Larach toma la posta del Comité con la agenda del revocatorio

Fernando Larach tomó la posta en el Comité pro Santa Cruz y asumió el reto de “enamorar a Bolivia” con una propuesta de desarrollo regional que beneficie al país. Para ello, prevé alianzas con organizaciones sociales y cívicas, pero sin perder de vista la resolución del cabildo del 25 de enero que pidió a los dirigentes cívicos tramitar el revocatorio de mandato del presidente Luis Arce, en caso de no decretar una amnistía en favor de los casi 200 “presos políticos”, identificados por su institución. 

El cabildo de enero, el tercero que se convocó en menos cinco meses, otorgó a Arce un plazo de 30 días para declarar la amnistía. 

Vencido ese tiempo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada,
descartó que el Gobierno genere una normativa para atender el reclamo y, ante ello, la opositora Creemos, promoverá una ley que las dos facciones del MAS -la evista y renovadora- rechazaron considerar. Además, desde la asamblea Departamental de Santa Cruz se plantea un ajuste en la agenda para incorporar el debate nacional de un nuevo padrón electoral. 

Este es complejo clima con el que Larach comenzó su gestión que se prolongará hasta 2025. “No creo que la mayoría de la población quiera otro conflicto. Pero es más importante tender puentes con los otros departamentos para enamorar al país con nuestra propuesta”, afirmó el dirigente cívico.

“Tenemos un mandato del cabildo y eso no se discute, se acata. Estamos para hacerlo cumplir”,  aseguró Larach. Eso sí, anticipó que no se deben cortar los canales de diálogo con el Gobierno para tratar su agenda.

“Necesitamos hablar del pacto fiscal; del padrón electoral, de la reforma a la justicia. Además, y, sobre todo, tenemos un mandato claro que dio el cabildo de noviembre y que nos manda a revisar la relación del departamento de Santa Cruz con el Estado”, dijo.

Respecto a esta agenda, afirmó que es un proceso de largo plazo en el que existe un grupo de expertos que trabaja “sin presión” en la formulación de las propuestas. Admitió la posibilidad de impulsar un proceso constituyente, pero para eso, insistió, “hay que enamorar a Bolivia” sobre la necesidad de tener un país realmente autonómico, “con recursos en las regiones para atender las necesidades de ciudadanos que habitan en las regiones más alejadas y menos atendidas”.

El portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, afirmó que el Gobierno está atento a lo que pueda hacer Larach desde este lunes.

“Tenemos expectativas sobre cuál será la conducta del señor Larach, que sea un hombre con vocación de diálogo antes que dé muestras violentas y exacerbadas como hizo (Rómulo) Calvo”, el presidente del Comité, cuya gestión concluyó formalmente el sábado.

Sobre el revocatorio, Richter afirmó que, según el Artículo 242 de la Constitución, “hay que fundamentar las razones del revocatorio y construir informes”.

En ese marco, dijo que “aún no se conocen” los argumentos para  revocar a Arce. El artículo citado por el funcionario hace referencia a la prerrogativa del control social.

Pero la propuesta de revocar a Arce no atrajo tampoco a los evistas, que tienen varias observaciones a la gestión de Gobierno con miras al próximo proceso electoral nacional de 2025 y las elecciones primarias del próximo año. El senador Leonardo Loza (MAS) adelantó que “no habrá revocatorio ni de este lado (evistas) ni del otro, el de la derecha. Hemos elegido a un presidente por cinco años, seamos democráticos y respetemos el voto”, remarcó el legislador.

El vicepresidente David Choquehuanca, en un acto con dirigentes campesinos de Cochabamba, apoyó a Arce sin perder de vista la crisis interna en el MAS.

“Gracias a este pueblo, nuestro hermano Luis está ahí, aunque otros lo quieren bajar; quieren revocatorio. No se dan cuenta que aquellos que lo quieren bajar están yendo contra todo un pueblo.

 ¡Basta de pelearnos entre nosotros! Eso es lo que quiere el colonialismo y nuestro proceso se llama de descolonización”, afirmó.

El abogado Vladimir Peña, exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz en la gestión de Rubén Costas, cuestionó la forma en la que se “instrumentalizó” la justicia para perseguir a líderes de la oposición.

 Señaló así que la violenta aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, recluido en Chonchocoro desde el 30 de diciembre, es la más emblemática.

 Consideró que se dio en un momento en el que Arce optó por “la pelea interna”. “Ha sido una señal dirigida a Evo Morales porque va a la conquista de toda la base del MAS”, apuntó y pidió tomar nota de los detalles que se dieron con la detención de Camacho. “Lo detuvieron con violencia, en Santa Cruz, lo pasearon por Chapare y fue recluido en Chonchocoro, cerca de Senkata, hay toda una simbología. Arce no quiere controlar la Gobernación, sino conquistar a las bases de su partido”, apuntó.


“Mea culpa”
La asambleísta Paola Aguirre (Creemos), una líder regional próxima a Camacho, consideró que la decisión de proyectar el revocatorio debía haber sido planificada de mejor manera. Señaló que hay temas pendientes que requieren atención urgente antes de proyectar este difícil proceso.

“Debemos reconocer, y esto como un mea culpa, no ha existido coordinación institucional para abordar un tema fundamental que es el padrón electoral.

De nada sirve ir a elecciones o referéndum si el MAS tiene un fraude garantizado a su favor. Antes de pedir revocatorio, lo que se debe abordar, con extrema urgencia, es  el tema del padrón electoral. Eso no lo va a hacer la Asamblea Departamental, necesitamos alianzas interinstitucionales”, señaló.

El senador Henry Montero (Creemos) anunció, por su lado, que presentará un proyecto de ley de amnistía que ingresará por la Cámara de Diputados. “Está sujeto a un análisis jurídico para ver el alcance de esta normativa”, precisó y recordó que en 2021 el MAS aprobó una amnistía para “librar de culpa” a sus seguidores. “Hay responsabilidades del partido de gobierno en la crisis de 2019 que aún no se investigan”, añadió.

La solicitud para revocar el mandato del presidente requiere de casi dos millones de firmas o el 25% del padrón nacional, según la Ley 026. Además, se requiere más adhesiones que las que tuvo al ser elegido; es decir el 55% de votos.

CALVO DEJÓ LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ CON 23 PROCESOS; PIDE QUE SEA EL PUEBLO QUE LO EVALÚE

Rómulo Calvo dejó la presidencia del Comité pro Santa Cruz tras dos años intensos de gestión y fuertes
tensiones con el Gobierno. También
enfrentó críticas internas, especialmente cuando se levantaron los dos paros indefinidos que se dieron en Santa Cruz. “Ha sido una gestión por la defensa de la democracia”, señaló el cívico, quien dejó “la evaluación final para el pueblo”.


Según sus abogados, Calvo concluyó la gestión con 23 procesos legales en su contra. Este 8 de marzo asumirá defensa en un juicio por el “ultraje” de símbolos patrios. 

Por su lado, Calvo enfatizó que “no hay solvencia en este proceso”, puesto que, supuestamente se lo acusa de decir que la wiphala es un “trapo” que no lo representa y solicitar que se quite del mástil de la plaza 24 de Septiembre durante los actos de la efeméride departa
mental en 2021, cuando afirma que
él no estuvo presente en ese acto.

“El éxito que hemos tenido en muchas oportunidades, en la abrogación de la ley 1386, el haber podido sacar una ley para el censo que nos va a dar, supuestamente, la garantía para tener unos resultados que nos sirvan para unas
elecciones con una cartografía electoral actualizada. Todo eso ha sido un trabajo que lo hemos logrado entre todos los bolivianos. Hemos marcado una tarea que viene de un cabildo. Tenemos que ver una nueva relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. Hemos pedido amnistía. Hay muchas cosas que hemos dejado encaminadas”, dijo.

El vocero de la presidencia, Jorge Richter, descalificó la gestión de Calvo, pues señaló que “alentó la violencia”. “Habrá que ver el papel que jugará como actor político”