La otra herencia

En mi último comentario ponía de relieve el trabajo de la Cicig en Guatemala con el apoyo de las Organización de las Naciones Unidas contra la corrupción y la impunidad. Este modelo debe replicarse en Bolivia, ante la incapacidad del Estado y el nivel de propagación del virus de la corrupción e impunidad existente. El apoyo internacional parece imprescindible para salvar al Estado, ya que sus propias instituciones han sido infiltradas por la corrupción. En realidad, lo único institucionalizado y transversal a todas las reparticiones estatales es la corrupción, la impunidad y la sensación de que todo fue dejado en estado de descomposición. 

El gobierno de Evo Morales creó una estructura que sigue (y seguirá) funcionando para protegerse y boicotear cualquier intento de investigar y sancionar actos de corrupción. En el Estado fallido, hacía de juez y parte, no sólo permitía y promovía la corrupción, el despilfarro de los recursos de los bolivianos, controlaba los medios de comunicación, restringía la libertad de expresión, y la transparencia, sino que además exprimía, vía persecución impositiva, a aquellos apegados a la ley. Evo Morales tenía angurria de poder, vocación monopólica y centralizaba la compra de bienes y servicios y sabía que mientras más negocios públicos, más posibilidades de beneficiarse con las comisiones. Esta cultura permisiva tiene efectos perversos y convertía a la corrupción en un mal endémico, de modo que la mayor parte de la organización del Estado estaba (directa o indirectamente) al servicio de las prácticas corruptas.

 Asamblea Legislativa, convertida en un apéndice del Ejecutivo, no sólo que no fiscalizaba ni controlaba al gobierno, sino que protegía a los exministros corruptos, eran sacados en hombros y recibidos con guirnaldas en la plaza Murillo después de las interpelaciones. El ex tribunal supremo electoral no solo se encargaba de “legalizar” las reelecciones inconstitucionales de Evo Morales y Álvaro García Linera, sino que además era la maquinaria perfecta para el fraude electoral, y con testigos excepcionales (los veedores internacionales). 

El Poder Judicial no solo ha condenado a inocentes y protegido a delincuentes. También había (y hay) un verdadero mercado (con tarifas conocidas) de compra-venta de resoluciones y cargos judiciales. Fue el instrumento perfecto del gobierno de Evo Morales para sus reelecciones y cometer los peores abusos (caso Terrorismo, Chaparina, la Calancha, Leopoldo Fernández, etc.). 

Sin embargo, la corrupción heredada no solo se encuentra infiltrada en el gobierno central, sino también en los gobiernos subnacionales: gobernaciones, alcaldías, universidades (la cantidad de títulos falsos que circulan, como el del ex vicepresidente Álvaro García Linera), y las empresas privadas que prestan servicios públicos (caso Cotas, en Santa Cruz). El funcionamiento de las instituciones satélites constituye un reflejo del Estado, de modo que no pueden funcionar bien, cuando el Estado funciona mal. 

La situación es preocupante porque la Contraloría, la Fiscalía y el propio Poder Judicial, no dan señales concretas y los pocos casos que han comenzado, como el megafraude electoral, no avanza ni se conoce el rumbo que ha tomado. Sin embargo, una de las pocas autoridades que marca la diferencia y parece decidida a luchar contra este flagelo es el procurador general, José María Cabrera, que libra una batalla solitaria en contra de esta otra pandemia. 

La peor herencia que deja Evo Morales es la desinstitucionalización del Estado, y una estructura criminal que continúa funcionando y, por tanto, aparecerán nuevos casos y escándalos “caiga, quien caiga”. La inversión de valores, el culto al dinero fácil, la ley del menor esfuerzo, en fin… 

La lucha contra la corrupción y la impunidad necesita de una firme voluntad política, compromiso ciudadano, predicar con el ejemplo, el fortalecimiento institucional del sistema judicial, separación de poderes, libertad de expresión, transparencia, funcionarios honestos, entre otros elementos. La corrupción es un monstruo de mil cabezas que no para de reproducirse y hacer metástasis en el Estado boliviano.