La propiedad privada es un derecho humano
Solo en democracia, donde hay Estado de derecho, separación de poderes, puede existir respeto a la propiedad privada; en dictadura, todos los derechos dependen de las decisiones políticas del tirano y su entorno. Bolivia, un país donde la dictadura se presenta al mundo como defensora de la madre tierra, como ecologista, pero que ha hecho de la tierra el elemento central de su proyecto de apropiación de lo ajeno, de la consolidación de su narco-Estado y de la dominación cultural sobre los pueblos del oriente, todos ellos tienen la relación rota con el Gobierno “indígena”, han sido reprimidos, sus derechos conculcados y sus tierras avasalladas por los cocaleros que son la base dura y el círculo íntimo del verdadero poder que se ejerce en Bolivia.
Bolivia tuvo una reforma agraria en el año 1953 que reconocía el derecho propietario a los campesinos, medianos y grandes propietarios de tierra, bajo el principio de “la tierra es para quien la trabaja” se fue ampliando la frontera agrícola, pero al mismo tiempo surgieron distorsiones en la adjudicación de tierras, lo que obligó en 1992 a intervenir el Servicio Nacional de Reforma Agraria.
Fue en 1996 que se dicta la Ley INRA que permitió tener la propiedad de la tierra bajo diversas modalidades: la pequeña y mediana propiedad, que para poseerla debe cumplir la función social, es decir vivir y trabajarla.
La mediana, grande y empresas agropecuarias que deberían cumplir la Función Económica y Social (FES), es decir, trabajarla, sostenerla, conservarla y protegerla.
Y las TCO o tierras comunitarias de origen que, respetando los usos y costumbres de las comunidades indígenas y originarias, se les garantizaba el derecho a la tierra.
Una vez llega el MAS al Gobierno dicta la Ley 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria, la cual asesta un golpe duro al productor agropecuario, que lo desprotege, lo hace vulnerable al chantaje, la extorsión y la incertidumbre sobre el futuro de sus inversiones, inviabilizando la tecnificación, el crecimiento y la seguridad sobre el derecho propietario sobre la tierra.
Veamos algunos datos, del 100% de la tierra en Bolivia, solo el 16% lo tiene la pequeña, mediana y grandes propietarios o empresas agropecuarias, el 28% las comunidades campesinas, el 27% las poblaciones indígenas originarias campesinas y el 26,8% es tierra fiscal.
Por mandato de la ley del 2006 el 81% de tierras podrán ser tituladas colectivamente, adquiriendo la condición de irreversibles e indivisibles dejando el Estado de tener control sobre ellas, y al ser inembargables sin ningún acceso al crédito bancario, lo que las invisibiliza del circuito productivo para garantizar la seguridad alimentaria del país, y ni qué decir de tener una capacidad de exportación.
La ley determina que “todas las tierras fiscales disponibles hasta la fecha y las que sean declaradas como tales a la conclusión del proceso de saneamiento, serán destinadas exclusivamente a la dotación a favor de pueblos y comunidades indígenas campesinas y originarias”.
Contrariamente, según un fallo del Tribunal Constitucional: “El derecho propietario de la tierra es un derecho expectaticio, ya que según la ley la tierra privada, aun con título de propiedad, este título debe ser revisado cada dos años para comprobar si cumple la función económica y social y es más, la tierra se puede revertir por no pago de salarios a los trabajadores.
Bolivia había creado en la época democrática parques nacionales que eran un orgullo para todos los bolivianos, teníamos más de 20 millones de hectáreas de áreas protegidas y reservas forestales, casi todos los parques han sido afectados con un daño ecológico irreversible, desforestación,
contaminación de ríos por los productos químicos que utilizan, asesinatos de las especies animales en extinción. Como ejemplo ponemos:
El Tipnis que ha sido invadido por cocaleros de Chapare para ampliar sus sembradíos de coca excedentaria para el narcotráfico, el Parque Madidi que con la explotación aurífera ilegal o con concesiones a empresas chinas han contaminado los ríos y desforestado el parque, la reserva del parque Noel Kempff Mercado que por su cercanía con Brasil ha sido invadido por narcotraficantes.
Me puedo extender en ejemplos, pero como conclusión, tenemos que, en Bolivia, no existe seguridad jurídica sobre la tierra ni sobre las inversiones privadas extranjeras, que mientras continúe el proyecto dictatorial del MAS esta tendencia no se va a revertir, volviendo a ratificar el concepto inicial. Solo en democracia existe el respeto a la propiedad privada.
