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27 de abril de 2022, 4:00 AM
27 de abril de 2022, 4:00 AM

El Gobierno prepara ajustes a la ley laboral para presentarlos el 1 de mayo como regalo por el Día Internacional del Trabajador y por lo que se conoce se tratará de modificaciones que tienen el concepto de endurecer las políticas en contra de las empresas, favorecer al empleado, pero probablemente con una mirada más política y populista antes que racional y realista.

Un anteproyecto de ley preparado por la ministra de Trabajo y Previsión Social, Verónica Navia, fue enviado al Comité de Trabajo y Régimen Laboral de la Cámara de Diputados y se prevé que hoy comience su tratamiento.

La propuesta gubernamental define como injustificados los despidos realizados en las empresas bajo el argumento de caso fortuito y fuerza mayor, y dispone, por tanto, que los empleadores reincorporen a esos trabajadores a sus puestos laborales y les paguen por los meses que duró la desvinculación.

La ley dirá que el trabajador que considere vulnerado su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral, a la remuneración o salario, a la libre sindicalización y al fuero sindical, tendrá un plazo de tres meses computables a partir de la comunicación verbal o notificación escrita del instrumento que considere la vulneración de tales derechos, para acudir al Ministerio de Trabajo y presentar la denuncia y solicitud de restitución.

El artículo 17 del proyecto establece que la resolución que resuelva el recurso jerárquico o la que agote la vía administrativa para la impugnación de las resoluciones del Ministerio de Trabajo, adquirirán calidad de cosa juzgada y su ejecución se hará cumplir por la judicatura laboral. Es decir, se interpreta que los fallos serán inapelables y no se podrá presentar ningún amparo.

La ley, a primera vista beneficiosa y protectora de los derechos de los trabajadores, traerá consecuencias funestas para la supervivencia de las empresas. En estos tiempos de pandemia y crisis, cuando una empresa se ve obligada a hacer desvinculaciones forzosas no lo hace porque no le simpaticen sus trabajadores o porque quiera ganar más dinero, sino porque debe ajustarse a sus condiciones críticas donde se aplica una aritmética simple: los egresos no pueden ser mayores que los ingresos.

Cuando eso ocurre, la empresa entra en pérdidas, y si no es capaz de revertir los números rojos, entonces no le quedará más opción que cerrar operaciones, con lo cual sensiblemente se habrán quedado sin empleo todos los trabajadores de esa empresa.

Eso que parece un relato dramático, de esos que suelen hacerse a veces de manera exagerada, en el caso bolivianos es una realidad comprobable y con cerrar los ojos para no verla no se resuelve nada, sino que simplemente se ignora el difícil momento por el que atraviesan los empleadores.

En algún momento tendría que dejar de verse como “enemigos” a quienes hacen empresa, generan crecimiento, mueven la economía y crean fuentes de empleo. En Bolivia ser empresario es vivir condenado al prejuicio, a las trabas, y sometido a una legislación laboral que mira el interés de una sola de las partes y que por lo mismo hace inviable el emprendimiento.

Un gobierno que parece disfrutar de hacerle la vida imposible a quienes hacen empresa y que vive sometido al chantaje sindical para quedar bien con movimientos que son aliados políticos, es tan malo como otro que estuviera controlado por el mundo empresarial y que ignorara los derechos laborales. El mundo de los extremos es el peor de los mundos. Allí vivimos

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