25 de abril de 2021, 6:53 AM
25 de abril de 2021, 6:53 AM


La justicia boliviana actúa diligente, obediente y rápida cuando se trata de causas y persecuciones políticas impulsadas por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo, pero para los procesos no políticos que son de interés de los ciudadanos, prácticamente no existe, quizá porque en esos casos no hay incentivos económicos ni favores que cobrar.

Así ocurre, entre muchos otros casos, con las víctimas de la tragedia del avión de LaMia que hace cerca de cinco años se estrelló antes de llegar a Medellín porque la nave se quedó sin combustible en el aire. Esta semana se conoció que existe una demanda de indemnización que estaría siendo considerada en un Tribunal del Condado de Miami, Estados Unidos.

La expectativa de los demandantes, familiares de 43 víctimas del equipo de fútbol Chapecoense de Brasil a la que se adhirieron seis representantes de los fallecidos que trabajaban en la empresa boliviana LaMia, es de 880 millones de dólares.

En la tragedia murieron 71 personas, y seis sobrevivieron. Se sabe que no todas las víctimas hicieron presencia legal en el proceso, entre ellos los familiares de los pilotos Fernando Goytia y Micky Quiroga.

La parte demandada está conformada por la Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación, LaMia Corporation SRL de Bolivia, Kite Air Corporation, Marco Antonio Rocha Venegas, exgerente de operaciones de LaMia, el ex senador venezolano Ricardo Albacete Vidal y otros.

Pero mientras eso ocurrió en Estados Unidos, en Bolivia la justicia se aplazó en el tratamiento de esta tragedia que llamó la atención del mundo entero. El único avance que se produjo es la activación de una acusación penal contra tres personas de bajo rango en responsabilidades, Marco Antonio Rocha, refugiado en Miami, el general Gustavo Vargas y Celia Castedo, esta última exfuncionaria de Aasana, refugiada en Brasil.

Esa es la justicia del país que permite operaciones irregulares de empresas aéreas y despacha aviones sin combustible suficiente para llegar a destino. Ni siquiera los gobiernos de Evo Morales en sus tres últimos años, Jeanine Áñez en un año de transición, ni el de Luis Arce en los cinco meses que lleva han movido un dedo para impulsar acciones oportunas en búsqueda de un proceso correcto contra los responsables de una tragedia que colocó al país en el centro de la vergüenza internacional por sus procedimientos ilegales e irresponsables en la administración de la aviación comercial.

Con esa dejadez e indiferencia, no habrá ni justicia para los familiares de los que murieron cuando el avión se cayó cuando sus motores dejaron de funcionar, ni contra los responsables que autorizaron la operación de la empresa LaMia, envuelta en una completa trama de irregularidades hasta ahora no esclarecidas.

La línea aérea figuraba como boliviana, el avión partió de Bolivia, la autorización del plan de vuelo se hizo en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, con esos tres elementos el país tiene que considerarse como el principal responsable de la investigación de la tragedia. Es inconcebible que cinco años después no existan suficientes avances. No hacerlo será una nueva prueba de la crisis sin fondo de la justicia boliviana y el prestigio del país estará una vez más en entredicho.

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