La Procuraduría cita a las víctimas del caso Rozsa al filo del plazo otorgado por la CIDH
Se reactivó una pesquisa por el delito de tortura que pudo iniciar el ciudadano Mario Tadic en 2019. El denunciante no está en el país desde 2015. Juristas anticipan un juicio al Estado por “ejecuciones sumarias” en el gobierno de Evo
La Procuraduría General del Estado se contactó con alguna de las víctimas del asalto al hotel Las Américas (2009), también conocido como el caso Rosza, para tratar las medidas de compensación económica y reparación de daños que deberían darse en su favor, según las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta primera reunión será virtual y fue prevista para 14:00 de hoy. En la nota que, por ejemplo, recibió el ciudadano Juan Carlos Guedes —uno de los afectados— se detalla que la reunión será para ver las dos primeras recomendaciones que hizo la CIDH en un “informe de fondo”. En julio de 2022, la entidad instó al Estado boliviano cumplir cuatro recomendaciones para evitar que se llegue a un juicio internacional y, en ese marco, dio un plazo de seis meses, que se cumplirán este miércoles, para conciliar.
Así y para evitar un proceso legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el país debería obedecer estas cuatro recomendaciones: “Reparar las violaciones y tomar medidas de compensación económica, y disponer la atención en salud física y mental para la rehabilitación de todas las víctimas”. Además, las directivas tres y cuatro plantean la “investigación diligente para sancionar y tomar las medidas para que en el futuro no se produzcan hechos similares”. Estas dos últimas no figuran en la primera etapa de conciliación.
La CIDH hizo estas recomendaciones porque halló responsabilidades del Estado boliviano en las “ejecuciones sumarias” que son una violación de los derechos a la vida (artículo 4), integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), protección de la honra y de la dignidad (artículo 11) y protección judicial (artículo 25) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Procuraduría también informó que “el proceso penal iniciado en 2019 por el ciudadano Mario Tadic (uno de los sobrevivientes al asalto al hotel Las Américas) en la ciudad de Santa Cruz, para la investigación de las torturas denunciadas, ha sido desarchivado y recientemente el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura ha objetado la resolución de rechazo para dar continuidad al proceso”.
El abogado Gary Prado Araúz documentó los primeros 20 días del proceso legal y las diligencias judiciales que se hicieron tras el operativo. Ayer consideró que la denuncia de Tadic por “tortura” fue planteada en La Paz, pero en 2015, antes de dejar el país. “No existen elementos sobre este caso ni tampoco avances”, puntualizó.
“Este es el inicio del tratamiento de las recomendaciones de la CIDH y no es posible que se dé un acuerdo en una sola sesión”, señaló el abogado.
Además, consideró que este caso “es mucho más que la tortura de Mario Tadic” porque afectó a otros ciudadanos. Este caso fue planteado por cinco personas, pero hay al menos nueve demandas que están bajo la lupa de la CIDH.
Un escenario de “conciliación”, según anotó Rubén Darío Cuéllar, director de la Fundación Observatorio de los Derechos Humanos (Fodh), puede darse solo si el Estado demanda o inicia un proceso a los responsables directos.
El asalto se produjo el 16 de abril de 2009, cuando el presidente era Evo Morales. Ese día, agentes policiales, según la explicación oficial de entonces, “un grupo terrorista” que respaldaba “la idea de dividir Bolivia” fue desmantelado.
Eduardo Rózsa-Flores (húngaro-boliviano); Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Dwyer (irlandés) fueron ejecutados. Luego, la Fiscalía procesó a 39 ciudadanos por complicidad con el supuesto plan “separatista” o como “financiadores” del mismo.
Entre los afectados está el boliviano Tadic y el húngaro Elod Tóásó, quienes fueron arrestados y torturados en 2009, pero están libres y plantearon demandas.
Además, a esta causa, se adscribieron Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza y la mamá de Dwyer.
“Nos da la impresión que este es un tema sólo por cumplir, porque apenas resta un día para que venza el plazo. Lo más probable es que esto va a llegar a la Corte y habrá juicio”, señaló Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz.
Matkovic es otro de los afectados por encarcelamiento indebido, y ayer explicó que su caso ya fue admitido en la CIDH.
