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La Organización de Estados Americanos (OEA), que ya había repudiado el “tono represivo” del Gobierno boliviano en sus reacciones por la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros, anunció ayer que presentará a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) los informes sobre los delitos de lesa humanidad que se pudieron haber cometido durante el último gobierno de Evo Morales y en la etapa de transición, incluidos los casos de Senkata y Sacaba.

“La Secretaría General de la OEA ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata”, informó el organismo internacional, a través de un comunicado.

Para el momento en el que se conoció esa información, la bancada del MAS había previsto emitir una declaración para rechazar una injerencia en asuntos internos del país por parte del secretario general del organismo, Luis Almagro. Incluso, un grupo de senadores del oficialismo intentó plantear un pedido a la Cancillería para que el país se aleje de la OEA.

Ante este escenario, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), aseguró que eso “no era prudente” y que se iba a emitir una resolución en el Senado.

El texto de la declaración, que se aprobó al final de la tarde, rechazó, “de manera contundente y categórica, las acciones intervencionistas e injerencistas del secretario general de la OEA en asuntos internos de Bolivia”.

Durante la misma sesión, los parlamentarios de los opositores Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos expresaron su rechazo a esa declaración y urgieron a que se haga una investigación imparcial e internacional con miras al esclarecimiento de los hechos que marcaron la crisis política entre octubre y noviembre de 2019.

En esa misma línea, los cívicos del país se mostraron abiertos a respaldar una investigación internacional sobre el caso del supuesto “golpe de Estado” y el “fraude” que detectó la OEA en 2019.

“La Secretaría General de la OEA no puede acudir ante la Corte Penal Internacional ni ésta atender causas como tribunal alternativo a conveniencia política. Su jurisdicción es complementaria a la de cada país según normas del Estatuto de Roma”, señaló el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y exrepresentante ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que también está en La Haya.

En agosto de 2020, un grupo de 10 ciudadanos bolivianos, cuya identidad se guardó en reserva, presentó una denuncia ante la CPI contra Morales por “ataques sistemáticos a la población por razones ideológico-políticas



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