27 de enero de 2023, 4:00 AM
27 de enero de 2023, 4:00 AM

Un inédito cabildo nacional dejó demandas claras para el Estado boliviano. En todas las ciudades capitales y algunas intermedias se demandó reforma judicial, mediante la suma de firmas que permitan llamar a un referéndum para abrir la Constitución e implementar cuatro cambios esenciales. Los cabildos exigen una amnistía general para más de 180 presos políticos en el país.

Si el presidente hace caso omiso a esta solicitud, se decidió impulsar un referéndum revocatorio del mandato de Luis Arce Catacora.

Cívicos y plataformas ciudadanas convocaron a miles de bolivianos en esta protesta, que no pudo ser frenada a pesar de las amenazas y agresiones de parte de grupos de choque del oficialismo en algunas regiones. La voz de una parte importante de Bolivia se hizo escuchar aprobando las preguntas de estos cabildos. Es esa voz la que el Gobierno nacional no quiere escuchar cuando el primer mandatario dice que “la derecha quiere levantar cabeza” y proclama que solo él y sus afines tienen autoridad para hablar de democracia.

La democracia es un sistema de Gobierno que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y fiscalizar a sus gobernantes. Si bien es cierto que el primer mandatario ganó las elecciones de 2020 con amplia mayoría, esto no da carta blanca para ignorar a los bolivianos que no votaron por él o a los que –decepcionados- ven rasgos de autoritarismo en el Gobierno con los que no están de acuerdo. La protesta es un derecho, pero en Bolivia se la criminaliza y descalifica etiquetándola de “derechista” o “golpista”.

El Gobierno debería escuchar a los cientos de miles de bolivianos que se reunieron en los cabildos de cada departamento. Si esas convocatorias tienen éxito es porque algo no está funcionando bien y es el mandatario quien tiene la llave para resolver los problemas y atender las demandas. Creer que toda protesta encierra un afán desestabilizador es no poder salir del delirio de persecución y negar el derecho que tiene todo ser humano a estar en desacuerdo, peor aún si hay persecución cuando se expresa una mirada diferente a la oficial.

El cabildo cruceño fue multitudinario, como ya es habitual en esta capital. La iniciativa de hacer estas concentraciones salió de este departamento y las resoluciones también tienen repercusiones a escala nacional. Esto expone otra vez que la batuta ciudadana se lleva desde Santa Cruz. No obstante, los discursos también pusieron en evidencia un quiebre regional que no le hace nada bien a ese liderazgo.

La fractura está instalada en la Gobernación cruceña. Luis Fernando Camacho aprovechó el cabildo y obtuvo aval para gobernar desde el penal de Chonchocoro, además de ratificar su denuncia de que el MAS quiere apoderarse de la institución con ayuda de algunos cruceños, lo cual es lamentable, porque la coordinación entre gobernador y vicegobernador (ambos elegidos por el voto popular) debería ser natural y fluida.

Si una parte del discurso del presidente cívico cuestionó la multiplicidad de candidaturas presidenciales en 2020 y pidió una candidatura única de oposición, lo lógico es que haya coherencia en la dirigencia regional, que el foco puesto en el interés de Santa Cruz y de Bolivia prevalezca frente a los intereses sectoriales que generan la actual fractura regional.

El cabildo nacional hizo escuchar su voz. En esta ocasión, representantes de la CIDH estuvieron en Bolivia y también oyeron el clamor de bolivianos que no son tomados en cuenta por el Estado. Que todo sirva para impulsar una convivencia armónica, con justicia verdadera, sin presos políticos y con acuerdos para encaminarse a un futuro más esperanzador.

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