 350 fueron saneadas en unos dos meses.

Aguilera presentó ayer este informe realizado por Auditoria General sobre los estados financieros y ejecuciones presupuestarias de 2023, cuando Camacho estaba a cargo de la Gobernación a través de sus colaboradores más cercanos. El gobernador está detenido desde hace más de un año en el penal de Chonchocoro.

El gobernador en ejercicio anunció que se iniciarán auditorías especiales y procesos penales tras la identificación de 40 irregularidades. “Este proceso de auditoría es el inicio de un diagnóstico de la situación en la que se encuentra nuestro Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Con este informe hemos podido conocer 40 observaciones de diversas áreas de la gobernación que deberán ser subsanadas, corregidas o lo que demande la norma”, complementó la autoridad departamental.

Aguilera citó, entre las primeras observaciones, que se realizó el pago parcial de obras sin que hayan tenido un avance físico, es decir, que se erogaron recursos para proyectos sin construirse, por lo cual se revisará a profundidad las relaciones contractuales.

Puso como ejemplo una obra vial por la que se desembolsó más de Bs 5 millones sin que corresponda al monto por avance.

Otro hallazgo fue relacionado con la contratación de personal sin experiencia para los cargos. Agregó que tampoco existe información auditada sobre control y asistencia del personal, como faltas en el marcado biométrico sin respaldos de esos permisos.

Además, el gobernador en suplencia puntualizó que del total del presupuesto departamental, el 53,51% está destinado para recursos humanos en ítems y también para los programas y proyectos. En términos económicos, esto representa Bs 1.174.370.803.

Otro punto contemplado es la adquisición de activos y servicios sin registros en el acta de recepción, entre estos, equipos de perforación por Bs 279.000, cuya denuncia fue pública.

También existen compras por bienes y servicios que no se encuentran registrados de manera contable en el sistema de gestión pública, que reveló, según auditoría, una deuda de Bs 2,3 millones. Por último, existen observaciones que se centran en los hospitales de tercer nivel, donde se realizaron adquisiciones de bienes sin cumplir con los procesos establecidos por ley, como elevadores neumáticos, aires acondicionados y otros.

Dentro del área de salud, también se ha identificado la falta de mantenimiento en equipos médicos, bajo el riesgo de que se dañen, cuyo mantenimiento preventivo lleva hasta más de 200 días de retraso, según el reporte.

El secretario de Justicia de la Gobernación, Carlos Eduardo Correa, manifestó que esperará un informe final para ver que procesos se pueden seguir.

“Tendría que llegarme primeramente el informe de parte del asesor del gobernador, para ver qué recomendaciones habría, él dice, siempre la materia penal es la última instancia que se debe agotar, previo a eso hay un análisis administrativo para ver si corresponde algún tipo de responsabilidad, y en base a eso supongo van a llegar las recomendaciones a nuestra secretaría”, manifestó Correa.

Repercusiones

La jefa de bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Paola Aguirre, señaló que esta auditoria llegó a esta instancia y su contenido está siendo analizado por la Comisión de Administración, Economía y Finanzas de la ALD.

“El gobernador en suplencia Mario Aguilera mencionó auditorías específicas sobre ciertos puntos que, a decir de él, son ‘irregulares’ para poder profundizar en las investigaciones. Como asambleístas estamos de acuerdo, siempre y cuando se nos permita ejercer nuestro rol fiscalizador para que partir de estas observaciones detectadas, nosotros podamos acceder a toda la información, tomando en cuenta que son observaciones relativas a tareas del órgano Ejecutivo y no del Legislativo”.

A su vez, el ex asesor de la Gobernación y vicepresidente de la agrupación Creemos, Efraín Suárez, dijo que estas 40 observaciones tienen que ser subsanadas y, si lo amerita, investigadas de acuerdo a los procesos formales.

“En lo que no se debe entrar es en especulaciones y sentenciar cosas que no son. Lo que se ha hecho hoy (ayer) es sentenciar antes de investigar y realizar procesos específicos sobre esas observaciones, algo que está mal porque es tendenciosos”, manifestó Suárez y agregó que la gestión de Luis Fernando Camacho siempre ha sido transparente.

La exautoridad consideró que estos reportes son normales para marcar la gestión de Aguilera.