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El caso de la compra supuestamente irregular de 170 respiradores españoles se diluye para algunos implicados con la salida de prisión del exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela, quien tuvo comunicación con la exministra de Salud Gabriela Montaño (MAS) y es pareja de la actual directora jurídica del Ministerio de Gobierno.

La denuncia de corrupción contra el Gobierno de Jeanine Áñez pierde fuerza, porque implicó a afines al MAS que ahora son liberados de prisión: Valenzuela, relacionado con la exministra Montaño y una autoridad del Ministerio de Gobierno. Luis Fernando Humérez, denominado el “testigo clave”, que tuvo contactos con Evo Morales como presidente y con otras exautoridades, obtuvo en noviembre detención domiciliaria.

En contrapartida, se abre otra investigación por la compra de otros 320 respiradores de origen chino. La Felcc y la Fiscalía detuvieron ayer a la encargada de contrataciones de la Unidad de Gestión de Proyectos, que depende del Ministerio de Salud. La oficina de la acusada fue registrada y secuestraron todos los elementos que puedan aportar como pruebas.

“Se está evaluando su probable participación. El proceso de contratación fue puesto a través de normas del Banco Mundial, y hasta el momento, esta persona era la encargada y especialista, la que prácticamente manejó todo el proceso de contratación realizado”, explicó el fiscal Marco Villa.

Mientras tanto, el exministro de Salud Aníbal Cruz prestó su declaración en calidad de testigo, mientras que Marcelo Navajas también será convocado a dar su testimonio en este caso, en la misma condición.

En el caso de los respiradores españoles, Fernando Valenzuela fue detenido el 19 de mayo de 2020. Horas antes de su captura, tuvo una comunicación telefónica de 16 minutos con Gabriela Montaño.

En el celular de Valenzuela las autoridades ubicaron dos números de la exministra, uno al que él identificó como ‘Gabriela’, y el otro como ‘Lily’, que es el segundo nombre de la exautoridad que estuvo asilada en Buenos Aires y ahora anunció su retiro de la política. Las investigaciones señalaron que durante el periodo en el que Aníbal Cruz y Marcelo Navajas eran ministros de Salud, en el gobierno de Áñez, el funcionario tuvo varias comunicaciones con Montaño, por Whatsapp.

En sus declaraciones, en este caso, tanto Navajas como Cruz dijeron que conocían que Valenzuela había trabajado con el MAS, pero que evaluaron que su trabajo era bueno, y por eso lo mantuvieron.

Valenzuela fue identificado por Luis Fernando Humérez (testigo clave), quien también salió de prisión en los últimos días, como el vínculo entre el Ministerio de Salud y él, así como de otros dos intermediarios (Wálter Zuleta, defensor de Gabriela Zapata y radicado en Lima, Perú, quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, representante de la empresa GPA Innova, firma que al final vendió los respiradores al Ministerio).

Según Humérez (quien arguyó que lo presionaron para declarar), él, Zuleta e Iñaqui, cada uno iba a ganar $us 340.000 por haber hecho las gestiones. Humérez, en su declaración ante la Fiscalía, dijo que Valenzuela le dio el visto bueno para que haga la intermediación con el proveedor de España.

Cuando le preguntaron al exministro Marcelo Navajas, en su declaración informativa, qué instancia del ministerio elaboró las especificaciones técnicas para la adquisición de los 170 respiradores, respondió que “le fueron proporcionadas por el doctor Valenzuela”, quien le señaló que “estas unidades ya habrían sido valoradas por alguna unidad del Ministerio de Salud y es por esto que les dije que si ya tienen las especificaciones de un ventilador pulmonar de emergencia inicien la compra por los canales correspondientes con carácter de urgencia”.

Cuando los investigadores insistieron, Navajas dijo: “Yo le encargué a él de manera verbal que se ocupe del seguimiento y del proceso de contratación”. Pero, aseguró que el exministro conoció a Valenzuela el 8 de abril de este año, día que asumo el ministerio. “Él era encargado del área jurídica, tenía conocimientos de todo el manejo jurídico del ministerio”, repitió Navajas.

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