Creemos presentó en marzo seis preguntas sobre las posibles vulneraciones en la detención de la expresidenta Áñez. El oficialismo llevó 70.000 actas electorales para pedir pruebas sobre el fraude

10 de junio de 2021, 4:00 AM
10 de junio de 2021, 4:00 AM

Recuento de daños. La pelea que se produjo el martes en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa, durante la interpelación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dejó con lesiones y en estado de reposo a la diputada de Creemos Tatiana Áñez y a su colega del MAS Jorge Gabriel Colque.

Además, la diputada María René Álvarez, también de Creemos, sumó una denuncia. Dijo que uno de sus colegas del oficialismo, al que no pudo identificar, la lastimó tras “un forcejo en medio de la confusión”, con lo que el número de legisladores involucrados en la riña asciende a cinco. Todos ellos serán enviados a la Comisión de Ética, según anunció ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, del MAS.

“Vamos a seguir como corresponde, me han pedido que exista garantías, los compañeros de la oposición tienen todas las garantías para asistir a una sesión, como siempre se les ha dado”, agregó Mamani, quien lamentó la mala imagen que emitió el país con la demostración de violencia.

La pelea comenzó entre Henry Montero, de Creemos, y el diputado Antonio Gabriel Colque, del MAS, que se golpearon hasta caer el piso. Unos pasos cerca, Tatiana Añez (Creemos) y María Alanoca (MAS) se jalonearon y luego intercambiaron golpes. Las imágenes de estos hechos se divulgaron a través de vídeos y memes en cuentas de redes sociales.

El jefe de la bancada de Creemos, Edwin Bazán, denunció a cuatro legisladores del MAS y lamentó que su correligionaria Áñez haya sufrido esos tres días de impedimento que fue acreditado con certificado del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“Nuestro hermano diputado se encuentra descansando y en reposo bajo recomendación médica. Fue atendido en una clínica privada, pero no está internado”, afirmó el diputado Freddy Coro (MAS), ayer por la tarde.

Colque manifestó, tras la gresca, que “reaccionó de manera indebida” porque el senador Montero había insultado a una diputada indígena y a las autoridades de la testera que estaban dirigiendo la interpelación al ministro. En esa línea, Jhonny Pardo, también del oficialismo, anunció que llevará a la comisión de Ética al senador Montero por la golpiza.

“El MAS ha sufrido desde el inicio legislativo discriminación de diputados de derecha. Como siempre, manejan argumentos de levanta manos, incapaces y sumisos. Ayer el señor Bazán nos ha insultado diciendo que somos defensores de los narcotraficantes y de los corruptos”, relató Pardo.

El aludido denunció que el diputado oficialista, involucrado en la golpiza, ya había agredido a los legisladores de su partido en marzo, incluso a Erwin Bazán, y desde entonces, dijo, “hay un hostigamiento permanente”.

Los legisladores opositores acusaron a Del Castillo por no responder a las preguntas de la interpelación planteadas en marzo.

La senadora Centa Rek señaló que el MAS aplicó “un guion muy bien planificado para distraer el tema de fondo de la interpelación, que versaba sobre detención de la expresidenta Jeanine Añez”.

Desde que la solicitud de interpelación fuera planteada el 19 de marzo, cuatro días después de que una jueza decidiera enviar a la expresidenta Áñez a prisión preventiva, bajo los cargos de conspiración, terrorismo y sedición, mucha agua corrió debajo del puente. 

En ese tiempo, la Fiscalía presentó tres proposiciones acusatorias para que la exmandataria sea procesada en un juicio de responsabilidades y organizaciones internacionales, como el Parlamento Europeo, reclamaron por la ausencia del debido proceso en este caso. Además, la Fiscalía optó por “reconducir” esta investigación con una acusación de incumplimiento de deberes por la forma en la que asumió el gobierno transitorio el 13 de noviembre, luego de dos días de desgobierno por efecto de la renuncia de Evo Morales y de la línea de sucesión de las autoridades del oficialismo.

Desde el MAS admitieron que Del Castillo tuvo la responsabilidad inicial en encender los ánimos que provocó la violencia en el Legislativo, pero justificaron sus acciones debido a la necesidad de generar un escenario deliberativo “en favor de la democracia”.

“El detonante mayor fue la exposición de parte del ministro de Gobierno que mostró imágenes de la participación de grupos irregulares en oportunidad del golpe de Estado. Esto sería un agravio si el ministro de Gobierno habría falseado a la verdad”, señaló el diputado Juan José Jáuregui (MAS).

Pero, el presidente de la Cámara de Diputados justificó la apuesta del MAS en la presentación de las respuestas del ministro Del Castillo, quien “llevó 70.000 actas electorales de los comicios de 2019” para que los interpelantes aporten con pruebas a las denuncias de fraude de ese proceso electoral, que se produjo cuando el Tribunal Supremo Electoral proclamó ganador a Evo Morales, pese a las sospechas de fraude electoral.

“Dejemos este debate, seamos la generación del Bicentenario, construyamos nuestro país, podemos luchar contra la corrupción, hacer justica por esta gente, no busco enfrentarlos, busco unirnos”, señaló Del Castillo el martes ante las preguntas planteadas por opositores. Además, conminó a los legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos a firmar un pliego de acusación para el juicio de responsabilidades en contra de Áñez. “Si no lo hacen, se convertirán en cómplices de ese gobierno”, remarcó la autoridad ante una asamblea herida por la violencia.

En todo caso, los involucrados pueden ser sancionados entre seis a doce meses de suspensión sin salario, de acuerdo con los reglamentos de Ética de ambas cámaras legislativas. Este castigo se establece cuando un legislador incurre en hechos ofensivos o realiza acciones agresivas o violentas en los recintos de la Asamblea”.

Para el constitucionalista Carlos Börth, la gresca fue producto de un largo proceso de desinstitucionalización del diálogo democrático, pues consideró que los representantes de las fuerzas políticas están frente a la urgencia de una pandemia que afecta a una buena parte del país. “El debate político puede esperar, la salud no”, dijo.