La inaccesible información pública
Bolivia está inmersa en la campaña para elegir alcaldes y gobernadores. Es un buen momento para poner en la mesa del debate el Acceso a la Información Pública como un derecho ciudadano, pero también como una obligación del Estado establecida en la Constitución Política del Estado, como parte del Derecho a la Información y Comunicación explicados en los Arts. 106 y 107 y específicamente en el artículo 21.6.
Si bien una Ley no garantiza por sí sola un cambio en la gestión pública, la ausencia de esta nos muestra cuán lejos estamos en este momento de lograr una cultura de gestión pública participativa y transparente – lo que organismos internacionales llaman gobierno abierto- lo cual va en conjunción con una cultura ciudadana de transparencia. Bolivia es uno de los tres países de la región que no tiene una Ley de Acceso a la Información Pública (junto a Venezuela y Surinam), pese a ser signataria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla concretamente del tema en su Art. 19.
En días pasados, varias instituciones privadas de desarrollo social (ONGs) presentaron una carta al Ministro de Justicia pidiendo participar en la discusión de la Ley de Acceso a la Gestión Pública, dado que existe un proyecto gubernamental en curso. Estas prestigiosas instituciones (entre ellas Fundación Construir, Fundación UNIR Bolivia, CEJIS, CIPCA, AIPE, UNITAS, la Red PCCS y treinta más) solicitaron una audiencia para conocer el proyecto y enviar sus sugerencias.
Una Ley de Acceso a la Información pública que respete los principios del derecho ciudadano a conocer el manejo de los recursos públicos sería fundamental para la fomentar la democracia participativa. De seguir como estamos, la ciudadanía no podrá hacer un seguimiento efectivo a la gestión pública al no contar con los elementos indispensables para vigilar la gestión pública, como son los datos generados desde los distintos niveles gubernamentales e instituciones que los integran. Una norma por sí sola no logrará nada, tendría que existir una política pública que fomente la cultura de transparencia en vez de la cultura de opacidad que prima en la mayoría de las instituciones gubernamentales. Y sin ninguna duda esta política pública debería contemplar la formación y capacitación ciudadana en vigilancia de la gestión pública. Esto es imperativo considerando que usualmente se entiende la rendición de cuentas como rendición de cuentas económicas, del destino de los dineros, no del proceso decisional de asignación de presupuesto a determinadas necesidades (Ej. ¿Quién decidió hacer este aeropuerto si necesitamos un hospital?), ni del proceso de contratación de empresas, ni del proceso de seguimiento y vigilancia ciudadana a la realización de obras o proyectos sociales.
La futura Ley boliviana tendría que estar ajustada a los parámetros internacionales –existe una Ley Modelo propuesta por la OEA desde el año 2010, la Ley debería tener por principio la máxima publicidad (difusión transparente) de la información y el secreto debería ser la excepción (sujeta únicamente a cuestiones de seguridad nacional). El Programa Interamericano de la OEA reconoce “el rol fundamental del acceso a la información pública en el proceso electoral y democrático, en la gobernabilidad del Estado, en la transparencia y combate a la corrupción, en la protección y promoción de los derechos humanos, y, en particular, en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así como en la libertad de prensa”.
La democracia como gestión de lo público en público (Bobbio) no puede prescindir de la participación ciudadana en un tema sustancial como es legislar el derecho a conocer cómo se administran los bienes y recursos materiales y simbólicos que nos pertenecen a todos. Ojalá se abra un proceso participativo y transparente para construir una Ley de Acceso a la Información Pública.
