12 de agosto de 2022, 7:51 AM
12 de agosto de 2022, 7:51 AM

Un joven del Plan 3.000 aprehendido durante el paro cruceño de 48 horas fue enviado a la cárcel por 90 días en tiempo récord por haber sido encontrado con una mochila de petardos, mientras el grupo irregular armado de Las Londras, que es afín al MAS y que en octubre de 2021 disparó con armas de fuego, secuestró y torturó a 17 personas, continúa libre.

También ayer, la Policía Departamental de Santa Cruz gasificó brutalmente a un grupo de personas que hacían vigilia en las afueras de la EPI 3 del Plan 3.000 y que exigían la liberación del detenido y trataban de impedir su traslado a las celdas de Palmasola. A los uniformados no les importó que hubiera menores de edad entre los manifestantes.

Carlos Andrés Aguilera es el nombre de la persona que irá a la cárcel por protestar durante el paro cruceño. Esos mismos días, en las oficinas de la Alcaldía Municipal se encontró varias cajas con explosivos, es decir mucho más que una mochila, además de personas que no eran funcionarios y que dormían y bebían allí. Ninguno de esos jóvenes ni nadie de la Alcaldía fue detenido por esa tenencia de explosivos.

Durante los dos días de la movilización cruceña, decenas de personas afines al partido de Gobierno circularon por las calles y avenidas amedrentando a los ciudadanos, haciendo reventar explosivos como los que tenía Carlos Andrés Aguilera. Pero tampoco nadie de ellos fue detenido y mucho menos enviado a Palmasola por 90 días.

En La Paz, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó como delincuentes peligrosos a 24 manifestantes, hombres y mujeres, detenidos durante los enfrentamientos entre cocaleros de Adepcoca y la Policía. Eran personas que protestaban por la instalación de un mercado paralelo de coca que ellos consideran ilegal, y que es protegido con resguardo policial porque son cocaleros afines al MAS.

Los vistieron con chalecos antibalas de color negro, como se viste a los terroristas, y en pantallas les mostraron sus rostros como cuando se arma identikits de delincuentes buscados. El ministro los llamó ‘vándalos y delincuentes’.

Las leyes bolivianas y de todo el mundo prohíben exhibir públicamente a los detenidos, cualquiera sea el delito que hubieren cometido. Es más, ni siquiera cuando se dicta sentencia ejecutoriada contra un detenido se los puede exhibir, porque eso es una violación de sus derechos humanos.

Pero el miércoles esos 24 detenidos fueron mostrados a la prensa enmanillados, escoltados por policías y alineados como si se tratara de una banda criminal de terroristas, solo porque son parte de un grupo de cocaleros de Yungas que no son afines al partido de Gobierno.

Cuando al ministro se le preguntó por qué se estaba mostrando a los detenidos, prefirió ignorar la pregunta en dos ocasiones y no respondió.

La Oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó el uso excesivo de la fuerza policial contra los cocaleros de Adepcoca y criticó la exhibición pública de los detenidos, una acción contraria a la obligación de los Estados a respetar los derechos humanos de las personas. Pero de nada sirvió porque esa opinión se expresó cuando todo ya había ocurrido.

Hace pocas semanas, en Santa Cruz se detuvo por unos pocos días a uno de los campesinos que actuó con armas en el secuestro y agresión a periodistas. La Policía no lo mostró. Cuando se le preguntó al jefe policial por qué no se lo exhibió como se hace con otros detenidos, él respondió que las leyes protegen su derecho humano y que no estaba permitido mostrarlo a la prensa sin su consentimiento.

Así es la justicia y la Policía del MAS: palo para los contrarios, zanahoria para los afines al Gobierno.

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