17 de julio de 2022, 4:00 AM
17 de julio de 2022, 4:00 AM


El Estado constitucional implicó cambios, partiendo de la irradiación constitucional del orden jurídico, existen transformaciones, que deben generar un nuevo paradigma en la aplicación de la justicia. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la aplicación directa de la Constitución de parte de los administradores de la justicia ordinaria, pues es la norma fundamental del Estado Plurinacional y es un instrumento jurídico vinculante a todos los órganos y autoridades del Estado y miembros de la sociedad en su conjunto.

Esto es consecuencia directa del supuesto de que la Constitución se impone como norma jurídica, lo cual trae consigo un conjunto de efectos como la posibilidad de que las normas constitucionales puedan ser aplicadas de forma directa, en tanto que se descarta la exigencia de mediación de leyes para que produzca efectos jurídicos; posibilita la inaplicabilidad de normas inconstitucionales por medio de la acción tutelar constitucional ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, es decir, por el control concentrado.

Por último, permite configurar la Constitución como el marco de interpretación y aplicación de leyes, actos públicos y privados. Esto determina que las normas constitucionales puedan ser aplicadas directamente para la resolución de conflictos jurídicos, y aquellas normas que sean contrarias a la parte dogmática de la norma suprema, serán inaplicables por todos los órganos y la administración pública en general, mediante el mecanismo de control difuso.

Este tema adquiere especial connotación en el contexto nacional, toda vez que entró en vigencia una nueva Constitución. Si se pone atención a los diversos tipos de garantías que envuelven a la misma, es posible resaltar el especial resguardo que adquiere el principio de supremacía constitucional, que define a la Constitución como norma suprema y declara que todos están sometidos a sus disposiciones.

La aplicación directa de la Constitución se realiza a través de la exigencia hacia todos en el cumplimiento de la misma, además, al declarar que los derechos reconocidos son directamente aplicables y que las normas constitucionales se deben aplicar de forma preferente en caso de conflictos o colisión de normas.

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