La tierra de uso forestal se achicó de 5,9 a 2 millones de hectáreas; hay fines agrícolas

En 2013 se revocó la autorización para explotación forestal a la ex concesión Romano en el municipio de San Rafael. Entre 2015 y 2016, el INRA dio las resoluciones de asentamiento a nuevas comunidades en ese lugar, de acuerdo a los datos que el mismo INRA facilitó a la Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael (Acisar).

En 2019 y 2020, la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT) autorizó desmontes a esas nuevas comunidades que hasta la fecha, casi seis años después, no habitan ahí, aunque la norma manda revertir las resoluciones tras dos años de incumplimiento de la Función Económica y Social (FES).

Entre agosto y octubre de 2021, durante el periodo de prohibición de quemas y desmontes de la ABT, se abrió una brecha de 60 km, según lo que mostró un monitoreo satelital multitemporal al que accedió EL DEBER.

La mayoría de las 19 comunidades beneficiadas con parcelas dentro de la ex concesión Romano son campesinas, agrícolas y ganaderas. Sin embargo, el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento cruceño establece que esa zona únicamente es Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP).

Lo que pasa en San Rafael se repite en distintas zonas del departamento y del país. Los datos de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) indican que la superficie de 5,9 millones de hectáreas (ha), que estaba destinada a las ex concesiones forestales, hoy Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), se redujeron a dos millones en el país, y a casi 1,1 millones en Santa Cruz.

“Nos preocupa todo proceso de deforestación en suelos no aptos para deforestar. Hay un principio que nosotros como institución hemos defendido desde el primer momento, y es que hay que respetar la capacidad de uso mayor del suelo. Si no respetamos eso, estamos precipitando un proceso de destrucción de la economía y del medio ambiente”, dijo Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB).

Aseguró que a la CFB no le importa quién tiene el derecho, pero dijo que si se tratara de un Estado responsable, nunca dotaría un predio para producción agrícola en suelo de vocación forestal, y lamentablemente se está haciendo.

El ejecutivo recordó que está previsto en la CPE, en los artículos 380 y 389, que si no se respeta la capacidad de uso mayor del suelo, no solo se viola la CPE y el PLUS, sino que además se encamina a un desastre ecológico.

En el país, dijo, había 87 concesiones, ahora hay 20 ATE. “Se fueron con las casi 4 millones de ha que revirtió el Estado y que fueron dotadas en más de 80% a comunidades interculturales y 20% a grandes empresas agropecuarias. O sea que hoy esas tierras, que son 100% de vocación forestal, tienen otro uso”, agregó.

El gerente de la CFB dijo que se aprobaron varias normas que violan la CPE, una de ellas es la Ley 337, de reposición de bosques, la ley del perdonazo, que en una disposición transitoria final dice que podrán otorgarse derechos para uso agropecuario en tierras de producción forestal permanente a comunidades indígenas y campesinas y que pueden desboscar hasta el 20% de la superficie. “Eso es poner un tumor cancerígeno en un órgano”, alertó.

Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de Fundación Tierra, aseveró que el INRA está cambiando el uso del suelo del departamento cruceño sin tener esa competencia. Sobre la ABT, dijo que hace lo contrario a lo que es su atribución, que es la de preservar la capacidad de uso mayor que tenga la tierra.

Recordó que, en el caso de San Rafael, en 2004 la organización chiquitana Acisar había solicitado tierra al INRA para conformar la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Esecatato, petición que inicialmente fue aprobada.

“Acisar empezó su trámite de saneamiento, que sin mayores explicaciones fue paralizado desde 2009, y luego se entregaron resoluciones a otras comunidades. Una parte de la demanda de Esecatato estaba dentro de la ex concesión Romano”, explicó.

La diputada de Creemos, María René Álvarez, mandó petición de informe escrito (PIE) al INRA y a la ABT para saber quiénes son los beneficiarios de estas tierras y con qué autorizaciones cuentan. Según ella, deberían ser respondidas la siguiente semana.

Denunció la presencia de maquinaria pesada en el área donde operaba Romano, la brecha y que aparentemente se está recurriendo a un mecanismo, desde el INRA, de permitir asentamientos ficticios que, tras incumplir con la FES, son revertidos, y de algún modo esa tierra cae en manos de extranjeros, en este caso de brasileños.

Álvarez apuntó a que en la gestión de Clíver Rocha en la ABT, entre 2010 y 2014, se iniciaron auditorías, en busca de encontrar incumplimiento que justificara la reversión.

En lo que respecta al caso específico de la ex concesión Romano, Franz Valdez, responsable de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra (UBT) San Ignacio de Velasco, que también abarca a San Miguel y San Rafael, explicó que en la gestión 2011 se hizo una inspectoría en Romano, ya que en 2008, diez años después de beneficiarse con la concesión, debieron presentar la reformulación de su plan de manejo, cosa que no hicieron.

“La ABT entró y determinó que debía revocarse el derecho forestal. Debió ser muy negativo el informe, tenemos hasta la fecha cinco procesos administrativos contra la empresa Romano, por aprovechamiento ilegal, transporte ilegal, y también tenían un aserradero ahí, así que también hubo almacenamiento ilegal. Todos esos malos manejos se acumulan para que se concluya y se revoque el derecho de manejo, como dicta la resolución administrativa 153/2013”, detalló.

De las resoluciones de asentamiento se consultó a Eulogio Núñez, director nacional del INRA, que respondió que el tema de las concesiones forestales no es competencia del INRA, sino de la ABT.

Valdez explicó que para que el INRA entregue resoluciones de asentamiento se nutre también de la base de datos de la ABT, que muestra los derechos otorgados y revocados.

“Al no existir un derecho forestal ni nada que vulnere, tampoco hay un derecho de propiedad, por eso tal vez han comenzado a emitir resoluciones de asentamiento”, dijo, pero también reconoció que para entregar permisos de desmonte, la ABT también recurre a los datos del INRA.

“Vemos si su resolución de asentamiento es legal, la lista de beneficiarios, y que cumpla con todos los requisitos técnicos y legales, si se sobrepone con un manejo, y si el manejo está revocado”, describió.

Al estar revocado el derecho, hay una normativa, la resolución administrativa 02/2017 de la ABT, para revocar manejos forestales y que puedan autorizarse nuevos derechos, explicó Valdez.

Asimismo, confirmó que la ABT emitió 23 autorizaciones de PDM20, es decir para desmontar 460 ha, para las comunidades nuevas en mayo de 2020, así como también 1 PGMFp (Plan de Manejo Forestal en superficie menor a 200 hectáreas) de 169,98, en febrero de la gestión 2020.

Sin embargo, Valdez no mencionó que en agosto de 2019 se emitieron 11 permisos de desmonte PDM20 para una sola comunidad, Pantanal.

De la brecha de 60 km, Valdez dijo que el último aprovechamiento de Romano fue en 2009, y que por tanto todavía podrían notarse unas brechas. Sin embargo, la revisión satelital histórica mostró que es de reciente data, de agosto de 2021, durante la prohibición de las quemas y los desmontes.

Valdez aseguró que se impusieron algunas sanciones en la zona, sin detallar específicamente a qué actividades y a quiénes. Aseguró que la ABT está conformando una comisión para ingresar al área en cuestión.

La brecha de 60 km de la ex concesión Romano fue abierta en plena prohibición de desmonte de 2021

La ‘jugada’

Una de las grandes preocupaciones de la Cámara Forestal de Bolivia tiene que ver con la microcaracterización del PLUS, que podría abrirse para justificar cambios en el uso de la tierra.

“Hay un aspecto en la Ley INRA, que dice que pueden hacerse los estudios de microcaracterización. Desde mi punto de vista está la trampa”, alertó Ávila.

Para el gerente de la CFB, el problema es que el PLUS está hecho en una escala demasiado alta, mientras que el estudio de microcaracterización es in situ, mucho más perfecto.

Dijo que el 33% del territorio de Santa Cruz está declarado como de vocación forestal, y que la intención es achicarlo y disponer de mayor superficie de tierra, para conversión a uso agropecuario. “Para eso también fue el proyecto de ley de suelos”, afirmó.

Vadillo coincidió, cree que es lo que está haciendo la ABT en este momento, que los planes de ordenamiento predial, sin cambiar que un área siga siendo forestal, van a demostrar técnicamente que hay espacios donde no hay capacidad forestal y que por lo tanto ahí pueden hacer otra cosa, como ganadería, agricultura o lo que sea. “O sea, sin cambiar lo grande, van cambiando desde abajo”, aseveró.

Se consultó a Eulogio Núñez sobre las razones para autorizar asentamientos de comunidades agropecuarias en tierra forestal y con respecto al incumplimiento de la FES de parte de estas, pero ambas preguntas no fueron resueltas desde el INRA.

DATOS

NO ESTÁN EN LOS DATOS DEL INRA

Las 19 comunidades con resolución de asentamiento del INRA en el área de Romano no figuran en los datos oficiales del INRA, pero fueron informadas en reunión con Acisar. De las 78 nuevas comunidades autorizadas en todo el municipio de San Rafael, 13 son de la Cidob, 40 de la Csutcb, y 25 de Interculturales.

MEDIDA DE GARCÍA LINERA

El 6 de diciembre de 2010, Álvaro García Linera, presidente en ejercicio entonces, lanzó el Decreto Supremo 726, que en su artículo único cambiaba la figura de las concesiones sobre recursos naturales, que permanecían por 20 o 40 años, a las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), de más fácil disolución.