La presión social pudo más que el DS 5143

El Gobierno retrocedió una vez más y abrogó el Decreto Supremo 5143, mediante el cual pretendía intervenir en Derechos Reales, a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic). La presión social pudo más que la intención de “modernizar” el registro nacional de bienes inmuebles. La medida aprobada desató airadas movilizaciones ante la susceptibilidad de que se buscaba controlar la propiedad privada a través del Poder Ejecutivo.

El presidente Luis Arce, acompañado del vicepresidente David Choquehuanca, dijo que la decisión de abrogar el Decreto obedece a la amplitud de su Gobierno y a su capacidad de escuchar a los movimientos sociales que rechazaban la norma. Pero, lejos de reconocer un error en la aprobación, afirmó que se había distorsionado el sentido de la política estatal con el fin de generar un clima de convulsión social.

Lo que hizo el Gobierno fue intentar regular Derechos Reales mediante un decreto supremo; es decir, una norma propia del Poder Ejecutivo, para intervenir en una entidad que depende del Poder Judicial. La primera observación manifestada por juristas se refería a la injerencia de un poder del Estado sobre otro (el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial), lo cual necesita una ley del Estado. 

El argumento del ministro de Justicia era que se buscaba modernizar la oficina de Derechos Reales, bajo la hipótesis de que ahora es un nido de corrupción, donde se maneja millones de bolivianos sin control. 

El decreto fue aprobado a fines de abril. Se supo que días después se lanzó una licitación millonaria para que Agetic compre dos servidores de alta gama para tener el registro de los bienes inmuebles y “modernizar” su gestión. El proceso de adquisición también fue anulado en las últimas horas, con lo que se intentaba borrar todo rastro que genere más molestia en la ciudadanía.
Las protestas se fueron dando durante las últimas semanas y no fueron escuchadas. La única respuesta que recibían eran argumentos de porqué debía entrar en vigencia la norma. Sin embargo, el ultimátum de los gremialistas -dado a conocer el lunes por la noche- fue la gota que colmó el vaso y que terminó con la abrogación de la norma.

Aunque el Gobierno se esfuerce en decir que las cosas van muy bien en el país, hay un alto grado de malestar por la falta de dólares, la caída de las exportaciones y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. A ello hay que sumar la inquietud causada por la constante obstaculización de las elecciones judiciales, sumada a la pelea encarnizada dentro del Movimiento Al Socialismo. Todos estos factores se combinan en un cóctel peligroso para el ánimo de los bolivianos, ya que también flota en el aire una amenaza de convulsionar el país, proferida por Evo Morales.

Por tanto, no es correcto dejar solo como interpretación que la oposición quiere generar una convulsión social, sin hacer una autocrítica a las medidas que se aprueban en el gabinete del Poder Ejecutivo. Además, una norma tan sensible, que tiene que ver con el ente en el que se registra la propiedad privada de los bolivianos, no se puede aprobar unilateralmente, invadiendo otro poder del Estado y sin socializar. De haberlo hecho se habría dado una pésima señal de autoritarismo que no es tolerable.

Es la tercera vez que el presidente da marcha atrás con una norma. Antes lo hizo con la ley 1386, conocida como la ‘ley madre’ porque creaba al menos 15 decretos contra el lavado de dinero y el proyecto de Ley 2018, que fueron anulados tras las protestas de varios sectores, especialmente los gremialistas.
Entonces, será prudente que se revisen bien las propuestas que hacen los ministros, para que el gabinete y el presidente no tengan que dar marcha atrás, dejando impresión de debilidad.