Escucha esta nota aquí

La niña de 11 años de edad, que fue abusada sexualmente y quedó embarazada, fue traslada ayer hasta un centro de acogida de la Iglesia Católica, donde recibirá atención para continuar con el embarazo, situación que genera críticas y respaldo de algunos movimientos.

El caso abrió más polémica, luego de que la madre y la niña, que días antes asistieron a la maternidad Percy Boland para proceder con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), cambiaron su decisión. La tarde de ayer martes, luego de una valoración médica, la niña fue dada de alta y trasladada a un centro de acogida, donde recibirá atención médica y sicológica, según el compromiso asumido por sus responsables.

“Eso decidió la familia, es muy valorable, valioso y tanto la niña como la criatura están muy bien, según la valoración médica”, dijo la representante de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, María Inés Galvis.

Agregó que la niña embarazada está emocionalmente estable y ha expresado que quiere a su bebé, como también lo ha manifestado su mamá.

Tras conocer la decisión, colectivos y distintas autoridades gubernamentales se pronunciaron cuestionando el hecho. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, consideró que se trata de una injerencia. “Cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos. Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales”, escribió.

La autoridad remarcó que “desde ningún punto de vista obligar a dar a luz a una niña puede ser algo correcto”.

A su turno, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que “debe parar el indolente manoseo de una menor que fue violada sexualmente. La interrupción de ese embarazo no necesita mayor consulta ni razonamiento religioso. El sistema de justicia debe dar ya la respuesta. Nuestra plena solidaridad con ella”.

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo que pondrán en conocimiento del Papa Francisco el actuar de la iglesia en este caso. “La actuación de la Iglesia (católica) con la niña creo que es delincuencial. El rol de la Iglesia es otro”, dijo a tiempo de indicar que analiza la posibilidad de presentar una cautelar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque considera que “existe un delito de tortura en contra de la menor”.

A su vez, la directora de la Organización No Gubernamental (ONG) IPAS Bolivia, Malena Morales lamentó que la infante haya estado sometida a revictimización por el retardo de la interrupción legal y por la intervención de diferentes instituciones.

Además, Morales cuestiona la burocracia en la atención de estos casos, cuando el reglamento del Ministerio de Salud indica que las víctimas deben ser atendidas dentro de las 24 horas.

Por su parte, el abogado y exfiscal Joadel Bravo, remarcó que la normativa es clara y establece que la decisión es de la niña y de su madre. “En estos casos (el aborto) es un derecho, no una obligación, entonces el pretender que la niña aborte o no, no es factible, la que tiene que decidir es la mamá, que es su tutora y hay que respetar lo que diga ella y la menor, nos guste o no nos guste”, dijo a tiempo de resaltar que la decisión también pasa por una valoración médica.

Sobre el caso

La víctima permaneció un año con su agresor, su ‘abuelastro’. El hecho se denunció en las últimas semanas en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), que acumuló información del drama familiar.

Según la declaración de la madre, sus dos hijas han sido víctimas de vejámenes sexuales; la infante que abandonó la maternidad  tiene 11 años, fue abusada por su abuelastro, quien está encarcelado, mientras que su hermana que ahora tiene 16 años de edad, fue ultrajada sexualmente por su padre biológico cuando tenía 11 años.

La mamá dijo a la Felcv que en 2016 se separó de su esposo, con quien tuvo tres hijas. "Ese año me llevé a dos de mis hijas, una se quedó con su papá. La que se quedó con el papá en ese tiempo tenía 10 años. Un año más tarde, cuando fui a visitarla, me contó que su padre la había violado”, dijo la madre, quien denunció el abuso a las autoridades y el padre fue detenido.

Actualmente, el otro agresor de esta familia, el padre biológico tiene sentencia ejecutoriada por el delito de violación agravada.

El proceso

La representante de IPAS Bolivia, enfatizó que la sentencia constitucional no establece un tiempo límite de la gestación para practicar la interrupción.

El exrepresentante departamental del Defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, destacó que la sentencia constitucional 206/2014 es un avance importante en estos casos de violencia sexual; sin embargo, consideró que “el problema está en su incumplimiento o resistencia, ya que la sentencia indica que solo con el consentimiento de la víctima se debe proceder a la interrupción del embarazo”.

“No necesita del permiso de la Defensoría de la Niñez, de ningún juez, ni de los padres y por tanto se debe proceder, pero ante esa figura la mayoría de los médicos no lo quieren hacer”, remarcó.

Por su parte, el abogado Bravo, enfatizó que el Código Penal contemplaba que cuando la gestación se produce a causa del delito de violencia sexual, la víctima tiene derecho de interrumpir el embarazo, pero establecía un proceso previo; mientras que la sentencia constitucional abolió el paso, por lo que ahora puede practicarse a simple declaración.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez, remarcó que los profesionales de la salud siempre estarán a favor de la vida y que “la situación cultural, religiosa o jurídica debe ser un tema de análisis”.

Por su lado, el representante de la Iglesia Católica manifestó que la menor vivirá en el hogar en compañía de personal de apoyo y de otras menores. “A ella la Iglesia le hará un seguimiento para que el proceso de gestación sea normal”, indicó Víctor Hugo Valda.

En el país

Desde la sentencia constitucional que posibilita la interrupción legal del embarazo, en el país se han registrado 508 casos, de las cuales el 48,6 por ciento se ha dado en menores de 18 años, según el reporte de IPAS Bolivia.

Si bien las estadísticas contemplan a todas las edades, preocupa que la mayor cantidad se han producido en menores de 18 años.

Por otra parte, de acuerdo a los datos de casos de la ley 348 en todo el país, de enero a octubre se han registrado 1.531 casos de violación de infante, niño, niña o adolescente. En Santa Cruz, de los 667 casos de abuso sexual denunciados hasta la fecha, 438 fueron menores de edad y en algunos casos se ha llegado a la interrupción de embarazos.

Comentarios