29 de octubre de 2021, 5:00 AM
29 de octubre de 2021, 5:00 AM


Como ningún misterio puede permanecer eternamente en la oscuridad, muy pronto se supo el motivo del radical giro de posición y el pedido de Evo Morales al Gobierno para procesar a la ex presidenta constitucional Jeanine Áñez por la vía ordinaria y no por el procedimiento que le corresponde en su condición de exmandataria, esto es, el juicio de responsabilidades. Es que el MAS no tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa, requisito exigido por ley para abrir un juicio de esa categoría.

En cambio, en la justicia ordinaria el MAS tiene a su obediente servicio a jueces, fiscales, magistrados y allí puede asegurarse una sentencia de 30 años sin derecho a indulto en menos de lo que cante un gallo contra la expresidenta.

Así, el partido gobernante tendrá el trofeo que busca para exhibir al país, como se muestra la cabeza degollada del vencido colgando de la mano del vencedor, para que nunca nadie más se atreva a asumir el poder, ni siquiera porque la Constitución lo manda, como ocurrió en este caso.

Inútiles resultaron todas las constataciones y evidencias del fraude electoral de 2019, de que ese año se produjeron varias renuncias en cadena de los mandos de entonces en el Ejecutivo y el Legislativo, y de que al final la sucesión llegó a manos de Jeanine Áñez, que por entonces se encontraba en Trinidad, lejos de cualquier movida para “tomar” el poder. Nada de eso interesa, igual “le están metiendo nomás”, los abogados ya están arreglando las cosas, que para eso están, como diría Morales.

Las formalidades son lo de menos en esta macabra historia. La Sala Cuarta en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz tomará la decisión el 5 de noviembre para encaminar el proceso a la vía ordinaria. El motivo del juicio es algo más que irrisorio: la acusan de nombrar a una gerente sin título profesional en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

En un país donde hay presidentes, senadores, diputados, ministros, viceministros, gerentes y directores sin título profesional, y en muchos casos incluso sin el título de bachiller en humanidades, se procesará a una exmandataria por un gerente sin título en una empresa irrelevante como EBA

En otras palabras, a Jeanine Áñez se la juzgará por haber nombrado, en uso de sus atribuciones de presidenta del país, a una gerenta sin título, pero el proceso será en la vía ordinaria. Es algo así como entender que una ciudadana común, sin ningún tipo de cargo, responsabilidad ni jerarquía, hubiese nombrado a una gerenta: nombró como presidenta, pero se la juzga como no presidenta.

Después, como simple rutina procedimental de esas que dominan los abogados, procuradores y funcionarios de la justicia, los demás procesos contra Áñez se agruparán bajo el mismo tribunal, en la justicia ordinaria. Si la decisión de juzgar a alguien desconociendo en tal o cual vía depende de la decisión política de un Gobierno y es operada por unos jueces alineados, no hay nada más por discutir: de aquí en más, todos los expresidentes podrán ser juzgados por la vía ordinaria tras el precedente que se dejará con ella.

Nadie quiere impunidad. Si la exmandataria cometió delitos en sus funciones, que se la juzgue. Pero que se lo haga sin manipular la justicia y sus operadores, sin desconocer el debido proceso, sin saltarse la Constitución y las leyes. Sensiblemente, nada de eso se está respetando en este caso porque a Evo Morales le interesa limpiar su imagen lo más pronto posible con sentencias a su medida, y así tener el camino allanado para su pretendido retorno formal al poder.

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