Opinión

La injusticia acumulada

7 de enero de 2020, 3:00 AM
7 de enero de 2020, 3:00 AM


Son múltiples las causas de la injusticia en Bolivia. Mucha gente señala la corrupción como la principal, pero hay otras como la falta de jueces y la acumulación de causas en los tribunales. Entonces, el bajo presupuesto asignado al Poder Judicial es una de las razones fundamentales para que la ciudadanía se sienta indignada y afectada por lo que ocurre en los tribunales.

Ayer fue inaugurado el año judicial en Santa Cruz. Allí se supo que esta gestión arranca con una acumulación de más de 88.000 causas pendientes de resolver en el departamento. Eso significa que a cada juez le toca atender un promedio de 1.000 casos, sin contar los nuevos procesos que comenzarán en esta gestión. Esa tarea es humanamente imposible y deja como efecto una brutal retardación de justicia.

Las cifras brindadas por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, Efraín Cruz, indican que 2019 comenzó con una carga procesal de 57.645 causas pendientes, a las que se sumaron más de 63.000 casos que ingresaron durante el año. Se resolvió un tercio, pero el resto queda acumulado y miles de personas pendientes, entre las que están las privadas de libertad.

Resulta increíble que el anterior Gobierno, el exministro de Justicia y el expresidente no supieran esa realidad. Si así fuera, habría que instalar un monumento a la incompetencia. Quizás sí se conocía la información, pero el problema no fue considerado una prioridad, a pesar de los discursos grandilocuentes que decían lo contrario.

Por otro lado, hacia el final del mandato de Evo Morales entró en vigencia la Ley de Abreviación Procesal Penal, cuyo fin era imprimir celeridad en la atención de causas judiciales y bajar el número de detenciones preventivas. Muy interesante en el papel y casi nada efectiva en los hechos, debido a las condiciones del sistema judicial.

La presidenta Jeanine Áñez reveló que la partida asignada al Poder Judicial es del 0,38% del Presupuesto General del Estado, monto que es insuficiente para un órgano fundamental en la vida democrática del país. Ella misma decía ser consciente de que el déficit es de $us 200 millones de dólares y prometía que se iría incrementando progresivamente la asignación, a fin de mejorar la atención de causas.

Aparte de la falta de tribunales y jueces, hay que destacar que la falta de dinero determina que los sueldos de los juzgadores y personal de apoyo en los tribunales sean muy bajos, favoreciendo los ‘maletinazos’ con ofertas de corrupción. Adicionalmente, un litigante debe no solo tener paciencia para enfrentar el problema, sino también dinero porque debe pagar a quienes hacen las notificaciones, etc.

La situación es altamente compleja y no había sido enfrentada como es debido. Los discursos y las leyes enunciativas no contribuían a la solución. Por eso hay que destacar la iniciativa de Jeanine Áñez de incrementar el presupuesto, porque eso está dirigido a la médula misma del problema.

A los problemas ya dichos se debe sumar la manipulación política de la justicia que hicieron los miembros del Gobierno de Evo Morales. Era llamativo que muchos jueces actuaban según indicaban los ministros o el mismo presidente, no se sabe si por mantener la pega, por chantaje o por conveniencia de algún otro tipo.

El ciudadano debe ser consciente de que merece la mejor justicia posible y nada menos que eso. Por eso, debe presionar para que las condiciones estén dadas, para que se creen nuevos tribunales, para que se acabe la corrupción y que -aunque el proceso demore- los bolivianos puedan ver la luz al final del túnel de la injusticia que ahora está acumulada.

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