1 de noviembre de 2020, 5:00 AM
1 de noviembre de 2020, 5:00 AM

Caraparicito debe ser el diminutivo de un poblado de Alto Isoso, en el departamento de Santa Cruz, utilizado hace décadas por el ciudadano estadounidense Ronald Larsen para bautizar la que fuera su enorme y productiva hacienda. Quería que sus restos descansaran eternamente en una pequeña iglesia aledaña que mandó construir especialmente en 1992. Falleció en agosto pasado, en plena pandemia del coronavirus, sin que su deseo pudiera ser cumplido.

La periodista Silvana Vincenti registró detalladamente en El Deber una historia que era necesario conocer: La hacienda de los Larsen, en Caraparicito, está en ruinas, titula la nota. Casi no queda espacio habitable, es posible concluir. “En el segundo bloque, el de media docena de garzonier turísticos, habita otra familia que no estaba presente. La mayor parte de los espacios está inutilizada, le faltan paredes traseras, y uno de los cuartos se usa para depositar maíz. Atrás, un basural contrasta con el escenario rural. El tercer bloque es el más dañado, con el techo y las paredes en ruinas, y hormigueros en la galería”, describe Silvana.

El ‘gringo’ había llegado hace más de 40 años dispuesto a asentarse, invertir y hacer fortuna. En diciembre de 2010, el gobierno del cocalero Evo Morales dispuso la reversión de la hacienda en la que había ganado vacuno en grandes cantidades y extensas plantaciones de maíz. Información de la época refiere que Larsen había adquirido ilegalmente la tierra y que mantenía a indígenas guaraníes en condición de servidumbre, pongueaje y esclavitud. Él rechazó los cargos en su contra diciendo que había construido para sus empleados una escuela, una capilla y una casa para cada familia. Además se encargó de subvencionar su alimentación durante mucho tiempo.

Se sabe que Larsen recibió a balazos a una comisión gubernamental que intentó ingresar de madrugada a inspeccionar sus fundos que incluían una reserva forestal con fines turísticos. Fueron revertidos al Estado tras un prolongado proceso judicial y debían ser repartidos a los indígenas del lugar. “Hace 10 años, el predio privado de casi 15.000 hectáreas pasó a manos de los guaraníes, o eso se dijo, bajo el argumento de que se practicaba la servidumbre”. ¿Ustedes querían que le quiten las tierras?, preguntó Vincenti. “Fue el Gobierno. Nos llevábamos bien…No fuimos nosotros los responsables”, respondió la esposa del capitán o mburuvicha de la comunidad Caraparicito, Simón Olmos, cuando este se desmarcó de la conversación con la periodista. Un guaraní, Hugo, que fue monitor medioambiental de una empresa petrolera que opera en la zona y que con su familia ocupa parte de la infraestructura aún habitable de la hacienda, reveló que “nos usaron, no se trataba de los indígenas”.

La periodista recogió también el testimonio de André Larsen, uno de los descendientes de Ronald. “A los indígenas les dieron limosna, ni siquiera les guardo rencor porque los sometieron a un nivel de manipulación superior a su entendimiento; los comunarios no están al tanto de muchas cosas, además, hay muchos ‘paisanos’ que ni siquiera eran de la zona”, dijo dejando entrever la existencia de un ‘gran negociado’ en el tráfico de tierras y desmonte ilegal en la zona. Se especula que la explotación de petróleo y gas natural en el área constituyó el motivo real de la reversión del patrimonio de Larsen.

Por la razón que fuere, de la hacienda Caraparicito apenas queda el nombre. Fueron a parar al tacho de la basura, entre los escombros y el polvo de la hacienda, los sueños y el esfuerzo de toda una vida de un laborioso hombre que creyó que venir a invertir su dinero en Bolivia era una buena idea.



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