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27 de marzo de 2023, 4:00 AM
27 de marzo de 2023, 4:00 AM

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas creó, en 1998, la Corte Penal Internacional e inmediatamente se convirtió en una propuesta ambiciosa para combatir los abusos de poder y la impunidad. Bolivia ha homologado el Estatuto de Roma, en sus 128 artículos, según la Ley N° 2398 de 24 de mayo de 2002. Este reconocimiento supone uno de los mayores desafíos para el Estado boliviano porque tiene que incorporar en su normativa una serie de disposiciones que permitan no sólo materializar el principio de complementariedad, sino también compatibilizar el sistema penal con los cambios que se vienen consumando en la Comunidad Internacional.

La Corte Penal Internacional abrió sus puertas en Países Bajos hace más de dos décadas, sin hacer apenas ruido. Ocho funcionarios se instalaron el 1 de julio de 2002 en un edificio que entonces era provisional, pero albergaba ya la primera Corte permanente para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio. Se trata de un hito de la justicia internacional, y también del mayor aviso lanzado hasta la fecha hacia los máximos responsables de los peores crímenes contra la humanidad.

Al no reconocerse la inmunidad en razón del cargo, cualquier líder político, militar o guerrillero podría responder ante 18 jueces de diversas nacionalidades. La Corte afronta el mayor reto de su historia: investigar, juzgar y condenar los crímenes cometidos con la invasión de Putin a Ucrania. La causa avanza porque ha librado una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de menores ucranios desde los territorios ocupados por Rusia. Este es un crimen de guerra por el que el tribunal señala también a María Lvova-Belova, comisionada del Kremlin para los Derechos de los Niños. El Gobierno ucranio considera en 16.221 los menores que han sido deportados del país desde la invasión rusa a Ucrania.

Sin embargo, Rusia no es miembro del TPI y tampoco reconoce su jurisdicción, pero los jueces han pedido el apoyo de la comunidad internacional para llevar a cabo sus resoluciones. Las órdenes podrían ejecutarse en dos supuestos: o bien que los acusados viajaran a un país que sí forme parte de esta Corte y estuviera dispuesto a detenerlos o bien que hubiera un cambio de régimen en Rusia que permitiera la extradición de Putin y de Lvova-Belova. Putin es el tercer presidente en ejercicio que ha recibido una orden de detención del TPI.

Sin embargo, la Corte Penal Internacional no ha conseguido todavía una sentencia contra un mandatario en ejercicio, pero los estándares marcados por el Estatuto de Roma, su texto fundacional, han ayudado a que avance la jurisdicción universal, que permite a los jueces nacionales abordar casos de este tipo. Este tribunal universal tiene una doble asignatura pendiente. Por un lado, necesita más apoyo por parte de sus 123 miembros para que se vuelquen en otros casos como lo han hecho tras la invasión rusa en Ucrania.

Por cierto, es la primera vez que 40 países le han pedido a la Fiscalía que investigue las atrocidades perpetradas en esa guerra. El fiscal colabora con el denominado Equipo Conjunto de Investigación (JIT) del que forman parte Polonia, Lituania y la propia Ucrania, además de Estonia, Letonia y Eslovaquia. Entre todos, recogen y almacenan pruebas que servirán para el presente caso, y los que vengan con motivo de los crímenes de guerra o contra la humanidad perpetrados en territorio ucranio.

La Corte Penal Internacional tiene que buscar materializar el principio de la justicia universal, que atribuye a todos los Estados vocación represiva para conocer de un delito cometido por un individuo de cualquier nacionalidad y Estado. La idea es que ejerza la justicia represiva contra los crímenes, calificados de lesa humanidad, independientemente de las personas acusadas y lugar de su perpetración.

Que la CPI haya librado una orden para detener a Putin, constituye no solo un gran avance para frenar las atrocidades de la invasión y erradicar la impunidad, sino también representa una condena moral contra un autócrata, sin precedentes en el derecho internacional. 

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