Escucha esta nota aquí

La justicia sigue aplazada en Bolivia y no logra superar el descrédito en que se encuentra sumergida desde hace más de una década. Los intentos de reformas en los últimos 15 años resultaron insuficientes para impulsar una transformación. El sistema judicial responde al poder político -coinciden expertos- y actúa de acuerdo al color del partido que gobierna el país. Con el Movimiento Al Socialismo (MAS) la imparcialidad judicial estuvo lejos de ser una realidad y tuvo como esencia opacar a los líderes opositores a Evo Morales. Una situación similar ocurre con la administración transitoria, que tiene como objetivo “cazar” a los hombres fuertes de la anterior administración.

La actuación del sistema judicial boliviano ha recibido cuestionamientos de organismos internacionales. El relator Especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, expresó su preocupación, el viernes 7 de febrero, por el uso de las instituciones judiciales en Bolivia para la persecución política e identificó que uno de esos casos fue el del asambleísta Gustavo Torrico (MAS), que se encuentra con detención domiciliaria acusado de terrorismo.

En el anterior Gobierno también hubo voces que alertaron sobre el uso político de la justicia por las autoridades de turno. En marzo de 2010 el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, cuestionó la falta de “independencia e imparcialidad” de la justicia boliviana a la que calificó más vulnerable a los factores políticos que en años pasados.

Las alarmas internacionales también se accionaron el 2 de febrero cuando dos fiscales instruyeron la detención del exministro César Navarro y del exviceministro Pedro Damián Dorado, cuando se disponían viajar a México en calidad de refugiados políticos, amparados en un salvoconducto extendido por la Cancillería boliviana.

El fiscal Samuel Lima emitió la instrucción de apremio y la Policía obedeció minutos antes de que aborden el vuelo. Esa acción causó un revuelo y molestó a la comunidad internacional.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, apareció molesto por la orden de aprehensión contra dos exautoridades del MAS. Después, pidió públicamente la cabeza de Lima y también la destitución del fiscal de distrito de La Paz, William Alave. Ese “pedido” se concedió y ambos fueron removidos de sus cargos.

La exjueza y actual diputada del MAS Betty Yañíquez califica este hecho como “servilismo” de la justicia a los “intereses políticos” del gobierno de turno. Pero, la legisladora no quiere aceptar que sucedía lo mismo en la era de Evo Morales.

Precisamente, la actual diputada por el MAS y ex jueza de La Paz fue acusada por Boris Villegas, en agosto de 2014, de recibir instrucciones del ‘gabinete jurídico’ del Gobierno de Morales para encarcelar a los opositores. En 2009, Yañíquez entonces era jueza séptimo de Instrucción en lo Penal, ordenó la detención preventiva de Mario Tadic Astorga y Elod Toaso. Posteriormente instruyó la detención preventiva de Zoilo Salces, Gary Prado Salmón, Juan Carlos Santistevan y otros, en el recién anulado caso terrorismo.

Consultada sobre el uso político de la justicia, Yañíquez dijo: “Justamente hemos visto que (las exautoridades del MAS) están siendo acosados políticamente con procesos que antes no eran ni siquiera investigados y lo extraño es que este tipo de acoso se ve justamente en esta campaña electoral que está empezando”,

La primera jueza que atendió el caso terrorismo descarta que en las gestiones del MAS la justicia fue un instrumento de persecución.

Los casos contra el MAS

La legisladora pone como ejemplo destacados los casos de Gustavo Torrico, que fue aprehendido por emitir declaraciones torpes en pleno conflicto; de Carlos Romero, exministro de Gobierno que está en la cárcel de San Pedro en La Paz por un caso que él denunció; de Luis Arce Catacora, candidato presidencial del MAS que tiene orden de declarar por el caso Fondo Indígena; de Patricia Hermosa, apoderada de Evo Morales y exjefa de gabinete del expresidente que está detenida en el penal de Obrajes, en La Paz, por supuestamente cometer actos de sedición y terrorismo por contactarse telefónicamente con Morales en plena convulsión social.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, descarta cualquier presión política al sistema judicial. Para la autoridad, la justicia estuvo sometida al MAS y ahora que tiene “independencia” está haciendo su trabajo sin ninguna orden del Órgano Ejecutivo.

“Les manifestamos (a los magistrados) que asuman sus atribuciones que confiere la Constitución y las leyes. Que se empoderen en sus cargos como jueces, que hagan valer la independencia, la libertad y la transparencia que debe tener un juez. Se acabaron los 14 años de autoritarismo”, destaca Coímbra. En ese discurso, el ministro de Justicia también pide a los magistrados que cumplan su labor sin cometer delitos de corrupción.

Descartan persecución

El ministro Arturo Murillo diferencia la situación de un perseguido político y un investigado. Recalca que existen exfuncionarios del MAS que son indagados por hechos de corrupción y narcotráfico, sobre todo. Además, está seguro que el aparato judicial actual fue montado por el gobierno de Evo Morales y que eso perjudica en la investigación de la Fiscalía.

“Hay muchos en el país que están siendo investigados, pero es importante no tomarlo como persecución política (...) Acá no hay persecución política, lo que hay es un trabajo que no hubo en 14 años cuando el MAS cometió delitos de corrupción y narcotráfico, cuando el MAS utilizó a la justicia con fines políticos”, remata Murillo.

La exmagistrada del Tribunal Constitucional y actual candidata a senadora por Comunidad Ciudadana en Chuquisaca, Silvia Salame, ve que la crisis de la justicia viene antes del MAS, pero asegura que en las gestiones de Morales se agravó por la intromisión política.

“Hace muchos años que la justicia está con dificultades, pero creo que todos esos problemas se agudizaron con el gobierno de Morales. Ellos (del MAS) hicieron creer a la ciudadanía que las elecciones judiciales podrían cambiar esto, pero después de años se ve que fue todo un fracaso”, recalca Salame.