La incierta apuesta por los bonos soberanos
El año 2012 Bolivia ingresó en el mercado bursátil internacional con la primera emisión de 500 millones en bonos soberanos. En ese momento, como consecuencia del incremento de los commodities, el país recibió una positiva calificación de riesgo por las calificadoras especializadas y tenía un buen nivel de reservas internacionales, factores que ciertamente eran atractivos para los inversores.
¿Por qué Bolivia decidió entrar en este terreno? Porque era un mecanismo atractivo de deuda más allá de los compromisos que el país tenía y tiene con organismos multilaterales y con países acreedores, y le permitía al Estado financiar los servicios gubernamentales o los déficits presupuestarios.
Un bono soberano establece una relación de deuda y acreencia. Es deudor el Estado boliviano que ofrece el pago de atractivas tasas de interés y la devolución del préstamo después de 10 años y es acreedor el inversionista que adquiere los bonos en los mercados.
La experiencia de 2012 alentó al Gobierno de Evo Morales y su entonces ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, a efectuar una segunda emisión por otros 500 millones de dólares en 2013 y una tercera operación en 2017 por 1.000 millones de dólares.
En resumen, Bolivia obtuvo 2.000 millones de dólares por las mencionadas operaciones bursátiles. ¿En qué se invirtieron esos recursos?
Según datos oficiales del Ministerio de Economía y del Banco Central de Bolivia, los recursos obtenidos en las emisiones de 2012 y 2013 se destinaron a proyectos de infraestructura caminera en diferentes departamentos y municipios, y los 1.000 millones de dólares obtenidos en 2017 deben ser invertidos en la construcción de hospitales de cuarto nivel en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Sobre el último punto, valga la pena anotar que hasta ahora solo se ven obras en el departamento de La Paz.
Sin duda, la inversión en infraestructura y salud es importante; sin embargo, uno de los temas para el debate y análisis es la conducción de la economía. Es decir, varios analistas plantean que los 2.000 millones de dólares de deuda contraída por los bonos soberanos pudieron ser invertidos en proyectos productivos, en ese viejo anhelo de dejar de depender de la explotación de materias primas para pasar al círculo virtuoso de exportar productos con valor agregado, pero ese cambio cualitativo sigue y seguirá siendo una utopía.
Dado que los bonos soberanos son deuda, llegó la hora de pagar. En 2022 vencieron los 10 años de la primera emisión, este 2023 vencerá el plazo de la segunda emisión y en 2027 se vencerá el plazo de la tercera. Para honrar sus compromisos el Estado podría devolver el capital a los acreedores; es decir, desembolsar 1.000 millones de dólares, pero ciertamente el Tesoro General de la Nación no está en condiciones de hacerlo y las Reservas Internacionales están en muy bajos niveles.
Entonces, el Gobierno optó por la segunda opción, que es refinanciar la deuda a través de la emisión de nuevos bonos que, por las noticias que llegan del sector económico, no han tenido el mismo éxito de las emisiones anteriores porque las condiciones políticas y económicas del país no son las mejores.
En consecuencia, aconsejan los expertos que debería dejarse de lado el exitismo de ciertos anuncios oficiales porque no es lo mismo obtener recursos para inversión que refinanciar una deuda. Por el contrario, bien haría el Gobierno en fortalecer el sector productivo de la economía para mejorar las recaudaciones impositivas, generar empleo y dinamizar la economía. Pero, lamentablemente, gana siempre el interés político que el bien mayor de la ciudadanía.
