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De manera coincidente, aunque no acordada, las dos instituciones que contribuyeron al proceso de transición gubernamental en 2019 se pronunciaron sobre el país y la reconciliación nacional.

La Unión Europea demandó diálogo en busca de la reconciliación entre los bolivianos, mientras que la Iglesia católica, a través del arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, advirtió que no puede haber reconciliación con una justicia que no esté al servicio de la verdad y que es “servil y carente de credibilidad”.

Ambos pronunciamientos ocurren cuando el Gobierno de Luis Arce Catacora y el MAS siguen sumando acusaciones de “golpe de Estado” e involucran precisamente a la Iglesia católica y a la Unión Europea de haber sido parte de esta figura. El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, remitió un informe a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachellet en el que apunta a la Iglesia de haber sido parte de una supuesta ruptura constitucional en el país; mientras que Evo Morales cargó contra la Unión Europea con el mismo argumento.

Ayer, en un mensaje por el Día de Europa, el embajador de la Unión Europea, Michael Dóczy, jefe de esa misión diplomática, recordó que la piedra angular de la política exterior del bloque pasa por “promover la paz, la estabilidad y la prosperidad” y, en ese marco, aseguró que Bolivia es la nación más beneficiada de América Latina en el curso de 25 años de cooperación bilateral. “Nos preocupamos por Bolivia y sus ciudadanos”, expresó el representante y sostuvo que la reflexión emitida por el aniversario de la Unión Europea “es también un mensaje de reconciliación, de diálogo pacífico y respetuoso, que es una obligación para los adversarios políticos en una democracia”.

Hace una semana, el Parlamento Europeo calificó de “presa política” a la ex presidenta Jeanine Áñez y solicitó que sea liberada, así como demandó que acabe la persecución política. El MAS rechazó esa postura y el expresidente Evo Morales envió una carta a la que llamó “la vieja Europa” por no reparar en la persecución que promovió el Gobierno de Jeanine Áñez, a través de los operadores de Justicia.

El Gobierno nacional no emitió nungún criterio formal al respecto ni por parte del presidente Arce ni de la Cancillería.

La vicepresidenta de la Unión Europea, Dita Charanzová, en una entrevista con Página Siete, dijo que Europa está esperando una respuesta oficial de Bolivia al pronunciamiento de esta organización que representa a los ciudadanos de ese continente. Aseguró que esperan una reconciliación a través del diálogo en el país y la liberación de los presos políticos, por lo que están pendientes de lo que ocurre en esta nación.

El Gobierno nacional ha reforzado el relato de que hubo un supuesto golpe de Estado en Bolivia y, para ello, nombró embajador ante la OEA al abogado Héctor Arce, exministro de Justicia y hombre allegado a Evo Morales.

Justicia

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, en la homilía dominical de ayer, cuestionó la administración judicial en el país. Así señaló que el servicio de la verdad es el motivo para no callar ante las injusticias. “Esto nos impulsa, como Iglesia, a hacernos eco del clamor que se eleva en nuestro país ante tantas agresiones a la vida y, en especial, ante una justicia servil que ha perdido toda credibilidad. No puede haber reconciliación, armonía y paz, si no hay una justicia independiente e imparcial que esté al servicio de la verdad, que actúe con equidad y sin distinción alguna en cuanto a la posición social, económica, política y religiosa de las personas”, remarcó el prelado.

Además, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé planteó la necesidad de la reforma de la justicia como una vía “imprescindible” para esa reconciliación en el país.

El sábado por la noche, al cumplirse seis meses de mandato de Luis Arce y en una entrevista con periodistas de los medios estatales, recordó que a principios de diciembre de 2019 tuvo que abandonar el país para asilarse en México, pero bajo amenazas en su contra. Aseguró que a pesar de contar con un salvoconducto, había agentes que quisieron bloquear su salida en el aeropuerto. “En realidad, eran instrucciones que recibían para hostigarnos hasta el último momento, para no dejarnos ir. Ese era el objetivo, no era otro, el que yo no salga del país, repito, pese a tener un salvoconducto”, afirmó Arce.

La crisis política de 2019 estalló tras las elecciones generales en las que Evo Morales buscaba la reelección por un cuarto mandato a pesar de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, una consulta en la que el MAS buscó, sin éxito, modificar la Constitución Política del Estado. Tras un cambio brusco de resultados de las elecciones de octubre de 2019 y después del corte de la transmisión rápida de datos, se generó la sospecha de que se estaba dando un fraude. Fue Evo Morales quien convocó a la OEA para hacer una investigación, aunque después desconoció el informe de los peritos que hablaba de una manipulación dolosa de los datos, detallando las irregularidades detectadas. Para entonces, Bolivia llevaba 21 días de paro cívico nacional y, tras motines policiales y la sugerencia de las FFAA, la COB y la defensora del pueblo de que renuncie, el entonces primer mandatario acabó dimitiendo desde Chapare.

Reforma

“La justicia accesible e imparcial sigue ausente y su reforma no debe postergarse ni improvisarse indefinidamente, más aún si es imprescindible para la reconciliación. La voluntad soberana y constituyente de la gente puede iniciarla”, apuntó el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé a través de su cuenta en Twitter.

El expresidente fue parte de un organismo consultivo que fue creado a inicios de la gestión de Arce para reformar al Órgano Judicial, la entidad llamada a juzgar las muertes que dejó la crisis de 2019, cuando fallecieron 32 personas, muchas de ellas tras operativos militares y policiales, pero también en medio de protestas en la que los seguidores del MAS tuvieron una participación activa.

El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que el proceso de reforma judicial ingresó en “una pausa”, negó que esta iniciativa haya fracasado y anticipó que puede ser factible para 2023, cuando se desarrollen las elecciones de altos magistrados.

Uno de los aspectos observados en la actual estructura judicial es, precisamente, el proceso de elección de altas autoridades del Órgano Judicial, pues para que estos personeros lleguen a la papeleta de votación deben pasar por una selección legislativa donde el MAS mantiene hegemonía en la toma de las decisiones.

Detenidos

Transcurridos seis meses de gobierno y más de un año de las muertes en Sacaba y Senkata, los operadores de justicia no han instalado ningún proceso formal. Hasta el momento existen dos altos jefes militares en prisión preventiva y más de una docena de personas investigadas.

La presidenta Áñez está detenida por seis meses en el penal de Miraflores por supuestos delitos que, según la Fiscalía, pudo cometer siendo senadora, pues la investigación por vulneración a derechos humanos aún está en la etapa preparatoria. El fiscal general, Juan Lanchipa, pidió 20 días adicionales para presentar otras acusaciones con miras a un juicio de responsabilidades.

Entre tanto, la Fiscalía dejó de lado las pesquisas sobre las denuncias de “fraude”.

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