4 de febrero de 2022, 4:00 AM
4 de febrero de 2022, 4:00 AM


María Antonieta Salgueiro Zambrana tenía 42 años. El miércoles 2 de febrero salió temprano de su casa, en la avenida Cumavi de la zona Villa Primero de Mayo, llevando emocionada a su pequeño hijo de siete años y con capacidades especiales a su primer día de clases. Pero tuvo la desgracia de tomar el micro de un conductor que con la puerta abierta arrancó con velocidad en una curva, como suelen hacer los micreros de la ciudad, y en el jalón expulsó a la madre y su hijo fuera del vehículo. Ella murió instantáneamente, el muchachito nunca pudo llegar a su primer día de clases y fue llevado a una clínica porque tenía heridas. Con sus dificultades congénitas para saber lo que pasó, aún pregunta por su madre, no logra comprender el misterio de la muerte y se pasea afligido alrededor del ataúd.

El micro era de la línea 98, interno 15, el conductor, Luis Fernando Mercado Vargas, ha sido aprehendido, este viernes tendrá su audiencia cautelar, pero conociendo los antecedentes de la justicia y las presiones del gremio de transportistas, aliados permanentes de los poderes políticos nacional y local, no sería de extrañar que lo dejen en libertad.

Todos quienes vivimos en Santa Cruz somos testigos del irresponsable estilo de conducción de los micreros: corren por las calles como si estuvieran en autódromos de Fórmula Uno; sus sindicatos establecen tiempos de arribo a las paradas que controlan con marcación de tarjetas. Entonces, para no llegar con retrasos ni recibir sanciones, corren como endemoniados por las calles, no les importa si en la ruta se cruzan con peatones o vehículos particulares, y olvidan que dentro de sus desgastadas estructuras llevan personas y no sacos de papa.

Nadie les dice nada. Nadie hace nada para cambiar esas prácticas criminales. El gremio de los transportistas es muy hábil para establecer alianzas políticas con los alcaldes de turno. Y así se benefician de la permisividad de las autoridades, que no demuestran ninguna voluntad para regular el funcionamiento de un servicio deficiente, peligroso y en ocasiones criminal, como el caso de la madre de familia de Cumavi.

Los choferes aprendieron hace un tiempo una respuesta estandarizada para casos como este: dicen que ellos no salen a trabajar con intención de matar, y con eso creen que descargan todas sus responsabilidades sobre personas que mueren, y familias que quedan huérfanas de un ser querido y necesario en la casa.

No salen a matar, está claro, pero tampoco salen con la intención de conducir prudentemente ni de evitar muertes. Prácticamente todos los días hay accidentes de tránsito provocados por la irresponsabilidad de choferes que se creen dueños de las rutas por donde transitan también otras personas que no son micreros.

¿Quién no ha visto alguna vez en la ciudad a dos micros jugando a las carreras, invadiendo carriles, adelantándose peligrosamente o situándose delante del otro en maniobras suicidas?

Si el alcalde Jhonny Fernández se conmoviera por esta muerte, debiera crear y aplicar nuevas reglas de juego a los micreros; no es posible que ellos sean dueños y señores que hacen sus propias leyes y que nadie los ponga en su lugar.

Aun así, nada de eso le devolverá la vida a María Antonieta, que hacía trabajos de repostería para pagar sus cursos de pintura, lenguaje de señas y fisioterapia y de esa manera apoyar mejor a su hijo con síndrome de Down, el pequeño que ahora da vueltas en torno a los restos de su madre, quién sabe si con la ingenua esperanza de verla despertar en algún momento.

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