Las proyecciones del INE, expuestas por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, muestran que la población ha crecido, en los últimos 10 años, en 621.235 habitantes en la capital cruceña y en siete de los municipios cercanos.

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30 de junio de 2021, 7:00 AM
30 de junio de 2021, 7:00 AM

Foto: Juan Carlos Fortún V.

La región metropolitana de Santa Cruz, conformada por la capital cruceña y los municipios de Cotoca, Porongo, El Torno, La Guardia, Warnes, Colpa Bélgica y Montero, según las proyecciones que tiene el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2022, llegaría a los 2.487.219 habitantes, una cifra más alta a la que arrojó el Censo de Población y Vivienda en 2012, que llegó al 1.865.984.

“Estos datos conservadores señalan que existen 621.235 habitantes que no están representados políticamente, ni tienen sus recursos de coparticipación tributaria”, explicó el secretario municipal de Fortalecimiento Institucional y Autonomías, José Luis Santistevan, durante la presentación de un proyecto de Decreto Supremo, además de una carta, que será enviada al presidente Luis Arce para que declare prioridad, la realización de un censo para el próximo año.

Santistevan también dijo que, en lo referente a la capital cruceña, se ha registrado un incremento de 50.000 migrantes por año, en la última década, por lo cual no se ha recibido un total de $us 297.126.437, lo que equivale a más de Bs 2.000 millones. “Son ciudadanos que no tienen sus recursos, pero hay que brindarles: salud, educación y otros servicios básicos”, explicó.

Agregó con ese monto de dinero, tomando en cuenta el valor de un hospital de tercer nivel como el de Montero; Bs 417 millones, uno de segundo nivel; Bs 83 millones, y uno de primero; Bs 41 millones, se podrían haber construido: cinco de tercer nivel, 25 de segundo y 49 de primero.

Recordó que la organización y financiación de un censo; es una competencia privativa del nivel central, en la que se necesita un aproximado de $us 50 millones.

El alcalde cruceño, Johnny Fernández, dijo que es triste ver que, en los últimos 10 años; Santa Cruz de la Sierra, al igual que el resto de los municipios, haya dejado de percibir esta suma de dinero.

“Es dinero que no vuelve y que tampoco nos van a reponer, pero es nuestra obligación como autoridades municipales, elevar una carta oficial al presidente del Estado donde le estaremos presentando el proyecto de Decreto Supremo; para el inicio de las actividades del Censo de Población y Vivienda”, resaltó.

Enfatizó que el proyecto, que está constituido por nueve artículos, será remitido al Ejecutivo nacional puesto que “el tiempo avanza y el Gobierno debe tomar las previsiones”.



Sobre los recursos

Santistevan explicó con relación a la distribución de recursos y escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que de acuerdo a las cifras que son recopiladas cada vez que se realiza un censo, la región cruceña aumenta tres diputados.

Por ello la redistribución política también afectará a los municipios que han incrementado su población, prosiguió, y puso como ejemplo a los concejos municipales, los cuales deben adecuar y ampliar la representación vecinal con nuevos concejales. “El máximo son once concejales, pero en Cotoca solo se tienen siete concejales”, dijo.

El economista Darío Monasterio, explicó que la distribución de recursos continuará hasta el año 2022, en base a los resultados del censo del 2012.

“Esa ponderación no ha variado, entonces cuando se realice un nuevo censo, cada municipio deberá recibir un nuevo factor de la renta nacional que son los impuestos nacionales, IVA y otros, menos las regalías y el IDH”, explicó.

Cuando esos recursos sean redistribuidos, prosiguió, le tocarán más a Santa Cruz, esto debido a su crecimiento. También recordó que, a nivel departamental, según una proyección del INE; se alcanzará este año los 3.363.400 habitantes, es decir, 705.638 personas más que las que se registró en el censo de 2012, cuando se tenía una población de 2.657.762 habitantes, por lo que tendría que recibir un total de $us 90 millones adicionales.

Por último, dijo que no es necesario solamente la realización de un censo de población y vivienda, sino también que se necesita profundizar lo que es la descentralización de la autonomía, “por lo que no se puede continuar con el mismo esquema de coparticipación a municipios o universidades, dejando de lado a la Gobernación o recaudación de impuestos propios, entonces se tiene que discutir un nuevo pacto fiscal”, concluyó.





Los asambleístas

El jefe de bancada de diputados de Creemos, Erwin Bazán, junto a plataformas ciudadanas presentó dos solicitudes; una ante el director del INE, Humberto Arandia Claure, y la otra a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Hemos presentado la carta, dirigida al director del INE, solicitándole en nuestra condición de diputados nacionales que nos entregue el documento Ruta Crítica del Censo, que fue preparado el año 2020, en una consultoría pagada por Naciones Unidas”.

Explicó que el mismo prevé y establece todos los pasos y modalidades, además de los procesos, para la realización del censo, “viene a ser el mapa y la ruta crítica para ver los pasos que se tiene que dar para la realización del estudio”.

Dijo que el pedido de la realización del censo no es nuevo, sino que es algo que se tiene que cumplir como una ley, “por ello el presidente Arce debe promulgar lo más rápido posible el decreto supremo que autorice las actividades censales, eso es lo que pedimos para que las instituciones como el INE y sus regionales puedan comenzar a trabajar en los aspectos logísticos”, dijo Bazán.

Las autoridades cruceñas no son las únicas que tienen preocupación por la realización del estudio, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, también pidió hace unos días la realización del mismo.

Dijo que la falta de una fecha para la realización del censo afecta económicamente a El Alto, porque tiene una población que cuenta con pocos recursos y alcanza el 1,2 millones de habitantes, explicó la autoridad alteña.

Finalmente dijo que, si el Gobierno nacional opta por no aplicar el estudio, a pesar de que está obligado a ejecutarlo por ley, tendría que usar los parámetros del crecimiento poblacional, para aumentar los recursos económicos a los municipios.

EL DEBER buscó una respuesta con autoridades del Gobierno nacional, pero los mismos no respondieron a las llamadas y mensajes.