La vulneración a los derechos humanos de Camacho

500 días. Una cifra que pesa sobre la espalda de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, quien desde su detención el 28 de diciembre de 2022, permanece privado de libertad en el centro penitenciario de Chonchocoro. Un encierro que, lejos de ser una simple medida cautelar, se ha convertido en un escenario de constantes denuncias por la vulneración de sus derechos humanos.

Las acusaciones contra el director del penal, Marco Gonzales, por parte del abogado del gobernador, Martín Camacho, son alarmantes. La imposición de una ‘lista maliciosa’ de visitas, que viola el artículo 103 de la Ley 2298, restringe severamente el derecho a la comunicación del detenido. Nombres repetidos y escritos con mala ortografía, según el jurista, parecen tener el único objetivo de impedir el contacto de Camacho con el exterior.

Esta restricción a la comunicación se suma a otras graves vulneraciones. Su celda permanece cerrada con candado desde afuera, y las visitas familiares son sometidas a constantes hostigamientos en horas de la madrugada. El acceso limitado a la luz solar, apenas una hora al día, y el aislamiento casi total, que lo mantiene alejado de otros reclusos, configuran un panorama de “tortura blanca”, como lo describe Alejandra Serrate, exdirectora general de la Gobernación, quien ha sido testigo de las condiciones inhumanas en las que se encuentra la autoridad cruceña.

Las restricciones no solo afectan la salud física y mental de la primera autoridad de Santa Cruz, sino que también buscan silenciarlo, ahogar su voz y quebrantar su espíritu. Pero él resiste, según sus allegados.

La salud de Camacho tampoco escapa a las penurias. La negativa del director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, a remitir los resultados de exámenes médicos complementarios, realizados el 6 de septiembre de 2023, despierta sospechas. ¿Qué se esconde tras esa negativa? El propio abogado del gobernador lo intuye y cree que se está escondiendo la información con la única finalidad de que sea tergiversada ¿Cómo se puede entender que no se conozcan los informes luego de ocho meses?

La situación de Luis Fernando Camacho es un reflejo del preocupante estado de los derechos humanos en Bolivia. Un caso que no solo involucra a un individuo, sino que simboliza la lucha por la libertad, la justicia y el respeto a las garantías fundamentales en un país donde estas parecen estar en constante riesgo.

Es urgente que las autoridades competentes actúen de inmediato para poner fin a las vulneraciones que sufre Camacho, pero conociendo cómo se trata a los opositores en Bolivia, las esperanzas se disipan. No solo se trata de garantizar sus derechos como ciudadano, sino también de enviar un mensaje claro de que en Bolivia la ley y el respeto a la dignidad humana deben prevalecer.

Este caso no solo es una flagrante violación a los derechos humanos de un individuo, sino que también representa un ataque a la democracia y el estado de derecho en Bolivia.

Los 500 días de privación de libertad de Luis Fernando Camacho no pueden quedar impunes. La comunidad internacional debe estar atenta a este caso y exigir el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. La lucha por la libertad de Camacho es también la lucha por la libertad de todos los presos políticos bolivianos.