La justicia ciega, sorda, muda y pervertida
El control político del poder judicial termina erosionando el Estado Constitucional de Derecho, el sistema democrático y sus instituciones. Aquí los jueces no garantizan el respeto y cumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos reconocidos en la Constitución y las leyes. No basta entonces con que existan normas; es preciso que esas normas sean eficaces y regulen las relaciones entre todos, contando para ello con el respaldo de la autoridad.
El sistema judicial es tradicionalmente ineficaz y lo es porque en él se ha separado de una manera llamativa lo que dicen las normas de su vigencia efectiva. Y lo más grave es que vive con “naturalidad” su ineficacia, y consiguiente degradación sistemática. Los jueces incluso se desentienden usualmente del cumplimiento de sus decisiones. En general, les basta con emitir la sentencia; consideran que su obligación llega hasta ese punto y si después la decisión es obedecida o no, es algo que parecen considerar como un tema distinto, que no les importa demasiado.
Como sostiene el experto Luis Pásara, los jueces latinoamericanos no comparten la idea de que el derecho que no es eficaz, en realidad, no es derecho sino “letra muerta” o “papel mojado”, que no tiene otra función que la de engañar incautos. La ineficacia es patética cuando se trata de sancionar los abusos del gobierno. Así, por ejemplo, las actuaciones delincuenciales del grupo irregular en Las Londras (aliados del gobierno) ni siquiera se preocuparon de ocultar evidencias acerca del secuestro y torturas por más de 7 horas en contra de los ocasionales periodistas. Para el ciudadano promedio, en efecto, no hay nada más frustrante, que constatar la existencia de un sistema que garantiza impunidad a los poderosos.
La noción de Estado Constitucional de Derecho se utiliza de diversas maneras, a veces contradictoria, y significa contenidos diferentes entre públicos distintos. Al someterse a un conjunto de normas, una sociedad expresa un proyecto de vida en común y cooperación colectiva que, cuando se hace realidad, ha alcanzado el Estado de Derecho. Sin embargo, para que éste sea efectivo se requiere que los ciudadanos tengan acceso a los mecanismos para resolver sus conflictos, que la actuación del Estado se halle efectivamente bajo control de la ley, y que ambos factores sean de responsabilidad de un aparato de justicia independiente, imparcial y efectivo.
La aplicación efectiva de la ley boliviana es intermitente y terriblemente selectiva. La carencia o flaqueza de un aparato de justicia que desempeñe a cabalidad su función constitucional, cuidando de que los órganos del Estado se atengan a las reglas establecidas en el orden legal, afecta severamente el sistema de “pesos y contrapesos” que es constitutivo del juego democrático. Si los jueces no tienen capacidad efectiva de poner límites al uso y abuso del poder de las autoridades, la democracia se resiente y se debilita. Pero el efecto social puede ser aún más profundo: cuando las normas no son aplicadas a todos por igual, las diferencias existentes en la sociedad (en razón de tener o no poder) se exacerban debido a la ausencia de un conjunto de reglas efectivamente compartidas y consideradas legítimas por todos. En este caso la cohesión social resulta dañada.
El control político termina licuando la independencia judicial, y entonces la justicia se convierte en un instrumento al servicio del poder político. El poder judicial siempre ha sido visto como una institución bajo control y controlable, donde conviene colocar partidarios o, cuando menos, personas políticamente inofensivas que, si no son leales, por lo menos se abstengan de perjudicarlos. En general, los jueces miran hacia otro lado cuando las autoridades hacen algo ilegal y, para éstas, esa actitud es todo lo que necesitan para saquear al Estado y sus instituciones.
La independencia judicial, consagrada en la Constitución, no existe en la realidad: el modelo de justicia del MAS ha fracasado y deben hacerse cargo del monstruo que han creado y sus consecuencias.
