La irracional defensa de los árboles emplazados en propiedades privadas

Yo me pregunto: a quién no le agradaría cobijarse bajo la sombra de un frondoso jorori, saborear una dulce ambaiba, beberse un refresco helado de tamarindo, o deleitarse con las flores de un bello toborochi, en su propia casa. Me imagino que a todos, pero lamentablemente eso no siempre puede ser posible.

Hay quienes hace mucho tiempo tuvieron la fortuna de adquirir a bajo costo o heredar terrenos de generosas dimensiones, ubicados a una distancia “relativamente” corta del centro de la ciudad.

Actualmente, existen todavía algunas personas que al gozar de cierta estabilidad económica, aún los conservan y disfrutan, sin verse obligados a subdividirlos. Otros, agobiados por los costos de mantenimiento, impuestos, etc., aprovechando la plusvalía generada por el crecimiento de la ciudad, optan por subdividirlos y/o venderlos.

Como en todas las ciudades del mundo, debido al crecimiento demográfico, el requerimiento de viviendas y servicios crece; consecuentemente, la demanda producida por éste fenómeno, hace que el costo de la tierra se eleve.

De esta manera resulta fácil entender que la dimensión de los terrenos en general y la de los destinados al uso de vivienda en particular, se hayan reducido, y que por otra parte, para obtener mayor provecho, se opte por construir bajo la modalidad de edificios, con lo cual se consigue bajar los costos y permite adquirir un vivienda cerca del centro a un costo razonable.

En la actualidad, solo en casos “muy especiales”, se puede vivir en terrenos grandes que contengan abundante vegetación. No es difícil comprender que al edificar en terrenos pequeños se hace muy difícil salvar un árbol ubicado de manera desfavorable.

En éste punto entra la obligación de las autoridades competentes, de generar, mantener y vigilar espacios verdes distribuidos por toda la ciudad, que además de actuar como pulmones, puedan ser disfrutados democráticamente por sus habitantes, devolviéndoles de alguna manera lo que el desarrollo les arrebató.

Luchemos para que las entidades municipales asuman su responsabilidad, arborizando las calles y avenidas de la ciudad, además de crear plazas, parques en proporción al tamaño de la ciudad.

Incitemos a los ciudadanos a amar a los árboles (si es que hay alguien que no los ame), y a que tomen consciencia de su importancia, pero no los obliguemos a preservar los que están dentro de su propiedad privada, con ordenanzas municipales que están por debajo de las leyes.

La norma municipal vigente interfiere en la libre disposición de los árboles en un lote privado, es ilegal porque viola el artículo 111 del Código Civil, norma jerárquicamente superior y de alcance nacional, que dice: “La propiedad del suelo se extiende al subsuelo y sobresuelo, prolongados desde el área limitada por el perímetro superficial hasta donde tenga interés el propietario para el ejercicio de su derecho”. Los árboles dentro de un lote son, por tanto, de libre disposición de su propietario.

En conclusión, como indica mi querido amigo el abogado, especialista en Derecho Ambiental y gran defensor de la naturaleza Don António Andaluz Westreicher: Nunca se ha causado más daño a los pobres árboles de Santa Cruz, que con la norma municipal que limita su libre disposición por el propietario, porque la gente le ha agarrado miedo a los árboles como un factor de desvalorización de su terreno y porque la señal es: ni se te ocurra sembrar árboles, porque después no podrás ni podarlos, y mucho menos talarlos, sin autorización municipal. Para colmo, esto va también para árboles frutales. En consecuencia, es en defensa del árbol que debe abrogarse esa norma que supuestamente vela por su protección.

Finalmente, considero que si encontramos en el área urbana, terrenos privados que cuenten con una vegetación particular que amerite su conservación, exijamos a la alcaldía que pagando un precio justo, los expropie en beneficio de la toda la ciudad, sin perjudicar a quienes posiblemente plantaron “los árboles que tanto amamos”.