25 de enero de 2023, 4:00 AM
25 de enero de 2023, 4:00 AM


La Constitución (CPE) dice que “todos los derechos reconocidos (por ella) son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección” (art. 109.I). En función de esto, la gente tiene claro que la CPE garantiza que toda persona que vulnere los derechos debe responsabilizarse y ser juzgada por ello (art. 110).

Según la Sentencia Constitucional 79/2015 (FJ III.2.2), la igualdad no es solo un derecho, sino además un valor, un principio y una garantía. Por esto la CPE dice que la justicia ordinaria se basa en el principio del “debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” y que no reconoce fueros ni privilegio alguno para nadie y, menos aún, inmunidad, siendo “los delitos de genocidio y de lesa humanidad […] imprescriptibles” (CPE, arts. 180, 112, 152 y 111).

Sin embargo, el art. 161.7 de la misma CPE y la Ley 44 (art. 16) dicen que el presidente/a del Estado, para ser juzgado, requiere de una autorización previa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, que, por el hecho de ser presidente/a, éste/a gozaría de un fuero especial para su protección (política) contra delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Es común que las normas contengan contradicciones. Por eso, el contenido normativo no se aplica de forma aislada, sino previo a su interpretación como unidad (de la norma) y del bloque de constitucionalidad, para resolver esas contradicciones e incompatibilidades.

En el caso en cuestión, se deberá realizar un test de razonabilidad de la medida que privilegia al presidente/a, de modo de determinar su idoneidad, en función de la finalidad que persigue. Es probable que esta sea la gobernabilidad. Pero, a la conclusión del mandato, ya no afectaría a tal finalidad, por lo que es posible que tal fuero no aplique para los expresidentes/as.

Como resultado, es posible que el art. 161.7 de la CPE deba inaplicarse, dado que contradice no solo a varios de sus otros artículos, sino también a varias normas y estándares internacionales, en especial a la igualdad, más aún si se trata de expresidentes/as. Por todo ello, será recomendable un control de constitucionalidad respecto de la aplicación del art. 16 de la Ley 44 de Juzgamiento del Presidente/a.

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