21 de marzo de 2021, 5:00 AM
21 de marzo de 2021, 5:00 AM


Si los bolivianos no hubieran sentido el golpe de los acontecimientos tal vez se les podría hacer creer que no hubo fraude electoral. Si la herida no fuera tan fresca, tal vez la ciudadanía ya habría olvidado que salió a las calles a bloquear con pititas pidiendo segunda vuelta primero, después nueva elección y, finalmente, la renuncia del presidente Evo Morales. Si los bolivianos no hubieran sido protagonistas, quizás podrían creer que lo que hubo fue un golpe de estado. Pero los hechos fueron como fueron, aunque ahora se los pretenda distorsionar para descabezar a los opositores.

Si no había dudas acerca de la manipulación de los resultados electorales, ¿por qué el gobierno de Evo Morales convocó a los peritos de la Organización de Estados Americanos para que realicen una auditoría y se comprometió a que los resultados fueran vinculantes? ¿Por qué al saberse el contenido del informe de los auditores, Evo Morales dio una conferencia de prensa para ofrecer nuevas elecciones con nuevos vocales electorales? Es más, ¿Por qué nadie pudo explicar cómo es que había servidores ajenos al sistema electoral desde donde se introducían resultados alterando la tendencia y haciendo que el MAS supuestamente gane en primera vuelta?

En la nueva versión del MAS y del señor Evo Morales, lo que hubo en noviembre de 2019 fue un golpe de estado. Pero sobre esta versión también hay preguntas sin responder. Si bien es cierto que el Alto Mando Militar le sugirió que renuncie a la Presidencia, ¿por qué no dice que también se lo pidió el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (institución que forma parte del Conalcam) y que la defensora del pueblo escribió en Twitter con la misma demanda? ¿Por qué no le dice al mundo que el país llevaba un inédito paro nacional de 21 días que pedía que Morales deje el poder?

Pero hay más. Cuando Jeanine Áñez asumió la Presidencia, una de las primeras leyes promulgadas por ella fue la que aprobó la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa convocando a elecciones nacionales en el plazo de tres meses; otra norma acordada en el Legislativo fue aquella que viabilizaba la elección de nuevos vocales electorales; una tercera fue la de prórroga de mandato, no solo para Jeanine Áñez, también para cada senador y cada diputado en ejercicio (la mayoría del MAS).

Y, finalmente, cómo es que ahora se cambia el discurso cuando en plena campaña electoral el entonces candidato del MAS, Luis Arce Catacora, decía que Jeanine Áñez era una “presidenta transitoria constitucional”, mientras que ahora sus ministros y allegados aseguran que gobernó producto de un golpe.

Los hechos están grabados en la memoria de la gente y decirles a los ciudadanos que lo que creen no es cierto termina siendo un insulto a la inteligencia. Las reacciones son evidentes, manifestaciones y cabildos están clamando porque acabe la persecución. La comunidad internacional tampoco se cree las versiones y en este momento son más los pedidos de respeto a los derechos humanos y al debido proceso que los apoyos al MAS, al Gobierno de Luis Arce o a la figura de Evo Morales.

El Gobierno nacional dice por un lado que no quiere venganza, pero por otro acusa y hasta vulnera los derechos de los perseguidos. Los ministros portavoces cuentan una historia que solo parecen creer ellos.

Por todo lo anterior, es vital recordar de la manera más objetiva posible. Hay evidencias claras de que hubo fraude y ante el vacío de poder que dejaron los gobernantes que renunciaron se posesionó a una presidenta que tuvo apoyo del Tribunal Constitucional. Si ella gobernó bien o mal habrá que juzgarlo, pero apegados a las normas y sin abuso de poder.

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