La ley judicial apenas marca el inicio de una gran batalla para renovar a magistrados

La ley 1549, “Ley transitoria para las elecciones judiciales 2024”, sólo es el inicio de una gran batalla en la Asamblea Legislativa por la renovación de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En ese marco se necesitan dos grandes acuerdos con dos tercios de voto de los parlamentarios y se identifican otros dos momentos clave, antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenga la lista de postulantes y se haga cargo del proceso eleccionario.

Legisladores y expertos coinciden en que la Ley de elección judicial, es resultado de la presión social que acorraló al oficialismo desde distintos flancos de la sociedad boliviana que se expresó con protestas callejeras con enfrentamientos, bloqueos de caminos y una reprobación generalizada a la autoprórroga de los magistrados y consejeros del TCP y de las tres instancias del Órgano Judicial: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Mientras, el presidente Luis Arce aseguraba ante sus bases que él no se opone a que se realicen las elecciones judiciales, pero de forma transparente y sin cuoteos, la oposición y analistas coinciden en que el jefe de Estado no quiere y no le conviene la renovación de los magistrados, y solo promulgó la ley presionado por las protestas y descontentos, a días de la larga fiesta del carnaval, tomado como un momento estratégico para calmar los ánimos.

En el Legislativo

El primer momento clave es el arranque de todo el proceso. Según el artículo 16 de la Ley de elecciones judiciales, la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo debe elaborar la convocatoria pública para la inscripción y el registro de los postulantes.

Tras concluida esta tarea viene el primer acuerdo que deben lograr lo parlamentarios que es aprobar en sesión de ambas cámaras, y con más de dos tercios de voto de los presentes, la convocatoria pública para el registro e inscripción de precandidatos.

Es decir, el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, debe convocar a sesión para aprobar la convocatoria pública.

“La Convocatoria será publicada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en la Constitución Política del Estado, la presente Ley y la normativa vigente, estableciendo las fechas en las que se desarrollará el proceso”, detalla el parágrafo II del artículo 16 de la Ley 1549.

El segundo momento en este proceso se identifica a la fase de evaluación de méritos y calificación para la fase de preselección (artículo 37), a los aspirantes o precandidatos que deben cumplir una serie de requisitos. En ese marco tendrán un “examen de preguntas escritas y respuesta orales”, tal como establece el artículo 35 de la Ley 1549.

Tras esa fase, llega el segundo gran acuerdo y es que los parlamentarios en sesión de la Asamblea Legislativa para preseleccionar a los postulantes al TCP; TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, deben hacerlo con dos tercios de voto de los legisladores presentes.

La ley también establece 80 días de plazo a la Asamblea Legislativa para que realice todo el proceso de preselección de postulantes. No obstante, ese plazo aún no empieza porque corre una vez que en sesión legislativa se apruebe por dos tercios la convocatoria pública. Mientras tanto, todo está en statu quo.

Visión opositora

Desde la oposición en el Parlamento coinciden en que el Gobierno promulgó la Ley 1549 de elecciones judiciales, de manera forzada y por la presión de las organizaciones sociales que bloquearon Cochabamba por 16 días, la amenaza de convulsión social y lo pedidos y planteamientos desde el Legislativo.

Pese a la negativa del gobierno, los opositores están convencidos de que el oficialismo no quiere que haya elección de nuevos magistrados y no les extraña que ahora que se promulgó una ley, los arcistas pongan nuevas trabas para retardar el inicio del proceso, tomando en cuenta además, que el bloque oficialista no tienen mayoría .

“Los arcistas son los que menos querían tener elecciones judiciales, siempre han tenido la posición de garantizar la prórroga de los usurpadores. Y por la presión que generada no les quedaba otra que sentarse y viabilizar elecciones judiciales, pero está claro que su posición siempre ha sido la de impedir elecciones judiciales”, dijo a EL DEBER el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi.

La senadora de Creemos, Centa Rek, fue más allá al señalar que el jefe de Estado “montó un teatro” al promulgar la ley 1549, lo que a su vez le obliga a reacomodar sus fichas para no perder del todo el manejo del sistema de justicia y el TCP.

“Él (Luis Arce) está haciendo toda una farsa, un teatro. No pensaba convocar en ningún plazo perentorio para las elecciones judiciales porque él está cogobernando con el Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial. El presidente Arce quiere mantener el poder a cualquier costo Es realmente una situación insólita y muy grave en Bolivia”, dijo la legisladora Rek a EL DEBER.

El martes 6 de febrero, cuando Arce promulgó la Ley 1459, arropado por sus bases y funcionarios públicos que se hacen llamar “guerreros digitales”, aseguró que su gobierno no se opone a las elecciones judiciales, sino que la ley para ese fin, no tenga vicios de inconstitucionalidad y responsabilizó al Legislativo por ese hecho que retrasó los comicios.

“Lo hemos dicho cientos de veces: no nos oponemos a las elecciones (…) Ya tenemos una ley para las elecciones judiciales”, aseguró el presidente Arce y agregó que “las elecciones judiciales no pueden ser para cuotearse el poder judicial”.

El analista Gregorio Lanza señaló que todo este escenario que se arrastra desde el año pasado se traduce en una pugna de poder entre el presidente Arce y el expresidente Morales a quienes “no les interesa” el país ni su economía y por eso bloquean las carreteras (Morales) y otros ponen trabas y también bloquean el Legislativo (Arce).

“El gobierno de Arce ha ideado esta artimaña de la convocatoria que está en sus manos, está en las manos del diputado (Juan) Jáuregui que es operador de Arce y del ministro de Justicia (Iván Lima) para que se impulse ese proceso de convocatoria (a elecciones) después que se aprueben los créditos”, dijo Lanza a este medio.

Vocal Tahuichi

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi, señaló que la promulgación de la Ley 1459 de elecciones judiciales es tan solo el primer paso en esta tarea de cambio de autoridades del Órgano Judicial y del TCP. Ahora, es la Asamblea Legislativa que está a cargo de realizar la primera fase que culminará con la entrega de los postulantes al Órgano Judicial para que el TSE organice la elección judicial.

“Esto es recién el inicio, no se puede someter a un triunfalismo, no se puede vender humo a la población boliviana (…) Lo que queda es que la Asamblea Legislativa que tiene el timón, proceda con la convocatoria, pero mi temor es que la Asamblea Legislativa se vuelva a aplazar como sucedió el año pasado y no cumpla los tiempos estipulado por la ley”, afirmó Tahuichi a EL DEBER.

En el caso hipotético de que la convocatoria a elecciones judiciales se emita este 10 de febrero, la lista de postulantes al Órgano Judicial debiera ser remitida al TSE el 29 de abril, tras lo cual, el ente electoral tendrá 150 días para ejecutar todos los pasos previos al día de la elección.

En síntesis, el día uno de todo el proceso de elecciones judiciales 2024 todavía no llegó y será cuando la Asamblea Legislativa apruebe y publique la convocatoria pública para que todos los aspirantes se inscriban.

Mientras tanto, los magistrados cuyo mandato finalizó el 2 de enero continúan ocupando las oficinas del Órgano Judicial.

Ley 1549 se aprobó bajo presión, cercos, protestas y bloqueos pero aún no resolvió la renovación de las altas autoridades del Órgano Judicial.

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ANÁLISIS

"Con elecciones, Arce va a perder el poder judicial" /Andrés Gómez

El gobierno de Luis Arce no quiere elecciones judiciales porque va a perder el control del poder Judicial, porque no tiene la fuerza legislativa o el número suficiente de diputados y senadores como para poder negociar los nombres e incluir abogados afines.

Los evistas y arcistas no están pensando en tener a los abogados más probos, a los profesionales más brillantes y más íntegros, si no están pensando cómo van a mantener el control, pero ya han cedido en un aspecto: no van a poder mantener todo el control en el Órgano Judicial, yo creo que van a pelear ahora por controlar un pedazo del poder judicial, porque no tienen dos tercios y ambos bandos están en disputa.

El Gobierno quiere mostrar que el Legislativo aparentemente fracasó cuando saben que los diputados y senadores, particularmente arcistas obedecen a Palacio, no es gente autónoma ni con pensamiento propio, coordinan o están bajo la subordinación del ministro de Justicia y todo este tiempo han estado realizando esa práctica política, precisamente para evitar a toda costa que haya elecciones judiciales.

Porque si va a perder el poder judicial por supuesto que el Gobierno no van a poder utilizar como arma política ese poder, pero si tuviera mayoría en el Legislativo ya hubiera convocado a elecciones en 2023.

La disputa real es quién va a controlar el poder judicial, el Gobierno no quiere perder ese control pero ahora dadas las fuerzas política como están dispuestas en el Legislativo o creo que vamos a volver al cuoteo:

Cada partido propondrá sus candidatos determinados y el masismo ya no va a tener control total si no yo creo que va haber gente que no es del MAS que va a estar en el poder judicial, si es que hay elecciones judiciales. Hay una coordinación permanente entre el Palacio y la personas que no quieren irse.